06 Mayo - 2020

Señor Alcalde, José Manuel Ríos, ¡así no es!

Dice el veedor de Control Quindío, abogado Álvaro Mejía Mejía, reveló a colombiaparatodos.net que se pronunció mediante comunicado de prensa ratificándose en todos y cada uno de los aspectos que en términos de auditoría constituyen presuntos hallazgos disciplinarios, fiscales y penales del alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales, en el asunto de las obras sin ejecutar, paralizadas, con dineros de la valorización.

El alcalde se pronunció
 
Por Álvaro Mejía Mejía
 
El alcalde parece que no se leyó el informe, porque hace unos comentarios que se salen de su contenido. Eso se evidencia, cuando afirma que no es posible declarar la caducidad, porque el contrato está terminado. Señor alcalde, lo que la veeduría dijo fue que, en la audiencia de debido proceso sancionatorio contractual, adelantada por el municipio contra el contratista, se evidenció que el verdadero interés del ente territorial era que se hicieran cesiones de posición contractual, por la situación de inhabilidad sobreviniente de dos de los integrantes de la unión temporal, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.
 
El proceso se dilató a la espera de que se produjeran dichas cesiones, cuando lo procedente era declarar la caducidad, porque existían razones suficientes que tipificaban la figura establecida en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
 
Cuando se determinó que no era viable la cesión, entonces, el municipio propició, en el marco de esa audiencia sancionatoria, que se hiciera una “negociación” con el contratista, consistente en su renuncia voluntaria del contrato. No se entiende, porque se utilizó el procedimiento sancionatorio para este fin, cuando esa circunstancia impediría la declaratoria de la caducidad y complicaría la posibilidad de hacer efectivas las garantías de manera constitutiva.
 
Todo ello, se evidencia en las actas y audios que están publicados en el Secop. Este procedimiento lo efectuó la administración del señor Castellanos.
 
Dicho lo anterior, no resulta lógica la respuesta del alcalde, porque la veeduría, claramente, señaló que, ante la renuncia del contrato, ya no era procedente declarar la caducidad.
 
En un segundo aspecto, el alcalde dice que se está haciendo lo pertinente para declarar el incumplimiento del contrato Nro. 031 de 2015, que corresponde a las obras de valorización. Eso no es cierto. No resulta entendible que, después de más de dos años de parálisis de las obras de dicho contrato, la administración, esta y las anteriores, no hayan sido capaces de declarar un incumplimiento y de hacer efectivas las garantías.
 
El informe hace las siguientes observaciones a la gestión de esta administración: “La citación se hizo el 19 de octubre de 2018. La audiencia se inició y tuvo varias suspensiones. El 28 de enero de 2020, se efectuó una nueva suspensión para la lectura de la decisión, pero no se fijó fecha para su reinicio, como lo ordena el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
 
Posteriormente, se suspendió el procedimiento sancionatorio contractual por el Decreto municipal Nro. 161 de 2020, lo cual resulta inconveniente, toda vez que es urgente adoptar la decisión para poder hacer efectiva la garantía. Si bien, el Decreto Legislativo 440 de abril de 2020 expedido por el gobierno nacional, permite estas suspensiones, también la norma autoriza realizarlas de manera virtual, que era lo procedente en este caso.
 
Tampoco se entiende porque este procedimiento solo se orienta a hacer efectiva la póliza de manejo del anticipo, cuando los perjuicios son mucho mayores (daño emergente y lucro cesante), y están amparados por otras garantías de la póliza única de cumplimiento.
 
También señala el alcalde, como gran logro, la recuperación de una suma superior a los mil trecientos millones de pesos de la garantía de manejo del anticipo del contrato Nro. 012. Aclaramos que el informe de la Veeduría solo se refirió al contrato 031 de 2015, por lo que no nos pronunciamos sobre un aspecto que no fue auditado por nosotros. Sin embargo, no se entiende porque, en un procedimiento contractual de incumplimiento, solo se hace efectiva la garantía de manejo del anticipo, cuando resulta evidente que hay otros perjuicios causados por dicho incumplimiento.
 
Por último, indicó el alcalde que no podía hacer nada para proteger el material que se encuentra a sol y al agua hace más de 3 años y medio, porque es necesario esperar unas decisiones judiciales. En este punto, el burgomaestre incurre en apreciaciones erradas. No se entiende qué clase de proceso judicial pueden impedir que se adopten las medidas de protección de los recursos públicos frente a un contrato terminado. Cabría preguntarse, si un proceso se tarda años (5, 6 o 10), como es lo usual en la jurisdicción contenciosa, ¿entonces se debe permitir la pérdida de todo ese material? Eso no es aceptable ni jurídica ni técnicamente.
 
El contrato Nro. 031 del 2015 se encuentra terminado por renuncia del contratista, debidamente aceptada por la entidad estatal contratante. Si el contratista se niega a efectuar la entrega formal de las obras, lo recomendable sería que, con citación y audiencia de la interventoría, la supervisión, el garante y los organismos de control se proceda a efectuar un levantamiento de lo ejecutado por el contratista y de su estado actual, así como a inventariar los materiales dejados en obra.
 
También sería adecuado que se designara un perito externo, preferiblemente institucional, para que determine lo ejecutado por el contratista con su porcentaje, el estado actual de las obras y de sus materiales, el cálculo de los perjuicios causados al municipio y el costo para la terminación de las obras, entre otros aspectos. Si esto no se ha realizado, no se entiende cómo se pueden adelantar procesos sancionatorios; cómo se podría liquidar el contrato; y cómo se pueden adoptar decisiones sobre la continuidad o no de las mismas. Sobre todos estos aspectos deberá dar respuesta el señor alcalde la ciudad de Armenia.
 
Se trata de que se adopten medidas de mantenimiento y conservación de urgencia con miras a preservar los bienes públicos. En ese orden de ideas, lo que afirma el alcalde resulta inaceptable.
 
Cabe preguntarse, ¿cómo el alcalde anuncia que reiniciaría 3 obras de valorización, cuando no tiene claridad sobre el estado actual de los contratos y de las obras? Mi impresión es que el alcalde no sabe para donde debe ir el barco ni tiene los grumetes para llevarlo a buen puerto.