24 Mayo - 2018

Quindianos presionan para que la Procuraduría avance en la investigación contra el secretario del Interior, Héctor Marín

Una vez conocida esta investigación preliminar de la Procuraduría por unas presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo entre la gobernación del Quindío y la Empresa para Seguridad Urbana, ESU, nuestros lectores colapsaron nuestro correo para exigir que avance rápido esta ía, que no pase como en uno de tantos procesos contra Sandra Paola, en uno de ellos hubo un fallo de inhabilidad por 11 años y destitución del cargo como gobernadora dos años después de haber concluido su período constitucional.

Fallos tardíos
 
Hace poco La Procuraduría Segunda Delegada para La Contratación estatal falló en segunda y última instancia contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio y contra uno de los gobernadores encargados, actual director general de la CRQ, John James Fernández López, destitución para los dos, pero ninguno de los dos ocupaban ese cargo, Sandra Paola ya había concluido su perído el 31 de diciembre del año 2015, John James mucho antes porque había estado encargado de la gobernación, igual el abogado Julio Ernesto Ospina Gómez, quien fue el mejor librado con el fallo de esta ía.
 
Sandra fue destituida e inhabilitada por 11 años para ejercer cargos públicos, nadie explica por qué motivo sigue en el cargo como director general de la CRQ John James Fernández López y menos que no haya nombrado todavía en propiedad el reemplazo el incapaz e inútil mandatario seccional, exprealdo Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien trata sí de llevar allí al jurídico de la secretaría de Agricultura, pero está inhabilitado porque además tiene a su señora madre trabajando en la Corporación Autónoma regional del Quindío, CRQ. 
 
Debería irse mientras son investigados Luz Elena Mejía Cardona y Héctor Marín, secretario del Interior
 
A la señora Luz Elena Mejía Cardona, secretaria de Hacienda del departamento del Quindío, debería separarla de ese cargo el gobernador Carlos Eduardo mientras dura el proceso de investigación por el escándalo de la valorización y el señor Héctor Alberton Marín por este proceso investigativo que se acaba de iniciar por unas presuntas  irregularidades en la celebración del contrato interadministrativo 032 de 2017, el cual fue suscrito entre la gobernación del Quindío y la Empresa de Seguridad Urbana, ESU, cuyo objetivo era la adquisición e instalación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, Sies, y la línea 123. 
 
Región / Mayo 22 de 2018 
 
Procuraduría abrió indagación preliminar a Héctor Alberto Marín
 
La entidad investiga presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo entre la gobernación del Quindío y la Empresa para Seguridad Urbana, ESU.
 
Procuraduría abrió indagación preliminar a Héctor Alberto Marín
El pasado 2 de mayo, el secretario del Interior, Héctor Marín, entregó el Sies a cinco municipios.
 
La Procuraduría General de la Nación, PGN, abrió indagación preliminar en contra del secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos.
 
Según el ente de control, el inicio de la investigación pretende establecer si hubo irregularidades en la celebración del contrato interadministrativo 032 de 2017, el cual fue suscrito entre la gobernación del Quindío y la Empresa de Seguridad Urbana, ESU, el cual tenía como objetivo la adquisición e instalación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, Sies, y la línea 123. 
 
 
La denuncia
La denuncia fue interpuesta por el excandidato al Senado de la República, Jaime Alberto Martínez Vélez, quien afirmó que dicho convenio presenta varias irregularidades.
 
“El 4 de septiembre de 2017, la gobernación suscribió un contrato interadministrativo con la ESU por un valor de $2.361 millones, incluidos los honorarios del contratista, que corresponde al 10% del valor total del contrato, el IVA y el gravamen a movimientos financieros”, dice el documento presentado ante la Procuraduría por Martínez Vélez.
 
Afirma que dicho contrato tenía como objetivo la adquisición, instalación, modernización y configuración del Sies y la línea 123, integrando a los municipios de Montenegro, Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y Circasia, con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad Territorial, Fonset, en cumplimiento del proyecto ‘Construcción integral de seguridad humana en el departamento del Quindío’, sin embargo, la empresa suscribió el mismo contrato con la empresa Furel S.A., la cual fue la que finalmente hizo la ejecución.
 
“Solicito la investigación porque, presuntamente, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, a través de dicho convenio, lograron adjudicarle, sin hacer licitación pública, al señor Hernán Moreno Pérez, presidente de la empresa Furel S.A., quien fue nombrado por el fiscal General de la Nación como parte del carrusel de la contratación en el proyecto de valorización en Armenia”. 
 
Indica que la gobernación tenía la capacidad jurídica y técnica para realizar dicha licitación púbica, ya que la oficina jurídica disponía de 41 funcionarios y contratistas calificados, personal más que suficiente para adelantar todas las etapas contractuales”.
 
“La justificación de la gobernación para hacer el convenio fue que el operador tiene la capacidad logística, técnica y administrativa a disposición del cumplimiento del objeto contractual, pero claramente se evidencia que ESU no es quien ejecuta el contrato”.
 
Martínez Vélez indica que la Empresa de Seguridad Urbana cobró honorarios por más de $214 millones a la administración departamental.
 
“Desde ningún punto de vista se justifica el pago de estos recursos públicos de los quindianos a una empresa de Medellín, que lo que hace es adjudicarle, mediante una solicitud privada de oferta, el contrato con el mismo objeto al señor Moreno Pérez”.
 
En el documento de denuncia, Martínez Vélez enumera otras presuntas irregularidades, no obstante, cabe aclarar que dicha denuncia se hizo en contra del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y no contra el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, a quien se le abrió la indagación preliminar.
 
 
“Me notifiqué el 20 de abril en la Procuraduría”
Con respecto a la indagación preliminar abierta por el ente de control, Marín Ríos afirmó que él personalmente se notificó de dicha apertura el pasado 20 de abril, sin embargo, el documento, que salió a la luz pública esta semana, tiene fecha del 21 de mayo. 
 
“Primero aclarar que el 20 de abril de 2018 yo fui a notificarme, como buen servidor público, un hombre respetuoso de la ley y de la justicia. El 23 de ese mismo mes le pedí al secretario general de la Procuraduría el expediente, el cual me fue enviado. Además, el 17 de mayo de 2018, a las 5:00 de la tarde, entregué la información que me solicitaron”, dijo el secretario. 
 
Indicó que, contrario a lo que dice Martínez Vélez, el Sies se entregó el pasado 2 de mayo y el contrato que está siendo cuestionado se encuentra en liquidación. 
 
“El contrato interadministrativo se encuentra en liquidación de esta primera fase. Contó con todos los estándares tecnológicos, la capacidad financiera, comercial, de investigación, de telemática y con el acompañamiento de la Policía Nacional, las alcaldías y la gobernación”. 
 
Explicó que este proyecto benefició a los municipios y contó con varios puntos importantes. “Incluye un año de mantenimiento con cuatro visitas periódicas de la empresa ESU y tres años de garantía extendida en los equipos nuevos, eso significa que si hay un daño me lo cambian nuevo. También es un contrato interadministrativo que dejó dividendos de $17 millones al departamento, por lo cual van a ser devueltos”. 
 
Manifestó que esto incluye una cámara MPR, que fue entregada a Quimbaya, la cual toma fotos y enfoca las placas de los vehículos y rostros de las personas. 
 
“Nosotros estamos esperando que, después de aportar las documentaciones pedidas, podamos mirar cuáles son las presuntas irregularidades del contrato”. 
 
 
 
 
Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA