31 Octubre - 2017

Quindianos inconformes en el proceso de investigación que sigue la Fiscalía Seccional contra diputados, exdiputados y exsecretaria de la Asamblea

Montenegro Estéreo, dial 99.7, colombiaparatodos.net, Facebook Actualidad quindiana, periódico físico Actualidad quindiana, La crónica del Quindío virtual, entre otros medios, hemos seguido paso a paso todo el proceso investigativo que se sigue desde la Fiscalía Seccional del Quindío a tres diputados, tres exdiputados y la exsecretaria de la Asamblea. También en esta edición de hoy y con base a que el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías decidió no dictar medida de aseguramiento preventivo de la libertad de los arriba mencionados, publicamos las reacciones de varios quindianos, las cuales están en nuestro Facebook Cesáreo Herrera Castro. Para mayor ilustración de este suceso judicial en el Quindío ponemos varias noticias publicadas por nuestro periódico colega La crónica, desde enero de 2017, otras relacionadas con la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, a quien la Procuraduría General de la Nación, PGN, investiga, igual a dos exgobernadores encargados, el exgerente de Esaquín y el de Promotora de Vivienda del Quindío.

Reacciones de los internautas contra la Fiscalía del Quindío
 
Ancizar Lopez ha compartido la publicación de La Crónica del Quindío — con Cesareo Herrera Castro
La verdadera justicia empieza a llegar.
Bajo la Cesta, mis apreciados paisanos, parientes, sucia justicia.
Óscar Alberto Rojas. Que pague él que tenga que pagar, además es enseñanza para nuevos líderes y el principio de un gobierno transparente .
Juan Carlos Damelines Cardona. Qur bueno, siempre hay errores en capturas, en derechos, en omiciones, pero siempre se equivoca la Fiscalía, Policia, Ejército,  siempre hay errores en procedimientos, que tipos tan brutos o que  pillos tan de buenas.
Fáber Pérez. Lo mejor y complejo de la justicia es entenderla cuando esta frente a ella.....y siempre lo dejan solo.
Luis Novier Serna. O sea que no tienen salida; tendrian que demostrar que fueron suplantados en el momento de la votación y eso es imposible en este caso.
Ancízar Lopez. Noticia sesgada se llama eso. No publique lo que usted mismo debe saber que en el momento procesal no es posible.
Guillermo Valderrama. Si no me equivoco Mary Luz Ospina García fue la voz no solo campante sino amenazante para que el código penal se violara. Ojalá que las providencias, si se dan o no, sean ajustadas a la Ley.
María Victoria Saffón. Ojalá los condenen a todos.
Adriana Martinez. Estamos muy preocupados por los desaciertos de la justicia 
 
Cuatro medidas de aseguramiento para los diputados y exdiputados del Quindío
Fuente: La crónica
El Juzgado Primero Penal Municipal con fuciones de control de garantías decidió no dictar medida de aseguramiento privativo de la libertad a los diputados, exdiputados y exsecretaria de la asamblea departamental por un error en el procedimiento por parte de la Fiscalía.  El Juzgado dictó medida de aseguramiento, aunque no privativas de la libertad, contra Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, Luis Alberto Rincón Quintero, Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur, César Londoño Villegas y la exsecretaria de la asamblea departamental Marieth Vanegas Castillo. La determinación no contempla detención, según la juez, por un “error de procedimiento por parte de la Fiscalía”.
 
“El juzgado determinó imponer algunas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad a los 7 investigados por el presunto delito de prevaricato por acción. Algunas de las determinaciones tienen que ver con vigilancia de una persona o institución a cada uno de los implicados. Además, es obligación presentarse periódicamente ante la juez cada 15 días. Las fechas próximas son 15 y 30 de noviembre. Si en determinado caso alguno de esos es festivo, se debe presentar el día siguiente”, dijo la togada Martha Lucelly Valencia. 
 
Las otras determinaciones tienen que ver con la prohibición de salir del país mientras se finalice el proceso, así como guardar buena conducta familiar y social; y consignar, dentro de los próximos 5 días, una caución para los diputados vigentes - Ospina García, Cárdenas Jiménez, Rincón Quintero - de 20 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, Smmlv,  y para los que no están en el ejercicio -  Bedoya López,  Ramírez Tafur,  Londoño Villegas y Vanegas Castillo - un monto de 10 Smmlv. 
 
Para la exsecretaria de la asamblea, la juez determinó que tiene 5 días para regresar al país, ya que se encuentra fuera de Colombia desde hace varios días. Por tal razón, no asistió a las audiencias que se desarrollan desde la semana pasada en el palacio de justicia de Armenia. 
 
Representante de la gobernación presentó recurso de apelación 
 
Al conocer la decisión del juzgado, el representante de la gobernación del Quindío, Jamer Chaquip Giraldo Molina, informó que presentó recurso de apelación. 
 
“En estos momentos no ha terminado la audiencia. Se está a la espera de que los apoderados consulten con sus representados para determinar si también presentarán recurso de apelación frente a la decisión. Considero que está basada en interpretación y aplicación de la ley, por lo tanto creo que es procedente la decisión de la señora juez.
 
La norma exige que se debe probar dentro del proceso que no procedían otras medidas no privativas de la libertad. Como en efecto no se hizo adecuadamente, entonces la juez simplemente se acoge a lo que establece la norma y es no decretar la medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario”, señaló el abogado de la administración departamental.
 
La audiencia, que empezó ayer a las 8 de la mañana, se dividió en dos. En la primera jornada, la juez realizó un recuento de lo que ha sido la intervención tanto de la Fiscalía, Procuraduría, representantes de la gobernación del Quindío y de la bancada defensora de los 7 investigados, al parecer, por presunto delito de prevaricato por acción al ser aprobadas las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015  presentadas a la asamblea departamental  durante el mandato de Sandra Paola Hurtado Palacio. (En la foto, de izquierda a derecha, Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, Luis Alberto Rincón Quintero, diputados; exdiputados, Luz Mery Bedoya de López, María Margarita Ramírez Tafur y César londoño Villegas). 
 
En repetidas ocasiones la juez señaló que los investigados fueron irresponsables al no cumplir los requisitos de constitucionalidad y legalidad para aprobar las ordenanzas. 
 
“Se evidencia que hubo improvisación  porque cuando se debió tener el marco fiscal a mediano plazo vimos que se hizo de un día para otro. Algo que se haya hecho de manera responsable debe ser bien pensado y analizado. Teniendo cuenta las afectaciones que puede tener el proyecto”, señaló. 
 
Aseveró que la aprobación de las ordenanzas pudo tener obligatoriedad por parte de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. 
 
“Como dice la Fiscalía, la actuación de los diputados pudo ser una retaliación por parte de la exmandataria tras haber perdido las elecciones con su candidata Sandra Gómez. Nos preguntamos, ¿qué hacía la gobernadora de ese entonces con su compañero sentimental en los debates de esas ordenanzas haciendo lobby y de la cual existe estado judicial donde un ciudadano toma fotos del contacto que tuvieron ellos con los diputados que aprobaron los proyectos? Tal vez recordándoles que se debía hacer lo que ella había pedido. Con la sola presencia ya se estaba ejerciendo presión”, dijo. ( Foto en la que se encuentra el gobernador, lado izquierdo, el nuevo contralor del Quindío Germán Barco López y el presidente de la Asamblea. Hay que recordar que hace unos 10 días el aspirante a ser contralor, economista Gilberto Zaraza Arcila, demandó a Germán Barco López ante el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, por considerar que esta elección no fue legal, hubo demasiadas inconsistencias, una de ellas que la Asamblea no entrevistó a todos los que suguirió la universidad del Quindío, excluyó a 2, por lo que también se cayó el nombramiento de la excandidata a gobernación Sandra Milena Gómez Fajardo. El caso de Zaraza irá también al Consejo de Estado). 
 
Tres investigados con antecedentes judiciales 
 
En la audiencia, la juez de control de garantías dejó al descubierto los antecedentes judiciales que tienen tres de los investigados.
 
La aclaración la hizo luego de que la defensa de los implicados manifestara que ninguno de ellos tenían antecedentes que indicaran ser un peligro para la sociedad. 
 
“Néstor Jaime Cárdenas tiene antecedentes por peculado por apropiación y otra no relevante para el proceso por lesiones personales. Asimismo, Luis Alberto Rincón tiene un proceso abierto por falsedad material en documento público y peculado por apropiación. A Ramírez Tafur también se le encontraron investigaciones por el delito de calumnia. Hay que aclarar que no tenemos conocimiento del estado de las investigaciones. Solo las trajimos a colación al estrado para evidenciar que sí existen”, expuso la juez. 
 
 La audiencia contra los diputados aún no termina. Ayer, en la jornada de la tarde, y luego de conocerse la decisión por parte de la juez, realizaron a puerta cerrada la presentación de recursos de apelación de las partes involucradas. Hoy, a las 8:00 de la mañana, continuará el proceso en contra de los investigados.
 
Medida no privativa de la libertad 
 
“La norma exige que se debe probar dentro del proceso que no procedían otras medidas no privativas de la libertad. Como no se hizo adecuadamente, la juez se acogió a lo que establece la norma y es no decretar la medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario”, dijo el apoderado de la gobernación luego de la audiencia.
 
Audiencia de Sandra Hurtado 
 
Simultánea con la audiencia que se desarrolló en Armenia de control de garantías por el presunto delito de prevaricato en acción en contra de los diputados y exdiputados, la exgobernadora del departamento del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, también participó, en Bogotá, de la citación por parte de la Fiscalía para la imputación de cargos. Según pudo conocer La crónica, el fiscal no determinó medida de aseguramiento para la exmandataria. 
 
Artículo 307 del Código de Procedimiento Penal
 
Son medidas de aseguramiento: 
A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;
 
B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.
 
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.
 
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.
 
4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.
 
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
 
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
 
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
 
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
 
9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
 
El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria
 
Diputados y exdiputados no aceptaron cargos de prevaricato por acción
 
La audiencia se adelantó este lunes en el palacio de justicia de Armenia, pero solo hasta este martes se conocerá una decisión definitiva.
 
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de prevaricato por acción a los diputados Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, los exdiputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas, además de la exsecretaria de la asamblea departamental.
 
El proceso se adelanta a raíz de la aprobación de cuatro ordenanzas en diciembre de 2015, que según la Fiscalía contrarió el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por este motivo también son investigadas la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, y a Gloria Inés Gutiérrez Botero, quien fungió en la época de los hechos como mandataria encargada del departamento.
 
Anulada la ordenanza que obligaba transferir recursos a municipios
 
El abogado de Ospina García pidió que no se declarara la legalidad de la imputación de su defendida, teniendo en cuenta que ella no votó en el debate de una de las ordenanzas.
 
La audiencia continuará este martes 24 de octubre y se espera que la juez se pronuncie sobre la petición de la fiscal, quien solicitó medida de aseguramiento contra los investigados.
 
Anulada la ordenanza que obligaba transferir recursos a municipios
 
El artículo segundo de la ordenanza 015 del 28 de noviembre de 2015, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, lo que significa que el gobierno departamental no está en la obligación de transferir recursos de vigencias futuras a los municipios para las políticas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en estos cuatro años, los que podrán ser manejados y direccionados por el gobernador y no por los alcaldes y Empresas Públicas del Quindío, EPQ, como disponía ese artículo en particular. 
 
Así mismo, el gobernador podrá disponer, y no los alcaldes ni el gerente de EPQ, antes Esaquín, de los recursos de la estampilla pro-desarrollo. La medida la tomó la Sala Primera de Decisión el pasado viernes, con ponencia del magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, en providencia de primera instancia.
 
El principal argumento del ponente es que con la expedición de la ordenanza 015 y específicamente su artículo segundo, se violó la Ordenanza 022 de 2014 que creó el Estatuto Orgánico del presupuesto en cumplimiento del artículo 151 de la Constitución Política Colombiana, en el sentido de la autonomía que debe tener el gobierno central para la destinación de recursos según las prioridades que tenga el departamento.
 
“El carácter cuasiconstitucional del Estatuto Orgánico del Presupuesto, busca entre otros fines establecer principios y orientaciones que apoyen la estabilidad de las finanzas públicas y de la presupuestación, al establecerse en él las normas fundamentales que regulan la manera como se autoriza y ejecuta el gasto público, de allí que el artículo 151 de la Constitución Política, sujete los temas de preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas a ley orgánica. 
 
Así las cosas, la Ordenanza 022 de 2014 dentro de su campo de aplicación tiene el rango de norma Orgánica del Presupuesto por el contenido en ella regulado y por tanto es un parámetro de control, al regular entre otros temas el trámite para la aprobación de la ordenanza anual de presupuesto en el departamento, y por ello cualquier contravención entre esta –orgánica de presupuesto – y aquella –la anual del presupuesto -, debe resolverse a favor de la primera”, dice el fallo.
 
El acto estaba suspendido provisionalmente, y ahora pasa a la categoría de anulado en primera instancia, a lo que le cabe la apelación respectiva ante el Consejo de Estado. 
 
El demandante, Alejandro Rodríguez Torres, coordinador de la Junta Ciudadana de Armenia, dijo que con este fallo se prueban los argumentos que se dieron en octubre y noviembre del 2015, en el sentido de que la ordenanza en mención violaba claras normas legales y constitucionales. Precisó que con esta decisión, el gobernador quedaba desamarrado para orientar el presupuesto de acuerdo con las necesidades más sentidas del departamento, sin la obligación de transferir recursos a los municipios y a EPA como lo señalaba la ordenanza que se cayó.
 
Reacciones
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, dijo: “Siempre supimos que nuestros jueces iban a hacer justicia con eso. No se puede poner a los municipios a hacer funciones como unidades ejecutoras, eso lo ha dicho la ley claramente y nosotros en eso fue que basamos el argumento para no desembolsar en su momento los dineros que ellos estaban pidiendo. El fallo nos da un espaldarazo a nosotros”.
 
Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío, en cuyo mandato presentó dicha ordenanza, señaló: “Soy respetuosa de las decisiones judiciales pero esta es una primera instancia y apelaremos al Consejo de Estado pues a mi parecer no se vulnera ninguna norma. Además aquí el tema se centra en la posibilidad de que los municipios puedan ser ejecutores de los recursos del departamento así que esta es una muy mala noticia para los alcaldes”. 
 
En ese sentido, el actual gobernador del Quindío dijo: “En realidad, la anulación de la ordenanza no es ningún daño para los alcaldes porque ellos tienen su presupuesto y el departamento trabaja con ellos y en armonía. Lo que hay es que volver al ordenamiento jurídico que dice por dónde le llegan los dineros al municipio y cuáles son las funciones del municipio y del departamento para no transgredir la ley”.
 
Por su parte, el diputado Jorge Hernán Gutiérrez, presidente de la asamblea del Quindío, dijo: “Hay que revisar los términos y efectos del fallo, pero sí he considerado que dichos recursos por delegación legal le han correspondido el gobierno departamental. En ese caso y sí no es recurrido habrá que darle cumplimiento inmediato a la decisión”. Enero 23 de 2017
 
Tribunal Administrativo del Quindío declaró la nulidad de la ordenanza 12
 
Mediante sentencia número 136 del 27 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, declaró la nulidad de la ordenanza 12, que había sido aprobada por la asamblea departamental del Quindío el 13 noviembre del 2015. 
 
A través de esta ordenanza se dictaban disposiciones relativas a la estampilla pro desarrollo del departamento del Quindío. Los recursos que se recaudaran serían destinados a los municipios, las Empresas Públicas de Armenia, EPA, y las Empresas Públicas del Quindío, EPQ.
 
Cabe recordar, que el pasado 21 de abril, las ordenanzas 10 y 11 también fueron anuladas. Esto debido a la demanda que Jorge Andrés Buitrago Moncaleano y Jorge Arango Mejía, exmagistrados de la Corte Constitucional, habían instaurado contra la corporación y el departamento.
 
La gobernadora del Quindío en el periodo 2012 – 2015, Sandra Paola Hurtado Palacio, había presentado a la asamblea el proyecto de ordenanzas mediante el cual pretendía transferir los recursos, que por ley deben ser manejados por el gobierno departamental, a los municipios, siendo ello un acto que vulnera la autonomía territorial departamental, el cumplimiento y ejercicio de sus competencias, así como la administración directa de sus recursos.
 
Ahora la ordenanza inicial, que había sufrido el proceso de modificación, vuelve a cobrar vigencia y  la competencia para el manejo de recursos continuaría en cabeza del gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, así lo explicó el presidente de la asamblea Jorge Hernán Gutiérrez. 
 
Por ordenanzas, imputarán cargos a exgobernadora del Quindío
   
La Fiscalía imputará cargos por prevaricato por acción contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, y la exgobernadora encargada Gloria Inés Gutiérrez, así lo informó el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.
 
“Por decisiones de los fiscales delegados ante la Corte Suprema se les imputarán cargos por prevaricato por acción. Las acciones que dan lugar a la diligencia están relacionados con la promoción y expedición, al final del mandato de Hurtado Palacio, de las ordenanzas 10, 11, 12 y 15 de diciembre de 2015, las cuales habrían implicado una violación al régimen del estatuto orgánico del presupuesto del departamento”, dijo el funcionario nacional.
 
Indicó que según los denunciantes, el propósito de los acuerdos era vaciar la capacidad de la administración para ejecutar obras.
 
“Los recursos serían entregados a las alcaldías y a los entes territoriales”. 
Se estima que la audiencia puede el 23 de octubre.
 
Las ordenanzas 
Una de las ordenanzas aprueba la transferencia de un porcentaje del recaudo de los recursos provenientes del impuesto sobre vehículos automotores y el monopolio de licores, a las alcaldías de los 11 municipios para la implementación de acciones de financiación de la política pública de primera infancia. 
 
El dinero tenía como fin el transporte y la alimentación escolar, la lucha contra la deserción y la prevención del embarazo adolescente. Además, incluyó el fortalecimiento de proyectos de prevención en violencia intrafamiliar y agresiones sexuales.
 
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El otro proyecto que tiene en problemas a la exgobernadora  pretendía que un porcentaje del dinero recolectado con el impuesto de registro y el monopolio rentístico del departamento fuera destinado a los municipios, con el fin de gestionar programas de emprendimiento y oportunidades laborales juveniles y el apoyo al acceso y permanencia en la educación terciaria de los estudiantes de las localidades no certificadas en educación. 
 
Con otro de los acuerdos, pretendía financiar el saneamiento básico a partir de la destinación del 75% del valor recaudado por la estampilla prodesarrollo. Así, EPQ recibiría el 50% de dichos recursos para la realización de obras en los municipios, el 10% sería entregado a EPA, con el fin de cofinanciar la vinculación y participación de Armenia en las estrategias del programa para el saneamiento que sea establecido en el orden nacional y el 10% restante para ejecutarse en Calarcá. 
 
La última ordenanza creó el programa departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales del departamento.
 
Imputación a diputados y exdiputados 
 
El próximo 7 de noviembre se realizará la audiencia de imputación de cargos por prevaricato por acción y medida de aseguramiento contra los diputados Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, los exdiputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas, además de la exsecretaria de la asamblea departamental Marieth Vanegas Castillo.
 
El proceso tiene que ver con la aprobación de las cuatro ordenanzas que también tienen en líos legales a la exgobernadora Hurtado Palacio y la exgoberadora encargada Gloria Inés Gutiérrez.