31 Marzo - 2017

Venezuela pasó de la dictadura de facto a una más real

La única salida de nuestros hermanos venezolanos es una insurrección civil para que se vaya del poder el señor Maduro, responsable de la debacle, pobreza, miseria, desempleo y todos los lastres que generan los malos o pésimos gobiernos.

Venezuela, ¿un callejón sin salida?
 
El Mundo
 
31 Mar 2017 - 12:13 AM
 
Juan David Torres Duarte
Con la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional queda anulada y sus diputados a merced de una justicia cuya independencia es dudosa. La oposición ve dos caminos: la activación de la Carta Democrática en la OEA o una alianza civil para sacar a Maduro.
 
 
Es una paradoja fabulosa: el gobierno de Chávez y su continuación (y casi exacerbación) en la presidencia de Nicolás Maduro, aunque tiene la apariencia de un régimen de dictadura, ha abrazado la legislación para sobrevivir. Una muestra certera es la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el miércoles en la noche, en la que ese organismo se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional (AN). En palabras más claras, el TSJ, que en el papel funciona como el encargado de velar por la buena interpretación de la Constitución, se arrogará ahora la capacidad de crear leyes y estatutos para modificar esa misma constitución. De los tres poderes en el país será dos, y todo ello con la certeza casi definitiva de que el TSJ está controlado por el chavismo desde sus raíces.
 
El TSJ está conformado por 32 jueces titulares, divididos en seis salas. La gran mayoría de los magistrados han sido designados por el gobierno desde 1999. La designación más reciente ocurrió a mediados de diciembre de 2015, cuando Maduro nombró a 13 jueces titulares y a 21 suplentes, pocas semanas después de que hubiera perdido la mayoría en la AN. Por eso, la designación fue interpretada como una treta para anticiparse a los roces que habría, sin ninguna duda, con un Parlamento dominado en dos terceras partes por la oposición. Maduro, sin embargo, no acudió a ninguna argucia que superara la ley: se mantuvo en su papel constitucional y los nombró con toda autoridad.
 
Fue entonces cuando comenzó la conformación del TSJ como un órgano legislativo. La oposición entró al Parlamento con una pila de proyectos basados en una esperanza incipiente: la amnistía a los presos políticos, la conformación de un estado de emergencia para paliar la crisis de alimentos y medicinas. Pero en las primeras semanas de su mandato quedó claro que nada de aquello sucedería. En la primera semana de enero del año pasado, el TSJ declaró a la AN en desacato porque la elección de tres de los diputados que tomaron su escaño en la nueva legislatura había sido objetada por el chavismo y había resultado inválida. En ese sentido, y por mandato constitucional (de nuevo: la legalidad ante todo), el tribunal mayor tuvo el poder para anular las capacidades del Parlamento y anular sus acciones.
 
Todo cuanto siguió, entonces, es una réplica del absurdo: cada proyecto que el Parlamento aprobaba, era refutado, denegado y destruido por el TSJ. La primera ley que frenó fue la amnistía de presos políticos, con la que la AN buscaba la liberación de, entre otros, Leopoldo López. La TSJ la declaró anticonstitucional. Luego el plan de Emergencia Económica, impulsado por el diputado Henry Ramos Allup, líder de la oposición, tuvo la misma suerte lúgubre: la TSJ lo declaró inconstitucional. Cuando el Parlamento intentó nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, su intención se desinfló de antemano porque se rumoraba que serían anulados por el TSJ. En ese sentido, mucho antes de la sentencia de este miércoles, la AN carecía de un poder real. Al menos 24 sentencias fueron dedicadas a asfixiar proyectos parlamentarios.
 
De modo que el TSJ ya estaba actuando como el órgano que controlaba y dictaba el curso de las leyes. De hecho, además del muro legal en que se constituyó para los proyectos formulados por la oposición desde el Parlamento, el TSJ tuvo la potestad, en octubre pasado, de tramitar el presupuesto nacional, una función que corresponde de manera exclusiva a la AN. Por ese entonces, el tribunal desenvainó un argumento similar al de esta ocasión: puesto que la AN se encuentra en desacato (por sentencia de ese mismo tribunal), el trabajo de tramitar el presupuesto le corresponderá al TSJ. Desde ese momento, el tribunal ya se había otorgado, por vía legal, las funciones del Parlamento.
 
Existen, sin embargo, dos singularidades en esta ocasión. Por un lado, se hace oficial el traspaso de poderes del Parlamento al TSJ. Ahora existe un precedente legal que, de seguro, el chavismo utilizará en caso de que, como han sugerido algunos opositores, se invoquen dos artículos de la Constitución (el 333 y el 350) para sustentar el desconocimiento plano y directo del Gobierno en pie. Por otro lado, la sentencia está antecedida por otra que se pergeñó el martes: el TSJ arrebató la inmunidad parlamentaria a los diputados de la AN.
 
La inmunidad permite una protección judicial especial a todos los diputados. Quitársela significa, pues, abrigar la posibilidad de que sean demandados, en un caso hipotético, por difamación (los discursos del opositor Julio Borges, las afirmaciones virulentas del líder opositor Henry Ramos Allup contra Maduro, por ejemplo, califican en esa categoría), y de ese modo serían juzgados por la justicia ordinaria, cuya independencia está en duda.
 
El Parlamento queda anulado. El TSJ podrá legislar, proponer enmiendas y reformas, decretar amnistías, autorizar la enajenación de bienes privados, nombrar al procurador general, aprobar tratados internacionales y permitir nuevos créditos para el presupuesto. Su ascenso como fuerza legislativa es el producto cerrado de una tendencia general del chavismo a recurrir a los tribunales para salvarse en los peores tiempos. Fue así como tres jueces municipales aprobaron el estudio de tres demandas que pedían la anulación de la convocatoria para revocar a Maduro. Al aceptarlas, la convocatoria tuvo que ser suspendida (con la autorización del Consejo Nacional Electoral, cuya mayoría de miembros fue nombrada por el chavismo) y el oficialismo se salvó de un posible llamado a nuevas elecciones.
 
La vía legal, que ha sido favorable al chavismo, ha sido en contraste por completo inútil para la oposición. El diálogo entre ambas facciones, con la intermediación del Vaticano, podría ser interpretado hoy como una suerte de prórroga de la letra muerta. En vista de ello, la oposición se inclina cada vez más por una alianza civil que fuerce la salida de Maduro. Si antes pensaban que la legalidad era el camino por seguir, hoy una buena parte de la MUD y de los partidos de oposición están convencidos de que ningún artículo constitucional les permitirá el placer vedado.
 
Denominar dictadura al gobierno de Maduro, como lo hizo Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, es la primera advertencia de un posible caos político y social. “Es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura —dijo Guevara—, que requiere de todos nosotros para iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia democrática”. La activación de la Carta Democrática es un segundo método, en el que insiste la opositora María Corina Machado y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Las reticencias ante un acto tan severo, a causa del cual Venezuela quedaría aislado y podría recibir sanciones económicas, campean entre los miembros de ese organismo.