16 Abril - 2018

“Hay que diferenciar entre la legalidad del mecanismo y lo que investigan los entes de control sobre la adjudicación de los contratos de obras”.

“Hay que diferenciar entre la legalidad del mecanismo y los hechos que están siendo investigados por los entes de control, que son exclusiva y directamente relacionados con la adjudicación de los contratos para la construcción de las obras, y no están vinculados con la reglamentación de este cobro”, explicó la directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía, Sandra Mercedes Herrera González.

Valorización en Armenia es un mecanismo legal, ratificado en múltiples ocasiones por los estrados judiciales
 
“Hay que diferenciar entre la legalidad del mecanismo y lo que investigan los entes de control sobre la adjudicación de los contratos de obras”.
 
La valorización es un tributo que se aplica a los propietarios de predios de las zonas influenciadas por las obras de infraestructura que se construyen con estos dineros, es una herramienta de financiamiento legal en Colombia y se ha utilizado en varias ciudades capitales como uno de los principales mecanismos para costear el desarrollo urbano.
 
 Antecedentes
 
En Armenia el cobro de este gravamen no es nuevo, gran parte de las principales vías de la ciudad, 25 años atrás, se construyeron con este sistema hasta que en 1992 dejó de cobrarse. Luego, en 1998 se hizo un intento de revivirla, pero a causa del terremoto de 1999 se cayó el proyecto. Es así, que en los años siguientes, el crecimiento de la ciudad se soportó principalmente en los recursos del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec. Solo hasta el 2014, durante la pasada administración, se retomó por medio de un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, en el que se determinó la financiación de 12 obras con el recaudo de la valorización.
 
 Legalidad del tributo
 
Desde la aprobación del mecanismo, por parte del Concejo Municipal, se suscitó polémica entre algunos ciudadanos inconformes con el proceso mediante el que se llegó al acuerdo y los actos administrativos que la reglamentaron, motivo por el que se generaron diversas demandas y tutelas frente a su legalidad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, tanto en los juzgados civiles del circuito, en primera instancia, como en el Tribunal Administrativo del Quindío, en segunda instancia, se falló en favor del municipio.
 
“Hay que diferenciar entre la legalidad del mecanismo y los hechos que están siendo investigados por los entes de control, que son exclusiva y directamente relacionados con la adjudicación de los contratos para la construcción de las obras, y no están vinculados con la reglamentación de este cobro”, explicó la directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía, Sandra Mercedes Herrera González.
 
Por ello la actual administración, en cabeza de Carlos Mario Álvarez Morales, insiste en la defensa del mecanismo de valorización, recuerda que fue el alcalde quien, por la seguridad financiera del municipio, se negó a firmar seis actas de inicio de obras y solicitó el acompañamiento de los organismos de control.