26 Febrero - 2017

Luz Piedad Valencia Franco homenajeó a más de 50 periodistas quindianos

Este gesto de la aspirante a Senado lo ha realizado cada año, con o sin aspiraciones a algún cargo público. En nuestro medio siempre hemos tenido cercanía a la exalcaldesa porque ha sido fácil de abordar y criticar en momentos de equivocaciones propias de un mandatario o funcionario.

Los periodistas asisten a este acto
 
Nelson Sabogal Vásquez, Augusto Ateórthua, Liliana Montealegre, Luis Eduardo Rendó, Cesáreo Herrera Castro, Marleny Moreno, Jairo Olaya Rodríguez, Jorge Álvarez Villanueva, Pilar Ruíz Naranjo, Willy Marín, Loreno Plazas Jaramillo, Carlos Alberto Muñoz,  Carlos Alberto Alzate, Carlos Enrique Rincón Torres, Augusto Almanza, Carlos Julio Villamil, Álvaro Hoyos Cardona, Gustavo Rendón y por lo menos 20 trabajadores más de los medios de comunicación graduados en la universidad del Quindío. 
 
El periodismo si es inteligente, astuto y amigo de la comunidad
 
Como hoy no hay sección Coctelera en La crónica del Quindío, quiero invitarlos a que lean también en mi muro Facebook Cesáreo Herrera Castro una reflexión entre la prensa y los gobernantes. Lo veo de mucho interés porque el mandatario de la primera potencia del mundo, Donald Trump, dijo hace poco que la prensa es inteligente, astuta, pero enemiga del pueblo, la sociedad o comunidad.
 
Todo esto viene a cuento porque el viernes 24 de febrero nos reunimos más de 50 periodistas con Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia, ella quiso tributarnos un homenaje en el día tradicional del periodista, aunque en Colombia el día clásico era el 9 de febrero se pasó para el 7 de agosto, gracias a un senador de ese entonces, Édgar Artunduaga, también su oficio ha sido el de periodista, pero se le ocurrió mover la fecha, ese 9 de febrero estaba dedicado a recordar al cubano Manuel del Socorro Rodríguez y el 7 de agosto a uno de nuestros precursores de la independencia, Antonio Nariño.
 
Quiero dejar en claro que no es en el día clásico del periodista en que comemos mejor que en cualquiera de los 365 días que tiene un año, como tampoco comesopas, por el contrario hemos estado en campañas de emancipación, una de ellas la segregación de nuestro territorio de la coyunda que ejercía un grupo de dirigentes políticos en el antiguo Viejo Caldas.
 
Lo de Donald Trump es un mal ejemplo que no deben seguir otros hombres públicos, él ha sido exitoso en su vida empresarial, hasta con patente de corso para actuar distinto a cuando alguien es hombre público, ahora el periodismo le respira en el cuello, donde está él están los periodistas, asedian, preguntan, critican, ven sus jugadas, analizan cada palabra o frase que pronuncie, temen porque puede poner en peligro la estabilidad del mundo, a veces confunde más de la cuenta, no quiere veedores, se incomoda porque en estos tiempos las redes sociales son abiertas, demócratas, en ellas cualquiera puede expresarse, mejor que en la Mass Media, medios de comunicación masivos controlados por intereses de todo tipo.
 
Yo particularmente trabajo con comodidad en esas redes sociales, tengo una percepción más amplia de los gobernantes, unos obnubilidados por el poder, se dejan arrastrar con facilidad hasta llegar a extremos de dictadores y psicópatas. Luz Piedad Valencia Franco tiene una carnadura muy diferente a la del gobernador Carlos Eduardo Osorio, ella es política, dialoga, conversa, comparte, acepta críticas, el excura cree a pie juntillas que los periodistas lo odiamos, alguien me sugirió que le preguntara si él era frío o caliente porque los tibios los vomita Dios. 
 
Sentarse uno a manteles con Luz Piedad o cualquiera que se desempeñe en el sector público no significa que ya uno es un áulico, lacayo y servil. Con Carlos Eduardo afloran rápido sus metidas de pata cada vez que habla con nosotros los periodistas, lo sigue haciendo muy bien como en sus viejos tiempos en sus rezos, oraciones, confesiones y cuando le pedía a los feligreses ayudas voluntarias para sostener el culto católico. También puede leer esta nota completa en colombiaparatodos.net
 
Ese acto no nos quita la independencia ni la autonomía, tal vez en alguna ocasión estuve en manteles con David Barros Vélez, se salió de las normas legales que impone nuestra sociedad y terminó encarcelado por 18 años y 6 meses. Por eso hoy traigo esta nota de Jorge Orlando Melo que intituló La libertad de prensa en Colombia: su pasado y sus perspectivas actuales
 
En las sociedades del siglo XXI, cada vez más ricas y entregadas al consumo y a la recreación, se olvida con frecuencia hasta qué punto el ordenamiento democrático que vivimos depende de unas premisas básicas y elementales. Son tan recientes, cuando se miran como parte de una historia del hombre que lleva varios millones de años, son tan endebles, que es fácil ignorarlas y dejarlas de lado, o considerarlas por fuera de toda discusión, como parte de la esencia del hombre, de la naturaleza humana. Esas premisas son en esencia dos.
 
La primera, es que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, en particular el derecho a decidir sobre el destino de su comunidad. A nuestros antepasados neogranadinos de hace trescientos años esto les habría parecido una locura inaudita: el gobierno provenía de Dios y lo ejercían personas escogidas por Dios, a través de la sucesión de los reyes, y ungidas por la iglesia. ¿Como pensar que el esclavo o el indio o el campesino pobre y analfabeta pudiera tener iguales derechos que los aristócratas?
 
La segunda, es que para que los ciudadanos iguales puedan participar en forma adecuada en la política, para que puedan decidir con bases razonables sobre los temas cívicos, puedan escoger a sus gobernantes, deben poder debatir y discutir en forma libre y con base en una información disponible para todos sin restricciones irracionales. De este modo, las libertades que requiere la sociedad para poder funcionar como una democracia se centran en el derecho de los individuos a expresar sus opiniones libremente, en forma oral y por escrito.
 
La libertad de expresión y la libertad de imprenta o prensa, junto con el derecho correlativo de los ciudadanos a recibir información, son, por esta razón elemental, condiciones básicos y constitutivos del orden democrático. Otros derechos esenciales, como el de participar en la vida política, organizar partidos o movimientos, suponen para su ejercicio la libertad de expresión y la libertad de prensa.
 
Esto, en apariencia tan obvio, no siempre se ha visto así. Las sociedades no democráticas partieron de la idea religiosa de que existía un bien común objetivo, y que era obligación de los gobernantes, ilustrados y hasta inspirados por Dios, actuar para promover y defender ese orden. El bien de la comunidad, en esta concepción, es superior, anterior e independiente del bien de cada individuo, y los intereses de éstos, en la medida en que entran en conflicto con ese bien común, deben someterse al interés general, definido por las autoridades, religiosas o políticas.
 
Por el contrario las sociedades democráticas modernas suponen que los individuos y grupos tienen intereses contrapuestos legítimos, opiniones divergentes, puntos de vista contradictorios, y que por ello son la discusión y el debate abierto los que deben llevar a definir una aproximación, problemática, provisional e imperfecta, al interés general, como resultado de la expresión de las posiciones de todos.
 
El bien de la sociedad es el resultado de la composición de fuerzas entre múltiples intereses particulares, es una transacción entre posiciones encontradas y muchas veces contradictorias. Pese a esto, durante los primeros dos siglos de funcionamiento de la democracia, desde que en 1776 los norteamericanos crearon la primera democracia moderna o desde que la revolución francesa de 1789 se convirtió en el punto de partida de la expansión de la democracia en Europa, las dos visiones del orden social han coexistido, y muchos creen que la libre expresión de los intereses y puntos de vista de individuos y grupos es dañina y peligrosa, y que los ciudadanos tienen que someterse a los intereses colectivos definidos por quienes ejerzan el poder, político, judicial o espiritual.
 
De este modo, la expresión de las convicciones individuales y la defensa de los intereses propios se ve como algo que contradice el bienestar general, y como algo peligroso, pues se mira con sospecha el que los individuos busquen su beneficio privado. Por ello, las restricciones a la libertad de expresión, en particular las legales, se hacen normalmente a nombre del bienestar de la sociedad.
 
La tendencia a restringir legalmente la libertad de prensa, muy débil en la historia norteamericana, en la cual la regla constitucional básica, la primera enmienda, prohíbe al Congreso hacer leyes que autoricen cualquier forma de censura, ha sido más fuerte en Colombia, y ha reaparecido bajo formas diversas una y otra vez, aunque en general, y en especial en los últimos 50 años, no ha logrado un impacto significativo.
 
Por ello, las limitaciones y restricciones a la libertad de expresión que aparecen en estos años recientes provienen menos del Estado que de la sociedad civil, de grupos políticos o sociales o personas privadas que presionan, intimidan o violentan a los periodistas. Aunque no existe una buena historia de la prensa en Colombia ni del problema de la libertad de prensa, que revise las concepciones dominantes, las normas legales y los conflictos reales de la sociedad. Una síntesis rápida y superficial nos permitirá señalar algunos de los elementos centrales de este proceso.
 
1. La prensa en una sociedad autoritaria
 
En la sociedad colonial no existe el derecho autónomo del individuo a publicar sus opiniones y todo libro y todo periódico requiere una licencia previa. Incluso establecer una imprenta requiere permiso del rey: cuando a fines del siglo XVIII las autoridades coloniales pidieron autorización para establecer una imprenta, una de las razones que alegaron para justificarla era por falta de ella no se había podido publicar un “edicto prohibiendo varios libros” :¡Se necesitaba la imprenta para poderla prohibir eficientemente!
 
Por ello, el primer periódico regular del país El Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, creado en 1791, tuvo patrocinio oficial y estuvo sometido a estricta censura. Sin embargo, gozó de alguna latitud y al publicar textos de interés amplio, artículos de varios de los criollos locales que eludían cuidadosamente los temas de conflicto, empezó a crear lo que hoy llamaríamos un espacio de debate público, que fue prolongado por los otros periódicos publicados en los últimos años del régimen colonial, como el Correo Curioso y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que además fueron dirigidos por particulares.
 
Para los criollos, que creían, como dijo Camilo Torres, que la imprenta es “el vehículo de las luces y el conducto más seguro que las pueda difundir”, la posibilidad de dar a conocer textos científicos y literarios y una limitada información sobre el Nuevo Reino y el mundo –así se publicara bajo el pretexto de censurar los excesos revolucionarios- era ya un gran avance, que ayudó a crear los primeros esbozos de una identidad nacional
 
En 1794, con la publicación de una hoja con la traducción de la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” por parte de Antonio Nariño, se presentó el primer conflicto significativo alrededor de este problema. A pesar de que los acusados alegaron que estaba permitido publicar sin licencia previa todo texto de menos de un pliego y prácticamente no circuló, Nariño fue condenado a diez años de prisión en África, y penas algo más leves recibieron el impresor y sus dos abogados.
 
2. Libertad y responsabilidad legal 1810-1851
 
La independencia produjo una rápida expansión del periodismo colombiano y abrió una tradición de normatividad legal. Desde la primera constitución, la de Cundinamarca de 1811, se reconoció la libertad de imprenta, como uno de los derechos que el gobierno garantizaba a los ciudadanos, pero mantuvo la prohibición de publicar escritos obscenos y los ofensivos para el dogma, y se requería licencia eclesiástica para la publicación de escritos sagrados, lo que se reiteró en la de 1812 que indicaba que “ninguno podrá abusar de esta libertad para imprimir obras obscenas y contra la religión”.
 
La constitución de Antioquia, en 1812, estuvo más cerca de la formulación francesa, al reconocer la “libertad de imprenta” , “debiendo responder del abuso que haga de esta libertad en los casos determinados por la ley.” Este sería el esquema legal dominante durante el siglo XIX.: reconocimiento de la libertad, y responsabilidad legal a posteriori. Sin embargo, esta afirmación de responsabilidad legal a posteriori no impidió que en las constituciones y leyes se establecieran diferentes formas de prohibiciones absolutas o de censura previa.
 
Fue general la prohibición absoluta de publicar escritos obscenos y contrarios al dogma, así como fue usual proscribir la publicación de escritos dirigidos “a perturbar el orden y la tranquilidad comunes, o en que se combatan las bases de gobierno adoptadas por la provincia. “Cualquiera que imprima y publique escritos o discursos subversivos contra semejantes bases, cometerá un crimen de lesa majestad y será castigado como tal....”, como decía la constitución de Antioquia.
 
Además, algunas constituciones señalaron que la libertad de imprenta era “el más firme apoyo de un pueblo sabio y liberal”, y subrayaron que permitía a todo ciudadano “examinar los procedimientos del gobierno y la conducta de los empleados públicos”.
Estas normas de la época de la independencia –cuando, no hay que olvidarlo, la supervivencia del país estaba aún en juego– fueron prolongadas, más restrictivas y represivas, en las constituciones republicanas.
 
La Constitución de Cúcuta mantuvo (art 156) con claridad la inexistencia de la censura previa: “Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de examen, revisión o censura alguna a la publicación. Pero los que abusen de esta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes”. Esto fue desarrollado en forma algo incongruente en la primera ley “sobre la extensión de la libertad de imprenta”, expedida en 1821 (12 de septiembre), en la que, a pesar de la clara prohibición constitucional de censura previa, se dice que “los libros sagrados no podrán imprimirse sin licencia del ordinario eclesiástico” y se señalaban las sanciones a la publicación de escritos contrarios a los dogmas de la religión católica, de textos “dirigidos a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública”, que ofendan la moral y la decencia públicas y que “vulneren la reputación o el honor de alguna persona, tachando su conducta privada”.
 
Estas clases de artículos fueron definidos como “subversivos, sediciosos, obscenos y libelos inflamatorios”.
La vida política durante la primera década mostró algunos de los problemas que viviría la república: las polémicas de prensa fueron bastante violentas; el ejecutivo se sintió obligado a responder, muchas veces publicando periódicos anónimos redactados por el mismo presidente encargado, general Santander. Los dirigentes, que elogiaban la libertad de prensa en abstracto o cuando estaba a su favor, iban perdiendo la calma: “la hermosa libertad de imprenta, con su escándalo, ha roto todos los velos, irritando las opiniones. La pardocracia triunfa....La libertad de imprenta es la causa, y por lo mismo, es incurable como la llaga del amigo de Teseo, que la irritaban cuantos remedios se le ponían. Esta llaga cubre toda la república...” escribió Bolívar en 1826. Sin embargo, en su propuesta de constitución de Bolivia reiteró el principio general de libertad sin censura previa pero con responsabilidades fijadas por la ley.
Se dieron, entonces, tres niveles no siempre coherentes de definición y funcionamiento de las libertades de imprenta:
1) La constitución, usualmente generosa en el reconocimiento de la libertad de imprenta, pero que dejaba algunos resquicios o áreas imprecisas. 
2) La ley reglamentaria, que usualmente establecía prácticas contrarias al texto de la constitución, en particular al formalizar la censura previa aunque aquella la hubiera prohibido. La falta de un mecanismo de control de inconstitucionalidad de las leyes permitió estas incongruencias. 
3) Una practica real, en la que los periodistas con mucha frecuencia recurrían al anónimo y a acusaciones de actos delictivos de los funcionarios públicos (y a veces los particulares), mientras el Estado, aunque normalmente respetaba la libertad de expresión y toleraba injurias y afirmaciones calumniosas, apelaba a veces a procedimientos arbitrarios contra quienes se ensañaban en su contra. Varios procesos notables tuvieron lugar por libelo, en los cuales se condenó a periodistas por ataques a actos de funcionarios públicos. Hay que recordar que la prueba de verdad de lo publicado no liberaba de responsabilidad a los periodistas. Así pues, el sistema penal, aunque sujeto a jurados, no tenía una adecuada previsibilidad, y un artículo que el autor consideraba una legítima crítica a un funcionario, podía ser entendido como algo que lo deshonraba.
A pesar de algunas condenas a periodistas no parece que los procesos hubieran sido muy frecuentes, y en pocos que se conocen fueron casi todos por el daño al honor individual, y no por perturbar el orden público. En los hechos, el nivel de libertad era grande y los observadores extranjeros se asombraban a veces de la virulencia de la prensa, pero existía cierto temor e incertidumbre, sobre todo cuando lo escrito afectaba el honor individual. Y así como poco se usaban las leyes contra los periodistas, tampoco es muy probable que la ley del 19 de mayo de 1838 que estableció sanciones para los funcionarios que obstaculizaran o impidieran la publicación de impresos, haya tenido mucha aplicación
 
3. La libertad absoluta de prensa: 1851-1886
 
Las ocasionales injusticias de los procesos por libelo estimularon la crítica liberal a las normas existentes, y en 1851, se aprobó la ley 2100, que estableció que era “completamente libre la expresión del pensamiento por medio de la prensa” y derogó las normas sobre libelo. Este principio fue reiterado en las constituciones de 1853 y 1858 con algunas restricciones, como la que mantuvo la libertad de expresión en la prensa, “sin limitación alguna” pero señaló que la expresión oral quedaba sujeta a restricciones legales. ¿Estaba con ello reconociendo el carácter más inmediato de la incitación oral frente a la calma en la que se presumía que se hacía la lectura? ¿Se temía más el discurso público, que podía encender las pasiones temibles del pueblo, que un texto que sólo podía leer la pequeña minería de alfabetos? La constitución de 1858 es notable por usar la expresión, “sin responsabilidad de ninguna clase”. La formula se repitió en el Pacto de Unión de 1861 y en la constitución de 1863 se dijo que la libertad de imprenta era “absoluta” y que los ciudadanos tenían el derecho a expresar sus opiniones “sin limitación alguna”.
A pesar de que estas normas fueron consideradas por los comentaristas conservadores de fin de siglo, en particular don José María Samper y Miguel Antonio Caro, como puertas al libertinaje de la prensa, los estudios existentes no muestran una situación diferente a la que había regido antes. Aunque desaparecieron los juicios por libelo, la prensa, si se la compara con la de los años veintes o treintas, parece, contra lo que podía esperarse, más moderada y menos calumniosa. 
 
4. Autoritarismo y paternalismo 1886-1948
 
El descontento con los efectos de la constitución de 1863, a la que se atribuía la proliferación de guerras civiles locales, llevó a una radical modificación del orden legal, que se expresó en la constitución de 1886. El 11 de noviembre de 1885, en el discurso de instalación de la Asamblea Constituyente, Núñez, antiguo defensor de la libertad absoluta de prensa afirmó: “La prensa debe ser antorcha y no tea, cordial y no tósigo, debe ser mensajera de verdad y no de error y calumnia, porque la herida que se hace a la honra y al sosiego es con frecuencia la más grande de todas”.
 
La constitución reiteró el principio de la libertad de prensa, en tiempos de paz, pero señaló su responsabilidad “cuando atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública”. Introducía así el camino para normas punitivas amplias, pero no llegaba al punto que deseaba Núñez, quien quedó muy descontentó, a pesar de que la constitución tenía un artículo transitorio, el K, que le daba al gobierno poder, mientras se expedía la ley de prensa, de prevenir y reprimir los abusos de prensa.
 
El uso del término prevenir es significativo y dio frutos en el decreto reglamentario, en el que el gobierno se asignó el poder de suspender las publicaciones que violaran la norma constitucional (por ejemplo, escribiendo contra la Compañía de Jesús) y confinar los periodistas a determinados sitios del país, confinamiento que podía cambiarse por el exilio, lo que se reforzó con el decreto de 1888, que don Fidel Cano denomino ley de los caballos, que autorizaba el destierro y confinamiento de periodistas. Al poco tiempo, además, se autorizó al gobierno para prohibir la circulación de periódicos extranjeros en el país.
 
Por otra parte, el Código Penal fijaba pena de prisión para los que atacaran la constitución o injuriaran o amenazaran al presidente. La ley de prensa, aprobada en 1896, definió como delito de prensa las publicaciones ofensivas, o sea las que vulneren la honra de cualquier persona, y las subversivas, que son las que atentan contra el orden social y la tranquilidad pública.
Bajo estas normas, entre 1886 y 1909 fueron varios los periódicos cerrados y los periodistas perseguidos y se esgrimió la idea de que el derecho es solamente para ejercer el bien, y que, como se decía, el mal no tiene derechos. Sin embargo, este clima algo opresivo no impidió la existencia de algunos periódicos liberales ni una importante transformación en la prensa colombiana.
 
En efecto, durante estos años cambió el carácter de los periódicos. Antes eran ante todo pequeñas publicaciones de formato pequeño, pocas páginas y escasa circulación, nunca superior a los mil ejemplares, que aparecían una o dos veces por semana. Escritos por políticos o intelectuales para un público muy estrecho, de ricos y profesionales, se centraban en el debate político, cultural o religioso. La información era reducida y presentada en forma homogénea, casi sin titulación ni señales visuales de importancia. A fines de siglo aparecieron los primeros diarios privados, en los que poco a poco la información del público va tomando más y más importancia. El Telegrama, creado en 1886, fue el primer diario privado del país y el primero que hizo uso del cable internacional. Otros periódicos como El Espectador (1887-)El Correo Nacional (1890-1913), El Nuevo Tiempo (1902-1932),
 
El Colombiano (1912-), y El Tiempo (1911-) son buen ejemplo de estas transformaciones: sus primeros números corresponden al modelo decimonónico, pero desde mediados de la década de 1910 su estructura, su diagramación, sus contenidos, se modifican aceleradamente. Estos periódicos definieron lo que sería la estructura típica de la prensa colombiana. Fundados por políticos de buena formación intelectual y profesional, se impusieron sobre decenas que intentaron competirles al combinar un nivel adecuado de calidad periodista con la capacidad de expresar una corriente política significativa.
 
Esto hizo que en casi todas las ciudades terminara existiendo un diario conservador y un periódico liberal: los periódicos sin afiliación política no encontraban lectores en un país en el que la polarización entre liberales y conservadores era, desde el siglo XIX, un factor central de identidad de las personas. Creados sin muchos recursos económicos, se consolidaron rápidamente como empresas familiares, que no recurrían a capitales externos.
 
Esta combinación de fidelidad política y estructura empresarial familiar produjo una prensa de gran combatividad política, pero en la que se impusieron los diarios que, como El Tiempo y El Espectador, El Colombiano y El Correo, El País o La Patria, combinaron este carácter con rasgos de objetividad e independencia y con servicios de cubrimiento informativo aceptables para las nuevas clases medias que estaban engrosando el público de los periódicos. En las grandes ciudades, como Bogotá o Medellín, coexistían habitualmente cuatro o más diarios, y algunos de ellos se situaban en posiciones políticas más partidistas, como La Defensa (1919), El Siglo (1936-) o El Liberal.
 
Estas transformaciones se completaron en buena parte en un contexto de libertad de expresión totalmente diferente, pues desde 1909 desapareció casi por completo la presión oficial sobre la prensa, aunque las normas legales restrictivas siguieron en los libros. Algunos pocos procesos penales por calumnia tuvieron lugar, y el 15 de diciembre de 1944 se aprobó una ley de prensa que no tenía innovaciones fundamentales, aunque El Siglo consideró que coartaba substancialmente la libertad de prensa en el país. El hecho es que entre 1909 y 1948 la prensa colombiana gozó de una libertad casi total de interferencias estatales, y esto ayudó a consolidar una tradición que hace intolerables las formas de censura y restricción de la prensa por el poder ejecutivo, de manera que solo han podido ser aplicadas en contextos de dictadura.
 
5. Los años de la censura y la persecución: 1949-1957
 
La libertad de prensa que rigió entre 1910 y 1949 (brevemente interrumpida por una censura previa de escasa fuerza entre julio y octubre de 1944, con motivo del golpe militar de Pasto, y afectada por la presión no oficial de la iglesia, que reiteraba la prohibición de lectura a uno y otro periódico liberal, bajo penas de excomunión, y por la violencia del 9 de abril, cuando grupos de enardecidos liberales destruyeron o incendiaron las instalaciones de los diarios conservadores El Siglo, El Colombiano, la Defensa y La Patria, entre otros)) se interrumpió el 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez, en desarrollo del artículo 121 de la constitución, decretó la censura previa de la prensa y la radio. Ese mismo día las autoridades impidieron la circulación del periódico El Espectador, cuyo director, Luis Cano, renunció inmediatamente.
 
Esta censura, que coincidió con presiones comerciales como la llamada operación K, atribuida por los liberales a Álvaro Gómez Hurtado, se prolongó hasta 1957, y estuvo acompañada de otras restricciones y presiones a los periódicos. Vale la pena recordar que en septiembre de 1952 se produjo el asalto e incendio de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador, en el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez. En 1953 el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla cerró El Siglo y el Diario Gráfico, y en 1955, después de muchos actos de hostigamiento previos, llevó al cierre de El Tiempo y El Espectador. Durante la dictadura militar de Rojas Pinilla el gobierno mantuvo un continuo enfrentamiento con la prensa, que se manifestó en normas legales que trataban de proteger a los funcionarios de posibles injurias y calumnias, en la creación de una prensa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno, orientada, según este, a proteger a la ciudadanía de unos medios de comunicación monopolistas y oligárquicos, y en el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición.
 
6. Regreso a la libertad y judicialización de la responsabilidad: de 1957 a hoy
 
Caída la dictadura, se volvió a la formula tradicional y convencional de prensa libre pero responsable: el decreto legislativo 271 de 1957 fijo las reglas básicas para su aplicación. Como en los años de 1910 a 1940, este decreto no generó restricciones importantes y continuas, pero se prestó para uno o dos casos de conflicto, como la denuncia de Enrique Gómez Hurtado a Silvio Villegas, director de La República, por un artículo en el que era acusado de operaciones comerciales ilegales, que condujo a la condena de Villegas a seis meses de cárcel.
 
A partir de entonces, las normas legales no han dado pie para limitaciones importantes. La prensa ha gozado durante casi 50 años de una libertad legal prácticamente total frente al estado. Criticada por el despliegue dado a informaciones sobre orden público, que podrían ayudar los objetivos de los grupos armados, la prensa respondió en algunos casos con compromisos, no cumplidos, de autocensura: en 1961, por ejemplo, se hizo un pacto para reducir las publicaciones sobre violencia, con la única oposición del periódico Tribuna de Ibagué. En forma similar, El Tiempo anunció en 1984, tras señalar que buena parte del poder de guerrilleros y narcotraficantes provenía de la prensa, que dejaría de dar despliegue a las actividades de los grupos subversivos: al poco tiempo el cubrimiento había vuelto a la rutina usual.
 
En este terreno de la información sobre orden público, sin embargo, si se han aplicado algunas restricciones al cubrimiento radial y televisivo. El estatuto de seguridad de 1978 estableció restricciones secundarias a la información, con base en las cuales se cerraron algunos noticieros radiales. En el gobierno de Cesar Gaviria se expidió un decreto que prohibía la entrevista de guerrilleros, que está vigente, pero que solo ha tenido intentos espasmódicos y pronto olvidados de cumplimiento . El tratamiento diferente a la radio y la televisión se apoya en la definición del espectro electromagnético como un medio de propiedad del Estado, que puede regularlo y controlarlo.
 
La Constitución de 1991 hizo un esfuerzo muy claro para reformular las bases constitucionales de la libertad de prensa. En efecto, consagró explícitamente la libertad de expresión, pero en una formulación que mezcló libertad de expresión y derecho a la información en un solo texto, el del artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
 
Esta redacción, al tiempo que buscaba garantizar la libertad del periodista frente al Estado (no habrá censura, los medios masivos de comunicación son libres, se garantiza la libertad de expresión), y que definía unos derechos relativos a la libre empresa en el campo de los medios, introducía la idea de la libertad (o, lo que sería más apropiado, el derecho) de las personas de recibir información “veraz e imparcial”.
 
Este último texto ha producido dificultades y vacilaciones interpretativas. En efecto, es posible pensar que lo que debe garantizarse es el derecho a recibir cualquier clase de información, sin que otras personas diferentes al ciudadano determinen si es una información veraz e imparcial, y que incluso debe protegerse el derecho a recibir información orientada por perspectivas ideológicas y religiosas, así no sea imparcial. En esta perspectiva, la imparcialidad en la información surgiría de la existencia pluralista de medios de comunicación con perspectivas, con sesgos y parcialidades diferentes. En sentido contrario, esta norma puede interpretarse como una obligación, derivada de la responsabilidad social de los medios, de que cada medio, cada texto publicado, sea imparcial y pluralista .
 
En los primeros años de vigencia de estas normas, las cortes, y en especial la Corte Constitucional, parecieron orientarse en el sentido de la segunda interpretación Algunas de las sentencias de la Corte Constitución, apoyándose en las obligaciones de verdad e imparcialidad, validaron normas que borran el principio constitucional de que no habrá censura, o consideraron que no estaban protegidas por la libertad de expresión caricaturas “desproporcionadas o contrarias a la educación cívica” Esta tendencia evoca fuertemente la mentalidad antiliberal del siglo XIX, cuando los grupos conservadores y tradicionalistas alegaban que el error no tenía derechos.
 
En efecto, hubo sentencias en las que esto se hizo explícito, al señalar que la única información protegida por el derecho a informar es la que es verídica e imparcial: la información parcial o sesgada no tiene derechos. Un ejemplo puede ser el texto siguiente de una de las tempranas sentencias de la corte constitucional (Sentencia T 332 de 1993): “Significa ello que no se tiene simplemente un derecho a informar, pues el Constituyente ha calificado ese derecho definiendo cuál es el tipo de información que protege. Vale decir, la que se suministra desbordando los enunciados límites -que son implícitos y esenciales al derecho garantizado - realiza anti-valores (falsedad, parcialidad) y, por ende, no goza de protección jurídica; al contrario, tiene que ser sancionada y rechazada porque así lo impone un recto entendimiento de la preceptiva constitucional".
 
En forma paralela, las primeras sentencias de las cortes tendieron a dirimir los conflictos entre libertad de información y derecho a la intimidad personal y el buen nombre dando prioridad a este último. La tendencia era que “en casos... en que estén de por medio delitos no comprobados judicialmente, en términos generales, el derecho a la información debe acomodarse a los derechos a la personalidad y no viceversa”. Esta interpretación, desarrollada en varias sentencias, puede conducir a un amordazamiento intermitente, aunque no muy estricto, de los medios.
 
En desarrollo de este principio se prohibió la circulación de un libro que refería los incidentes de una separación conyugal, y se ha consolidado una interpretación del respeto al buen nombre que impide señalar como delincuente a alguien que no ha sido condenado. Recordemos que Iván Urdinola, un conocido jefe de un cartel de drogas, por ejemplo, ganó una tutela, avalada por la Corte Constitucional, contra el medio que lo había tratado de narcotraficante, y que un periodista, Germán Castro Caicedo, debió modificar un libro para retirar afirmaciones ciertas pero no probadas judicialmente.
 
La justicia colombiana, lo sabemos, condena a muy pocas personas: menos del 2% de los homicidas, por ejemplo, y una parte pequeña de los narcotraficantes. Depender de los fallos judiciales impediría el combate, muy urgente en Colombia, contra la corrupción pública y la ineficacia judicial y por supuesto llevaría a confundir la absolución judicial, que muchas veces se logra por vencimiento de términos, con la absolución política e histórica y a que la impunidad judicial tuviera que ser acompañada de la impunidad histórica.
 
En este ambiente, los medios han enfrentado demandas y acciones de tutela de personas que consideran que su honor y buen nombre han sido afectados por determinadas publicaciones. Aunque es temprano para evaluar el impacto de tal situación sobre la libertad de expresión, la impresión general es que no se está generando un amordazamiento preocupante de los medios, aunque algunas decisiones han llevado algunos procesos judiciales estos procesos al nivel de espectacularidad y surrealismo que fue común en el siglo XIX: negativas a rectificar o aclaraciones a la rectificación que llevan a prisión por desacato de los directores de medios, e instrucciones kafkianas u orwellianas de jueces que redactan el texto de una rectificación pero prohíben que se mencione o se de a conocer en cualquier forma que la rectificación ha sido ordenada por un juzgado. Este procedimiento evoca sin duda el que aplicó el gobierno de Rojas Pinilla a El Tiempo, y que llegó a este periódico a preferir el cierre a publicar como propio un texto redactado por la presidencia de la República: a nombre de la prensa veraz, en cierto modo, se obliga a los periodistas a publicar un engaño o se quiere entrar a su fuero interno o moral, exigiéndoles no solo que publiquen una rectificación, sino que se convenzan de que la rectificación tiene razón.
 
El procedimiento de la ley de 1888, tan represiva en otros aspectos, podría ser más adecuado: garantizar al ofendido un espacio igual para rectificar los ataques a su honra, buen nombre o intimidad y por supuesto, sujetar a los periodistas a responsabilidades civiles cuando hayan actuado en forma negligente o dolosa contra el honor y el buen nombre de las personas.
 
 
Por otra parte, en años más recientes, sin embargo, la Corte parece haber cambiado los acentos y dado cada vez más peso, cuando la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho a la privacidad y la protección del buen nombre, al papel central que aquella tiene en el mantenimiento de una sociedad democrática. Por ello, ha limitado el concepto de privacidad de los personajes públicos o de “notoriedad pública”, ha señalado que en caso de conflicto entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión prevalece ésta y ha aceptado que los riesgos de abusos no pueden conducir a restricciones previas de la libertad de expresión.
 
Sin embargo, estos argumentos han sido en general teóricos, expresados como principios generales: en el caso más interesantes, después de afirmar lo anterior, se concluye que dado que los funcionarios públicos afectados por una publicación que transcribía un informe de inteligencia no tienen un poder similar al de la prensa, esta no puede publicar tal informe sin confrontar las fuentes, pero en el sentido de que debían confrontar independientemente la veracidad de los hechos presentados en el informe oficial, lo que transfiere la obligación de los funcionarios públicos de no usar la prensa como medio para sembrar noticias falsas o manipulativas a los periodistas, bajo la forma muy onerosa de la obligación de verificar independientemente lo que les aseguran los miembros del gobierno
 
Estas situaciones, sin embargo, deben ser entendidas como parte del proceso normal de desarrollo de principios adecuados de interpretación de normas constitucionales que garantizan independientemente varios derechos, sin anticipar la forma de hacerlos compatibles en caso de conflicto. Representan restricciones que no afectan substancialmente la libertad de expresión y que cuando lo hacen es porque, aplicando una norma constitucional o legal, los jueces encuentran que la protección de otro derecho, como el de la defensa de la vida privada, tiene mayor importancia en un caso concreto.
 
7. Las restricciones extralegales a la libertad de prensa
 
El recuento anterior muestra que en la historia del país han sido ocasionales y no muy vigorosos los intentos estatales de censurar y limitar la libertad en el ejercicio del periodismo mediante procedimientos legales. Así haya algunos aspectos debatibles en el ordenamiento legal y en la interpretación judicial de las normas, lo cierto es que la prensa se mueve en un ambiente bastante estable y consolidado de independencia frente al Estado.
 
Esto no excluye, por supuesto, la existencia de otras fuerzas que restrinjan u obstaculicen la capacidad de los medios para actuar libremente, o que debiliten su voluntad para hacerlo. Entre los gobiernos y los medios se dan relaciones mucho más complejas que la simple represión a las críticas de la prensa. Son frecuentes los esfuerzos de manipulación y seducción, apoyados en la cercanía ideológica de medios y gobierno, o en vínculos familiares y personales, inevitables en una sociedad en la que el tránsito de la prensa a la política, y viceversa, es muy frecuente.
 
Y, como lo discutiré en un poco más de detalle más adelante, la evolución de la estructura empresarial de los medios ha producido algunos efectos ambiguos en este campo.
 
Sin embargo, en los años recientes los esfuerzos mayores y más dramáticos para restringir la libertad de los medios provienen de grupos sociales distintos al gobierno. Los esfuerzos de algunos grupos empresariales por influir sobre la orientación de los medios, a través del manejo publicitario, fueron denunciados con vigor por Alfonso López Michelsen a comienzos de la década de 1960, quien hablo de una “mano negra” empresarial.
 
El grupo Grancolombiano, a fines de los 70s y comienzos de los años ochenta, hizo grandes esfuerzos por silenciar a El Espectador, como respuesta a la información que daba el periódico acerca de las irregularidades en que había incurrido el grupo encabezado por Jaime Michelsen Uribe.
 
Pero la verdadera tragedia del periodismo colombiano se ha producido por la violencia directa ejercida contra los periodistas, por parte de organismos sociales no estatales. El narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y otros tipos de delincuentes (como políticos corruptos y algunos agentes de la fuerza pública) han participado en el hostigamiento, la amenaza o el asesinato de un número elevado de periodistas.
 
En la mayoría de los casos estos crímenes no se han esclarecido en forma adecuada, y las pruebas que precisen la responsabilidad de sus autores y los motivos precisos de los delincuentes no se han recogido. Sin embargo, es evidente que el mayor riesgo proviene de la revelación de actividades ilícitas de grupos corruptos y del ataque personal y nominal a narcotraficantes.
 
La narración detallada de los incidentes de violencia contra la prensa se ha hecho en varias ocasiones y aquí es pertinente recordar solamente algunos de sus momentos más dramáticos. Entre 1984 y 1990 el narcotráfico trató de silenciar la prensa mediante el asesinato de periodistas de todos los niveles, desde reporteros de la base hasta directivos de alto nivel, como Guillermo Cano, director de El Espectador, asesinado en 1996.
 
Una nueva fase de intensa violencia se vivió en 1995-1998, cuando los paramilitares dieron muerte a periodistas que consideraban simpatizantes o colaboradores, voluntarios o involuntarios, de los grupos guerrilleros: Jaime Garzón es el más conocido de estos. Y desde 1984 hasta hoy, el ejercicio, en las provincias y pequeñas localidades, de un periodismo de denuncia muy polémico y desafiante, ha producido y sigue produciendo, aunque la tendencia ha sido la de una disminución gradual de los incidentes graves, la muerte violenta de algunos periodistas. En resumen, entre 1985 y 2000 unos 150 periodistas fueron asesinados por razones ligadas a su oficio.
 
8. Los cambios en empresas y mercados
 
Por último, es importante discutir el impacto que ha tenido sobre la capacidad de crítica del periodismo el cambio en las estructuras empresariales de los medios. Como se señaló antes, prácticamente toda la prensa colombiana, en Bogotá o en las demás capitales, adoptó, durante la primera mitad del siglo XX , la forma de empresas familiares. El efecto de esta estructura fue permitir a los medios definir y desarrollar sus orientaciones políticas y sus criterios informativos con unos niveles razonables de independencia del gobierno y del poder de los empresarios.
 
Es cierto que se trató de una prensa políticamente comprometida, que este compromiso le daba un sesgo muy grande a sus comentarios editoriales y de opinión y que la información política se seleccionaba y presentaba con indudable parcialidad. En épocas de gran conflicto político, como 1934-36 o 1944-1952, el carácter unilateral de la información política se acentuaba, y adquiría rasgos agresivos en algunos de los periódicos. Pero la multiplicidad de periódicos de perspectivas encontradas ofrecía una opción de pluralismo informativo, y algunos periódicos, en la medida en que se consolidaba un público lector más sofisticado, encontraban que la moderación y el cuidado informativo producían resultados.
 
En el plazo largo, los periódicos que terminaron dominando los mercados de Bogotá, Medellín o Cali, por ejemplo, fueron aquellos que lograron hacer compatible el sesgo partidista con rasgos de pluralismo informativo y con una calidad informativa más alta que la de los otros periódicos.
 
A partir de 1930 un nuevo medio hizo su aparición: la radio. Varias emisoras comenzaron a trasmitir eventos políticos, incluso discursos completos, durante varias horas, de los políticos más populares, y a producir “radio-periódicos” y programas de opinión y comentario, que duplicaban los formatos favoritos de la prensa. La consolidación gradual de emisoras privadas en grandes cadenas (Caracol, RCN y Todelar) abrió el camino a una programación nacional y a un fortalecimiento del impacto de la radio, que se fue haciendo más claro después de 1960.
 
Por otra parte, desde 1954 comenzó la televisión, inicialmente oficial, pero abierta desde temprano a empresas privadas de programación. La televisión y la radio, que podían captar la atención de un público muy amplio, en contraste con el carácter muy minoritario de los periódicos, y que ofrecían alternativas de entretenimiento más variadas, empezaron a convertirse en una competencia importante para los periódicos, sobre todo en la medida en que la publicidad se había ido convirtiendo en la fuente principal de financiación de todos los medios.
 
En efecto, los ingresos derivados de la venta del periódico, que eran parte esencial de la salud financiera de los periódicos, y que se apoyaban en un público cuya fidelidad provenía de la afinidad política y de un juicio sobre la calidad del medio, fueron perdiendo importancia ante la posibilidad de tratar a los lectores ante todo como consumidores: desde el punto de vista económico, el lector es ante todo el objeto de una publicidad que es ahora la que produce la mayor parte de los ingresos.
 
La urbanización acelerada del país a partir de 1930 abrió el camino a públicos nuevos, más numerosos y con una pasión política menos intensa. Para atraer estos públicos nuevos, y en un ambiente en el que la radio y la televisión se mostraban muy aptos para capturar masas de población poco tiempo antes analfabetas, los periódicos se fueron transformando gradualmente. Muchos desaparecieron en el proceso, y los que sobrevivieron, casi siempre sobre la base de un monopolio local, unieron a su información política, algo menos sujeta a sesgos partidistas, una información cada vez mayor sobre áreas como el deporte, la moda o la vida cotidiana, y desarrollaron una miscelánea de secciones más recreativas que informativas.
 
Estos periódicos, que siguen siendo en su casi totalidad propiedad de empresas familiares, aunque ahora mucho más poderosas y ricas, se vieron pues obligados a competir con la radio y la televisión en el campo del entretenimiento, reduciendo el papel de la información y de la expresión de opiniones en el conjunto del medio.
 
Además, radio y televisión, en forma recíproca, empezaron a competir cada vez más con la función informativa de los periódicos. Los noticieros de televisión adquirieron importancia desde la década del sesenta, por lo menos para el amplio segmento de usuarios que no estaba interesado en una información muy variada y amplia.
 
Y desde los ochentas, la radio aumentó aceleradamente su atención a este campo, desarrollando a lo largo de la década formatos más o menos novedosos, con un volumen de información creciente y de muy variado carácter, entrevistas llamativas, campañas cívicas, propaganda encubierta, etc. Estas mezclas de información, entretenimiento y seducción al consumidor resultaron muy exitosas y capturaron segmentos cada vez mayor del público.
 
En este contexto, radio, televisión y prensa han ido borrando, en el marco de un mercado que premia sobre todo los altos volúmenes de audiencia o lectura, las diferencias entre información, opinión y entretenimiento. El impacto sobre la calidad de la información que recibe la sociedad ha sido muy debatido: el tiempo y el espacio para ofrecer un adecuado contexto a la noticia se reduce y noticias e informes “light” desplazan las informaciónes en profundidad, la provisión de contexto a las noticias o el comentario analítico.
 
La radio y la televisión, desde el punto de vista de la libertad de expresión, han estado sometidas a un régimen diferente al de la prensa. En efecto, el estado se ha apoyado en la ficción jurídica de que es el propietario del espectro electromagnético por parte suya para sostener que los medios impresos se pueden crear libremente y actúan protegidos por la libertad de expresión, mientras que el acceso de los particulares a la radio y la televisión es el resultado de una concesión graciosa del propietario del espectro electromagnético, que puede reglamentar su uso y someterlo a las restricciones que considere adecuadas. Sin embargo, aunque no existían bases jurídicas para limitar la capacidad de regulación del Estado, la regulación de estos medios fue moderada, y usualmente dejó un espacio amplio a la libertad de los periodistas.
 
Esto muestra hasta donde el país ha encontrado, en los últimos 50 años, inaceptable el uso del poder estatal para regular los medios: así fuera jurídicamente viable, políticamente era difícil ir más allá de algunas normas fácilmente defendibles, como las que prohibían por ejemplo a los noticieros entrevistas guerrilleros o delincuentes, y que, aunque no se derogaran, dejaban en general de aplicarse rápidamente.
 
La constitución de 1991 cambió en alguna medida la base jurídica de esta diferenciación, pues la prohibición de censura no establece diferencia alguna, y no hay en la constitución bases para pensar que se quería mantener esta diferenciación, al menos con lo que tiene que ver con la libertad de los medios de comunicación periodística.
 
Podría pensarse que el hecho de que la constitución garantizara, sin establecer distinción alguna, la “libertad de fundar medios masivos de comunicación” garantiza al derecho a fundar medios masivos de comunicación radiales, televisivos o en redes como Internet. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional reiteró el principio de que la libertad de crear medios de comunicación no se podía extender a la radio y la televisión, argumentando el carácter público del espectro electromagnético (T-081 de 1993) y el hecho de que las telecomunicaciones han sido definidas por la ley como un servicio público. De este modo, se mantiene una situación en la que el estado reivindica la propiedad del “espectro electromagnético”, (redefinido para incluir tecnologías como las de cable óptico), pero cede su uso en concesión a un conjunto limitado, y de hecho cada vez más oligopólico, de operadores privados.
 
En efecto, la radio y la televisión cambiaron substancialmente su estructura de propiedad en las últimas tres décadas y de cadenas radiales conformadas por emisoras locales, se convirtieron en grandes cadenas controladas por los principales grupos económicos del país. Caracol fue, desde mediados de la década de 1970, propiedad del grupo Santodomingo, mientras que RCN es propiedad del grupo Ardila. Desde 1998 estas dos cadenas radiales adquirieron el control de los principales canales de televisión.
 
En 2003 el grupo Santodomingo vendió a la empresa española de medios Prisa la cadena radial Caracol, en lo que hasta ahora es la única adquisición importante de medios por parte de inversionistas extranjeros. En el mundo de la prensa, El Espectador, derrotado por El Tiempo en su competencia por el mercado bogotano y muy debilitado, fue el primer periódico familiar que terminó en manos de los grandes grupos económicos, al ser vendido al mismo grupo Santodomingo, que no ha logrado recuperar ni su circulación ni sus finanzas.
 
Por otra parte, algunos de los periódicos regionales han cambiado de dueño, y se ha esbozado una tendencia a la formación de cadenas en las que un periódico es dueño de medios en varias ciudades: el caso de Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, dueño de La Tarde de Pereira y de otros periódicos regionales, es sin duda el más significativo.
 
Hoy casi todos los medios hacen parte de conglomerados económicos, aunque algunos, como El Tiempo, se han mantenido casi totalmente dentro del ámbito de los mismos medios de comunicación, pero han diversificado sus áreas de acción a una combinación de prensa, radio, edición general, televisión recreativa e Internet; otros medios hacen parte de grupos que tienen intereses en todas las áreas de la producción nacional.
 
[Semana es un grupo editorial: ha diversificado, como el Tiempo, sus productos, buscando diferentes audiencias, mediante la publicación de varias revistas]. Hacer parte de un grupo económico con intereses en otras áreas, aunque les da fortaleza como empresas, los vuelve vulnerables en términos de calidad e independencia.
 
Sin embargo, estos cambios no han tenido hasta ahora un efecto significativo sobre la conducta de los medios, aunque no faltan señales menores de conflicto o colusión entre la política informativa y los intereses generales de los grupos económicos propietarios de los medios. En el terreno de las relaciones con el gobierno, ha habido algunas muestras preocupantes de interferencia de los propietarios con las políticas editoriales.
 
En efecto, los grandes grupos consideran esencial mantener una relación amistosa con los gobiernos, y están menos dispuestos que los periódicos familiares a permitir que sus periódicos adopten posiciones muy críticas. Por otra parte, a veces la información que publican en relación con sus propias empresas está sesgada por intereses comerciales más que por estrictos criterios de balance informativo, de manera que se hace un eco anómalo a las acciones de las propias empresas, o se ocultan sus dificultades y problemas de servicio y se inflan sus resultados y perspectivas.
 
La pertenencia a un grupo empresarial que más que un compromiso con el periodismo tiene una visión de rentabilidad, puede someter los medios a obligaciones y presiones que restringen sus perspectivas y opciones. La obligación de obtener un determinado nivel de circulación o audiencia produce un ambiente de decisiones empresariales en el que la prensa publica lo que cree que vende, y mira con temor excesivo lo que puede afectar su relación con un grupo de lectores, lo que contribuye a que la prensa pierda decisión y carácter, y busque una línea informativa que no incomode a los lectores, blanda y neutral, o a que subsuma la función de información y opinión bajo formatos de entretenimiento. Una posición como la del fundador de El Tiempo, Eduardo Santos, suena ya totalmente anacrónica:
 
“Cuando me consagré al periodismo sentí que tenía la obligación ética de abstenerme de toda clase de negocios, de no participar en ninguna otra empresa, de no hacer nada que pudiera limitar la independencia de mi periódico. Quise que en él se pudiera escribir sobre toda clase de asuntos sin que pudiera nadie decir que el propio interés inspiraba esos escritos...Se<