16 Diciembre - 2020

El latrocinio de la valorización en Armenia

Hace mas de 6 años de manera negligente e irresponsable el Concejo Municipal de Armenia cooptado por medio de puestos y contratos por la alcaldesa Luz Piedad Valencia aprobó en fase 1 sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley en materia contractual y omitiendo la etapa precontractual (los estudios de viabilidad técnica, financiera, legal y ambiental), la contribución de valorización por $126.100 millones para la ejecución de 12 obras con el objeto de mejorar la movilidad vial; que incluía costos financieros por cerca de $19.700 millones.

Alcalde Ríos Morales es un irresponsable por comprometer vigencias futuras
 
Por Gilberto Zaraza Arcila
 
 Como demostración de la imprevisión e improvisación, en el artículo 2º del mencionado acuerdo determinó que el plazo para iniciar la construcción de las obras era de 7 años, representados en 2 años después de cumplido el plazo para recolectar por cuotas la contribución, que era de 5 años, so pena de devolver los valores recaudados.  
 
La alcaldesa violando la ley mediante resolución 003 de noviembre 9 del 2015 aumentó el valor de la contribución a un total de $142.400 millones y estableció en el artículo 3 de la mencionada resolución que el plazo para la ejecución de las obras era de 4 años desde la publicación del presente acto de distribución. Lo que significa que el plazo para la ejecución de las mismas se venció en el 2019. Las proyecciones financieras del municipio eran recaudar con ilegales intereses corrientes $165.000 millones.
 
Al día de hoy solo se ejecutaron mal 3 obras en las que hubo sobrecostos, una de las cuales la reparación de un tramo de la Avenida Centenario, no corresponde a una obra de valorización. Se iniciaron otras 3 que se dejaron abandonadas, con materiales a la intemperie. Y se suscribieron y pagaron 5 contratos por $3.500 millones, para la estructura de los diseños que quedaron mal hechos, según denuncia del exconcejal ingeniero Luis Guillermo Agudelo, ocasionando un enorme detrimento patrimonial. 
 
A la fecha solo se han recaudado $70.800 millones y se han desembolsado $34.000 millones de un empréstito de $70.000 millones, (que sería saldado con la pignoración de la contribución) que se mantiene en caja sin la utilización específica, y por el que se han pagado cerca de $13.000 millones de intereses. Otro increíble e injustificable detrimento patrimonial que sale del bolsillo de los indolentes contribuyentes.   El municipio sigue cobrando la contribución a pesar del incumplimiento y a que es el mayor deudor moroso, ya que no ha cancelado el valor correspondiente a la exoneración a los estratos 1 y 2 que se comprometió a pagar. Por lo tanto, no tiene autoridad moral para cobrar intereses por financiación de la contribución, porque estos costos fueron incluidos en el monto total del derrame.
 
Lo insólito es que después de 6 años ni la justicia, ni los organismos de control, ni los alcaldes, ni el concejo de Armenia, hayan dado una solución definitiva a este vergonzoso atraco a los ciudadanos. Y que estos últimos en una demostración de indignidad y masoquismo sigan pagando la contribución, sin exigir la ejecución de las obras o la devolución del dinero. 
 
Según la Fiscalía se presentó un concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, e interés indebido en la celebración de contratos.  Cinco graves delitos por los cuales le impuso una pena ínfima de 6 años y 5 meses a la exalcaldesa, una multa de $41.000 millones y la devolución de $2.000 millones del desfalco de $22.000 millones realizado al recaudo de valorización. Dinero que al día de hoy no han sido pagados por la condenada. 
 
Además, es imperdonable la ineptitud y la incompetencia de los alcaldes Carlos Mario Álvarez, Oscar Castellanos, José Manuel Ríos y los demás alcaldes encargados que han eludido la responsabilidad y la obligación legal de darle solución a ese entuerto; no hayan realizado los procesos sancionatorios a los contratistas e interventores y no hayan hecho efectivos los seguros que amparaban los contratos y el cumplimiento en la ejecución de las obras. Con esa sola gestión se habrían podido recuperar más de $21.000 millones.  
 
Luego de la audiencia del pacto  de cumplimiento celebrada  el pasado 14 de diciembre, ante el Juzgado Primero Administrativo,  el alcalde presenta una ridícula propuesta que demuestra su falta de capacidad gerencial, de gestión y de ambición. Propone en sus 4 años 2020 - 2023,   recibir 3 obras  terminadas,  la intersección de los Kioscos y la rehabilitación de un tramo de la Avenida Centenario en el 2021, la del deprimido recibirla en el 2022, y hacer una obra más de las 9 restantes sin precisar cuál en el 2023. De manera ilegal e improvidente compromete vigencias futuras  (sin presentar el plan financiero proyectado al 2031) y el tiempo de los alcaldes siguientes (que no cumplirán órdenes de un antecesor);   para que su sucesor haga 4 obras entre el 2024 y el 2027 y el alcalde siguiente haga las 4 obras restantes entre el 2028 y el 2031.
 
Es decir 12 años adicionales a los inicialmente previstos en la resolución 003 de noviembre 9 de 2015, que había fijado 4 años para su ejecución. Las normas son para cumplirlas totalmente y no de manera parcial y según la conveniencia. Si el plazo para ejecutar las obras ya se venció, no se pueden seguir ejecutando con la contribución de valorización, porque no se puede seguir cobrando. Por lo tanto, no se puede aceptar que la resolución es válida en los montos modificados  de la contribución $142.400 millones,  pero no en los plazos de  4 años para la ejecución de las obras.  
 
Al alcalde se le olvida que esos supuestos compromisos dependen de los resultados de la contratación de una consultoría financiera especializada, y de otra técnica y jurídica que le den viabilidad técnica, legal y financiera al cumplimiento del acuerdo 020 del 2014.  Además, que  por los enormes e injustificados  retrasos las  obras  están totalmente desfinanciadas, a la fecha en un monto superior  a los $80.000 millones, y que se incrementará  a medida que pasen los años, por el aumento de materiales, mano de obra y AIU. 
 
Además, si a los $104.800 millones  (recaudado,  más lo desembolsado del crédito), le restamos  $27.000 millones  de  las obras ejecutadas, queda un saldo de $77.800 millones  disponibles en caja; con los que se podrían haber ejecutado varias de las obras prometidas.  Se excusan diciendo que no pueden hacer nada hasta que los jueces no decidan, pero si siguen cobrando la infame valorización.   Lo mejor que puede hacer el alcalde para recuperar la confianza y la credibilidad ciudadana es cumplir sus promesas en sus dos campañas a la alcaldía, de derogar el acuerdo que aprobó la valorización; y seguir el ejemplo del exalcalde de Pereira que por simple errores de formas le tumbaron la contribución, derogó el acuerdo, devolvió el dinero recaudado e hizo las obras con recursos propios. 
 
Lo injustificable, es que la Defensoría del Pueblo  que debía estar defendiendo los intereses de las víctimas, se ponga de defensor de los victimarios, aceptando un compromiso irrealizable, sin ninguna certeza que se pueda cumplir. Ese compromiso es igual a construir una casa en el aire.   
 
El mayor latrocinio realizado en la ciudad por funcionarios públicos con las mayores dignidades y contratistas con la mayor solvencia económica, ameritaban sanciones ejemplarizantes a todos los intervinientes en este gravísimo hecho de corrupción, como los concejales y demás funcionarios públicos que lo cohonestaron y prevaricaron por omisión como el Contralor y la Personera municipal y que hoy gozan de impunidad.   La Fiscalía y los organismos de control premiaron a los delincuentes y desconocieron los derechos de las víctimas.  La justicia esta en mora de fallar estableciendo la ilegalidad del mencionado acuerdo para destrabarlo y sacarlo del limbo.