24 Octubre - 2017

Medida de aseguramiento contra diputados, exdiputados y ex secretaria de la Asamblea se definiría hoy martes 24 de octubre en audiencia

Una vez más comentamos aquí que los encartados con la justicia no aceptaron cargos por prevaricato por acción imputados por la Fiscalía como consecuencia de las 4 ordenanzas que aprobaron en el mes de diciembre del año 2015 y que comprometían vigencias futuras.

Hoy martes nueva audiencia
 

Hoy, entonces, avanzará una audiencia más de imputación de cargos y se sabrá si se definirá la solicitud de medida de aseguramiento

En contexto esta información para aclarar los hechos que se han generado a raíz de la aprobación de esos 4 proyectos de ordenanza: Diputados y exdiputados no aceptaron cargos de prevaricato por acción

 

Este lunes 23 de octubre la fiscal 15 seccional, Diana Patricia Henao, solicitó a la juez que se decretara la medida de aseguramiento privativa de libertad en establecimiento carcelario, argumentando que los siete investigados representan un peligro para la sociedad. “Uno de los requisitos para pedir la medida es que los imputados representen un peligro para la sociedad o la víctima, siendo una de los argumentos la continuidad de la actividad delictiva.

Tres de estas personas siguen siendo diputados y las otras son políticamente activas. Ellos demostraron que no tienen ningún problema en quebrantar la ley y no tuvieron reparo en ir en contra de la Constitución, lo que puede injerir que en cualquier momento van a hacerlo de nuevo”, explicó la fiscal. Indicó que el número de ordenanzas aprobadas también es una causal para solicitar la medida, ya que se puede determinar que fueron varios los delitos cometidos.

Tras presentar la petición por el ente investigador, la juez determinó un tiempo para estudiar las pruebas presentadas por el mismo. Luego de una hora, se decidió la suspensión de la diligencia para reanudarla este martes a partir de las 7:15 de la mañana.
 

Negaron los cargos
 

En la mañana de este lunes, la Fiscalía imputó cargos por prevaricato por acción a los seis diputados y exdiputados, además de la exsecretaria de la asamblea.
 

Henao aseguró que desde la duma no hizo ningún estudio de constitucionalidad o legalidad de los cuatro proyectos presentados por la gobernación, los cuales tenían como fin destinar recursos propios a otros entes como las alcaldías municipales, Empresas Públicas del Quindío, EPQ, antigua Esaquín, Empresa Sanitaria del Quindío y Empresas Públicas de Armenia, EPA ESP.

“La secretaria de la época, Marieth Vanegas Castillo, dio un concepto de legalidad y constitucionalidad de los proyectos sin ningún soporte y los diputados no hicieron ningún análisis del mismo, ya que los debates se enfocaron en la cobertura social que estos tendrían en las localidades quindianas. Aunque entes de control, abogados y ciudadanos llamaron la atención sobre la ilegalidad de estas ordenanzas, los corporados decidieron aprobarlas”.

Afirmó que, antes de conocer el resultado electoral de octubre de 2015, la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio presentó un proyecto de presupuesto del departamento para el 2016, el cual no incluía la destinación de recursos a estos entes territoriales, que fueron llamados luego unidades ejecutoras. 
 

“El proyecto de ordenanza 022 tenía como objetivo determinar el presupuesto del departamento, sin embargo, el debate de este fue suspendido, para que luego la mandataria departamental anexara las otras, en las que se destinaban recursos de la administración a las alcaldías y otras entidades, las cuales además tenían vigencia hasta 2024.

A esto, se suma que no había proyectos radicados por las administraciones locales ni por las empresas en cuestión para ejecutar dichos recursos que serían trasladados”. Dijo que, a pesar de que no se hubieran ejecutado las ordenanzas, es decir, nunca se trasladó dicho dinero, el hecho de haberlas aprobado es el delito que se cuestiona.
 

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“La gobernación tuvo comprometidos más de $17 mil millones durante seis meses, tiempo que se demoró el Tribunal Administrativo del Quindío en declarar la nulidad de dichas ordenanzas.

En este periodo, varios alcaldes hicieron llegar derechos de petición solicitando a la gobernación el traslado del recurso. Hay que aclarar también que todos los alcaldes certificaron que este dinero no estaba dentro de su presupuesto para esa vigencia”.
 

Defensor acusó a la Fiscalía de mala investigación 
 

El abogado de la diputada Mary Luz Ospina García, Luis Gabriel Chávez Ortiz, quien además se estaba estrenando como defensor, ya que en la anterior audiencia otro profesional la representaba, aseguró que la Fiscalía no realizó una investigación exhaustiva, ya que se le estaban imputando cargos a Ospina García sobre delitos que no había cometido.
 

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“En las actas de votación, que se solicitó a la secretaría de la asamblea, se evidencia que mi defendida no votó en la ordenanza 011.

La investigación que ha hecho la Fiscalía es baja, ya que no se pueden imputar cargos por cuatro ordenanzas cuando hubo una en la que no se manifestó. Es una investigación ligera y no se ha tomado en cuenta quiénes realmente participaron y votaron”. 
 

La fiscal Henao, por su parte, replicó estos argumentos, asegurando que la diputada solo guardó silencio durante el último debate. “Son tres debates para aprobar las ordenanzas y, si bien Mary Luz Ospina guardó silencio en uno de ellos, hay pruebas de que votó positivamente en los otros dos”.
“Fue una retaliación a la gobernación”
 

Finalmente, la fiscal aseguró que la aprobación de las ordenanzas tiene que ver con una retaliación en contra del nuevo gobernante del departamento, quien no hacía parte del partido político de la exmandataria Hurtado Palacio. 
 

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“Afectaron el tema presupuestal del departamento como manera de retaliación por no ser simpatizantes de quien ganó en las urnas. La Fiscalía tiene videos y fotos de la exgobernadora y su compañero sentimental, César Augusto Pareja Giraldo, hablando con los diputados en los debates sobre estas ordenanzas, lo que demuestra que fue un acto político”.
Tatiana Palacio Mejía
La crónica
 

Diputados y exdiputados no aceptaron cargos de prevaricato por acción
 

La audiencia se adelantó este lunes en el palacio de justicia de Armenia, pero solo hasta este martes se conocerá una decisión definitiva. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de prevaricato por acción a los diputados Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, los exdiputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas, además de la exsecretaria de la asamblea departamental. (foto de la exgobernadora del Quindío, contadora pública Sandra Paola Hurtado Palacio, quien hacia finales del año 2015 pasó 4 proyectos de ordenanza a la Asamblea, fueron aprobados, se comprometieron vigencias futuras).

 

La exmandataria también resuelve problemas con la justicia.
 

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El proceso se adelanta a raíz de la aprobación de cuatro ordenanzas en diciembre de 2015, que según la Fiscalía contrarió el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Por este motivo también son investigadas la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, y a Gloria Inés Gutiérrez Botero, quien fungió en la época de los hechos como mandataria encargada del departamento.
 

Tribunal Administrativo del Quindío declaró la nulidad de la ordenanza 12
Anulada la ordenanza que obligaba transferir recursos a municipios
El abogado de Ospina García pidió que no se declarara la legalidad de la imputación de su defendida, teniendo en cuenta que ella no votó en el debate de una de las ordenanzas. ( Foto archivo de César Londoño Villegas).
La audiencia continuará este martes 24 de octubre y se espera que la juez se pronuncie sobre la petición de la fiscal, quien solicitó medida de aseguramiento contra los investigados.
Redacción
La crónica, Actualidad Quindiana, Montenegro Estéreo y colombiaparatodos.net 
 

Anuladas ordenanzas 10 y 11 que habían sido aprobadas por la asamblea en 2015
La sala primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío declaró la nulidad de las ordenanzas 10 y 11, las cuales habían sido aprobadas por la asamblea departamental del Quindío en noviembre del 2015. ( Foto archivo, corresponde en una marcha por la vida, se encontró en esa marcha el actual gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá con la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio).
 

Por las mencionadas ordenanzas, Jorge Andrés Buitrago Moncaleano y Jorge Arango Mejía, exmagistrados de la Corte Constitucional, habían instaurado una demanda contra la corporación y el departamento.

La gobernadora del Quindío en el periodo 2012 – 2015, Sandra Paola Hurtado Palacio, había presentado a la asamblea el proyecto de ordenanzas mediante el cual, según el radicado 2015 – 00346, pretendía transferir los recursos, que por ley deben ser manejados por el gobierno departamental, a los municipios, siendo ello un acto que vulnera la autonomía territorial departamental, el cumplimiento y ejercicio de sus competencias, así como la administración directa de sus recursos.

Debido a que los gastos de inversión, que hubieran sido ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, serían manejados por entidades que no hacen parte de ninguno de los sectores que componen el presupuesto general del departamento, el Tribunal dejó en firme el fallo y ordenó cancelar su radicación. Jorge Hernán Gutiérrez, presidente de la asamblea departamental, explicó que al quedar en firme el fallo, las ordenanzas iniciales que fueron modificadas cobran vigencia, es decir, la competencia para el manejo de recursos continuaría en cabeza del gobernador.
 

Las ordenanzas anuladas
 

Por medio de la ordenanza 10 se implementan acciones de la política pública de infancia, infancia y adolescencia contenida en la ordenanza 5 de 2014 del departamento y en la que se tiene como objetivo establecer instrumentos de financiación de la política que promueve el ejercicio pleno de la ejecutoria según consulta realizada al sistema de información judicial ‘Justicia Siglo XIX” y en la página de la rama judicial. Mientras que la ordenanza 11 se enfoca en la política pública de juventud contenida en la ordenanza 32 de 2014, que tiene como objetivo establecer instrumentos de financiación de la política que promueven el ejercicio pleno de la ciudadanía de los jóvenes a partir del despliegue máximo de sus potencialidades y capacidades, con el apoyo institucional y el protagonismo juvenil.
Redacción
La crónica