30 Julio - 2018

José Manuel Cortés, director encargado de CRQ, debe salir de la entidad, está comprometido con la Fiscalía

Los quindianos se sorprendieron hoy con una nueva noticia relacionada con la serie de escándalos que arropan la ciudad de Armenia y prácticamente a todo el departamento del Quindío. Se trata del funcionario José Manuel Cortés, quien fue encargado por la destitución del titular de la CRQ, abogado John James Fernández López, pero 20 o 30 días después de ocupar ese cargo el medio la crónica desveló varios líos con la Fiscalía, uno ellos celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los líos jurídicos de José Manuel Cortés, director (e) de la CRQ
 
Fuente: La crónica
 
Cortés, quien ejerce hoy la función de manera provisional en la corporación, está en la lista de postulados para el cargo en propiedad. 
 
Los líos jurídicos de José Manuel Cortés, director (e) de la CRQ
José Manuel Cortés, director encargado de la CRQ.
 
El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, José Manuel Cortés, es uno de los implicados en el proceso que lleva la Fiscalía General de la Nación por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, peculado culposo, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
 
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Cortés, que fue nombrado provisionalmente en el cargo, tras la inhabilidad y suspensión de John James Fernández López el pasado 11 de julio, también hace parte de la lista de 56 postulados para quedar en propiedad en la dirección de la máxima autoridad ambiental del departamento. (Vea: Con 56 inscritos cerró convocatoria para elegir director de CRQ)
 
Dicha investigación, liderada por la Fiscalía 14 Seccional, incluye al exdirector Carlos Alberto Franco y los exfuncionarios Yolanda González, Édgar Giraldo, Carlos Enrique Uribe, Lizandro Muñoz y Gloria Lucía Zapata. Además, están implicados cuatro personas ajenas a la entidad.
 
La primera audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en el año 2014, en la cual ninguno de los investigados aceptó la acusación hecha por el ente investigador. En la diligencia, el juez no pidió medida de aseguramiento en contra de Cortés, pero sí de tres de los implicados. 
 
Cortés le dijo a La crónica que actualmente se encuentra desvinculado del proceso, ya que su caso particular precluyó ante las instancias judiciales.
 
El contrato
 
El contrato que tiene en líos al aspirante a director de la CRQ se celebró en diciembre de 2009, cuando el director Carlos Alberto Franco firmó un convenio con la fundación Mages para la reproducción y propagación de más de 258.000 plantas que se iban a usar para programas de reforestación.
 
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Su desarrollo sería de 5 meses y su valor de $162.414.304, de los cuales la CRQ ponía $145.414.304 y la fundación $17.000.000, la mano de obra y los viveros para las plantas.
 
Según lo relatado en las audiencias, esta fundación no cumplía con los requisitos de ley, y en la intervención del fiscal, este afirmó que fue creada por Giraldo Herrera y por su esposa Yolanda González.
 
 
Medida de aseguramiento
 
En marzo de 2014, un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Carlos Alberto Franco, Yolanda González y Édgar Giraldo, la decisión se tomó antes de que este último decidiera aceptar los cargos imputados. (Lea: Juez envió a prisión a tres exfuncionarios de la CRQ)
 
El juez manifestó que no se requería hacer un análisis para saber que las conductas punibles que les imputó la Fiscalía son graves y de gran impacto en la comunidad, especialmente por el manejo de dineros públicos. Por ello consideró que debían ser privados de la libertad en establecimientos carcelarios.
 
Asimismo, señaló que la decisión que tomó es de carácter preventiva, es decir, para asegurarse de que no obstruirán a la justicia, que comparecerán cuando sean requeridos y porque representan un peligro para la sociedad.
 
Exfuncionarios fueron dejados en libertad
 
En marzo de 2015, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías dejó en libertad a Carlos Alberto Franco, exdirector de la CRQ, y Yolanda González, exdirectora jurídica, por vencimiento de términos. (Vea: Exfuncionarios de la CRQ en libertad por vencimiento de términos)
 
El juez aseguró que se había agotado el tiempo que dicta la ley para iniciarse el juicio oral, y en este caso, ni siquiera se había realizado la audiencia preparatoria.
 
Según explicó la Fiscalía 14 Seccional de Armenia, encargada de la investigación, se trata de un derecho que tienen los procesados contra el que no se puede hacer nada, pues la dilatación del proceso no se dio por cuestiones que involucran a la defensa, la Fiscalía o al juzgado, sino por un tercero, que también se encuentra vinculado al proceso.
 
 
Édgar Giraldo aceptó cargos
 
En abril de 2015, durante la audiencia preparatoria del juicio oral, el exsubdirector de políticas ambientales de la CRQ, Édgar Giraldo Herrera, decidió declararse culpable por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y peculado culposo, por lo que obtuvo una rebaja de más de la tercera parte de la condena. (Lea: Édgar Giraldo, exfuncionario de la CRQ, se declaró culpable)
 
A Giraldo Herrera, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito le impuso una pena de 66 meses, lo inhabilitó por 78 meses y 20 días para ejercer cargos públicos y lo multó con $ 49.000.000. (Vea: Por peculado, 66 meses de prisión para Édgar Giraldo, exfuncionario de la CRQ)
 
En la audiencia, la juez dejó claro que no puede ser inscrito en cargos de elección popular, ejercer como funcionario ni celebrar contratos con el Estado.
 
Además, le negó el derecho a prisión domiciliaria y a vigilancia electrónica, pues así lo exige el Código Penal Colombiano, por lo que debe permanecer en la cárcel La 40 de Pereira —donde está recluido desde marzo de 2014— hasta que termine de cumplir la pena.
 
 
Las pruebas 
En las diferentes diligencias judiciales se han expuesto pruebas desde la Fiscalía y desde la defensa de los abogados, de tal manera que el ente investigador informó tener 66 testimonios y 200 indicios documentales, entre los que se destacan escritos de las campañas políticas de Ana María Arango de Londoño, cuando era candidata a la alcaldía de Armenia, y de su hijo Juan Camilo Londoño, quien se lanzó al Senado. 
 
Asimismo, testimonios de directores y jurídicos de la CRQ y de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, correos electrónicos y actas de posesión, que fueron recolectadas en las diligencias de allanamiento y registro que se hicieron a las viviendas de los acusados.
 
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Esto fue descubierto en la audiencia de acusación, el año pasado, y por ello no se leyeron durante la audiencia, a lo que los defensores no le encontraron reparo y a su vez se comprometieron a no presentar recurso de nulidad durante el juicio por no darle lectura. Además, dejaron abierta la posibilidad de presentar más pruebas en el juicio.
 
En enero de este año se llevó a cabo otra de las audiencias preparatorias del juicio oral en contra de los implicados, en la cual la Fiscalía aseguró haber recolectado al menos 280 pruebas para demostrar la culpabilidad de los exfuncionarios de la CRQ. 
 
 
Tatiana Palacio Mejía