01 Agosto - 2020

La Procuraduría formuló cargos a los entonces gerentes titular y encargado de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, Jorge Raúl Ossa Botero y Jaime Gallego López

Aparte de estos 2 funcionarios hay otros 2: La exjefe de la Oficina Asesora Jurídica, María Carolina Carrillo Garay, y a la profesional universitaria de Gestión y Desarrollo de Personal, Liliana María Buitrago Suárez. En total

Procuraduría formuló cargos a cinco funcionarios del Hospital San Juan de Dios del Quindío
 
Escrito por Rubiela Tapazco Arenas
 
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los entonces gerentes titular y encargado de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, Jorge Raúl Ossa Botero, y Jaime Gallego López (2016), y a la profesional especializada, Martha Lorena Arango Ospina, por presuntas irregularidades administrativas. ( Foto en donde aparece tomando el juramento Jaime Gallego, junto a el exmandatario más bruto, torpe, intonso, incapaz, con su propia y genuina  ignorancia supina que haya pasado en todos los 54 años de creación del departamento del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá).
 
La decisión también involucra a la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica, María Carolina Carrillo Garay, y a la profesional universitaria de Gestión y Desarrollo de Personal, Liliana María Buitrago Suárez.
 
La Procuraduría Regional de Quindío cuestionó a los exgerentes titular y encargado, a la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica y a la profesional universitaria de Gestión y Desarrollo de Personal, por presuntamente nombrar y posesionar a Arango Ospina como profesional especializada (e) del área de la Salud código 242 grado 43 de la planta de personal, sin que al parecer cumpliera con los requisitos académicos para ejercer el cargo.
 
A Martha Lorena Arango el órgano de control le reprochó el haberse posesionado sin ostentar título en Medicina, pues tenía formación profesional en Bacteriología y Laboralista Clínico.
 
Para la Procuraduría, los implicados habrían podido vulnerar el principio de moralidad contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política, que exige a los servidores públicos que sus actuaciones se realicen acatando las normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás, para el cumplimiento de la función administrativa.
 
El ente de control calificó provisionalmente la conducta de los investigados como constitutiva de falta disciplinaria grave cometida con culpa gravísima.
 
En ejercicio del derecho a la defensa los implicados podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.