22 Mayo - 2020

El alcalde de Armenia José Manuel Ríos se enfrenta a señalamientos de la Fiscalía

El material probatorio en poder de la Fiscalía demostraría que algunos socios de la empresa contratista habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.

El material probatorio en poder de la Fiscalía demostraría que algunos socios de la empresa contratista habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales
 
Armenia  |   22 mayo de 2020  |   12:00 AM |  Escrito por Rubiela Tapazco Arenas
 
Por presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por valor de 350 millones de pesos, las autoridades dictarán medida de aseguramiento e imputarán cargos al alcalde de Armenia, otros funcionarios y un contratista.
 
Los hechos que enredan al alcalde de Armenia se materializaron a raíz del Coronavirus, cuando el gobierno de Armenia compró elementos de bioseguridad y desinfección, para atender la pandemia covid-19 en las dependencias de la administración central y en el Municipio de Armenia.
 
El contrato fue firmado el 2 de abril entre el Departamento de Bienes y Suministros del municipio y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, representada por Hernando Pérez Bedoya por un valor de $350 millones de pesos.
 
La investigación revela que la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, tenía como socio meses atrás a Jorge Luis Barrera Chíquiza, quien ejercía como asesor Administrativo del alcalde José Manuel Ríos y tuvo que renunciar a raíz de la denuncia formulada por Alejandro Rodríguez Torrez y publicada por el Quindiano.com.
 
El material probatorio en poder de la Fiscalía, demostraría que algunos socios de la empresa contratista habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
 
El alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales al parecer incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, y peculado en la modalidad de tentativa, en esta investigación se incluyen cinco personas más, cuyas imputaciones se llevarán a efecto según su nivel de participación.
 
Entre tanto en Calarcá fue identificado un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista.
 
Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra alcalde Ríos
 
La Procuraduría General de la Nación como parte del trabajo conjunto del programa ´Transparencia para la Emergencia”, abrió investigación disciplinaria al alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales, y cuatro funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros por más de $1.590 millones de pesos.
 
Se trata de la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez, para la época de los hechos, y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Sambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquiza, para la época de los hechos.
 
El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500 millones de pesos; 02, por $350 millones de pesos; 03, por $300 millones de pesos, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.
 
En cuanto a la alcaldía de Calarcá la Procuraduría abrió investigación al suspendido alcalde Luis Alberto Balsero, por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria por covid-19.
 
La decisión también vincula al secretario Administrativo, José Winser Garzón Tobaría; al subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias, y al contratista, Jhon Jairo Botero Sabogal.
 
El ente de control investiga si el contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 223 del año 2020, se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que solo procede para la adquisición de bienes y servicios para evitar o mitigar el impacto de una emergencia.
 
La Regional Quindío confirmó la suspensión provisional del alcalde Balsero Contreras, y del secretario Administrativo del municipio, José Winser Garzón Tobaría, ante la posibilidad de que su regreso al cargo facilite la reiteración de la presunta falta por la que son investigados.
 
Esta investigación se adelanta por presuntas irregularidades con el contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Región  |   22 mayo de 2020  |   12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas
 
Fiscalía imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento contra el alcalde Ríos y tres funcionarios más de Armenia
 
Medida de Aseguramiento pidió la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales por presuntas irregularidades en procesos de contratación en el marco de la emergencia por el Coronavirus.
 
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento contra el alcalde de Armenia, Quindío, José Manuel Ríos Morales, de Calarcá Luis Alberto Balsero Contreras y 8 alcaldes más del país, por la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
 
Las verificaciones de los investigadores en el caso de Armenia, dan cuenta de presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350 millones de pesos.
 
El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
 
Cinco personas son investigadas en este caso y serán imputadas, entre ellas el alcalde, según su nivel de participación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, y peculado en la modalidad de tentativa.
 
En Calarcá fue identificado un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista y se abrió otra investigación por un contrato de vigilancia.
 
El Fiscal anunció imputaciones y solicitud de medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, entre ellos la directora del Departamento Administrativo de Bienes y suministros de la Alcaldía de Armenia, Quindío, Gabriela Valencia Vásquez, el representante legal de una empresa contratista en Armenia, Hernando Pérez Bedoya y el secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.
 
Se trata de un proceso de moralización de la gestión pública por lo que la Fiscalía imputará cargos y pedirá medidas de aseguramiento contra directivos de los gobiernos de Armenia y Calarcá.
 
Al referirse a las actuaciones del gobierno departamental las autoridades indicaron que en el Quindío no se hallaron contratos con sobrecostos
 
El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid–19.
 
La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.
 
En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, como parte de ese trabajo.