22 Julio - 2017

Denuncian presuntos direccionamientos de contratos por más de 119 mil millones de pesos en las Empresas Públicas del Quindío, EPQ, antigua Esaquín

La antigua Esaquín, Empresa Sanitaria del Quindío, tiene que ser intervenida ya por los entes de control, con medidas fuertes, sin obedecer intromisiones de grupos o movimientos políticos que la han orientado en los últimos años, con cantidades injustificables de asesores, operarios, empleados, funcionarios y contratistas.

Junta Ciudadana denunció presuntos direccionamientos de contratos en la EPQ por 119 mil millones de pesos
 
Las ías tienen la obligación de sancionar en lo penal, disciplinario y fiscal a las directivas de la EPQ, Empresas Públicas del Quindío, antigua Esaquín, Empresa Sanitaria del Quindío, por los pésimos manejos denunciados por la junta ciudadana y que uno de sus voceros, Alejandro Rodríguez Torres, afirmó un presunto fraccionamiento o direccionamiento de contratos por unas cifras muy altas, entre los años 2012 - 2015, suscribieron contratos por $ 119 mil millones de pesos.
(  En la foto participantes del cabildo abierto en la Asamblea del Quindío, las denuncias que hizo la junta ciudadana tienen preocupados a los usuarios de la antigua Esaquín, Empresa Sanitaria del Quindío, por la pésima calidad del agua y el despilfarro de dinero en presuntas contrataciones direccionadas, por más de 119 mil millones de pesos, entre los años 2012 - 2015, aquí debe caer sin ninguna consideración o contemplación el peso de la ley, castigos penales, disciplinarios y fiscales a los responsables, además sin importar a que grupo o movimiento político pertenezcan sus funcionarios, empleados, asesores y contratistas. Estas cuevas de Rolando se tienen que acabar, lo mismo el compadrazgo y los fines politiqueros para favorecer a quienes aspiran a cargos públicos de alto rango o también aquellos que en campaña electoral buscan el favor popular para un Concejo, Asamblea, Cámara o Senado).
 
Otra medida de urgencia manifiesta es proveer de agua potable a todos y cada uno de los usuarios de la EPQ para que no se presenten consecuencias lamentables en la salud de niños, jóvenes, adultos y ancianos; también que el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá no se precipite en nombrar por decreto una nueva junta directiva, que espere los resultados de todas estas denuncias recibidas por el Viceprocurador General de la Nación, que él indique que se debe hacer con esta empresa prestadora de servicios de acueducto a varios municipios del Quindío.
 
En cabildo abierto, gobernador dijo que nombrará junta de EPQ por decreto
 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, anunció este viernes que nombrará junta directiva de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, por decreto.
 
Las declaraciones se dieron durante el cabildo abierto que se desarrolló en la asamblea departamental. “Con base en tres conceptos de las superintendencias de Servicios Públicos y Sociedades, he decidido nombrar nueva junta directiva por decreto. Además, quiero solicitarle personalmente al presidente de la cámara de comercio que sea él quien revise y decida sobre la inscripción de la misma en el registro mercantil”, afirmó.
 
Aseguró que la determinación está relacionada con sus funciones como cabeza del departamento y en atención de la necesidad de mejorar la administración y la prestación del servicio de agua potable en nueve municipios.
El mandatario manifestó que va a denunciar a la funcionaria encargada de ese registro en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq. 
 
“He decidido denunciar a la trabajadora para que sea investigada disciplinariamente por no haber realizado el registro del acta y tenernos en una situación de ingobernabilidad de las empresas públicas, por lo que todos los días la entidad vale menos. A nosotros como accionistas mayoritarios nos toca asegurar la prestación de un servicio de agua potable y su calidad”. 
 
Agregó: “No creo necesario hablar sobre si la empresa está bien o mal manejada, si la anterior administración reformó sus estatutos una semana antes de entregarme el cargo, con el fin de asegurar su manejo, o que si lo que buscaba era crear este caos administrativo que hoy tenemos.
 
Eso lo decidirá la Procuraduría, ya que hace más de seis meses conoce varias denuncias de parte y parte. A mí me corresponde darle viabilidad administrativa inmediata para que no se suspenda la prestación del servicio de agua y que no caiga en una causal de intervención, para que lleguen desde Bogotá a manejar el principal patrimonio de los quindianos. No me gusta la privatización y no estoy buscando eso”.
 
“No soy corrupto”:
James Padilla, gerente EPQ 
 
En su intervención, James Padilla García, gerente de EPQ, aseguró que se siente confiado de sus actuaciones como directivo de la empresa. “Quiero decir que ni yo, ni las personas que me apoyan, somos corruptos. Llevo 18 meses al frente de la entidad, luchando con las uñas y hoy es mi oportunidad para decirle a la junta directiva y al gobernador que nos apoye. No podemos dividirnos en un revanchismo absurdo como el que hemos vivido en los últimos tiempos.".
 
"Me da mucha tristeza ver que me presentaron como si encabezara un organigrama de una organización delictiva”. Indicó que está dispuesto a responder ante cualquier entidad de control y hacerle frente a sus responsabilidades.“Si encuentran alguna falta, yo atenderé mis responsabilidades ante cualquier ente de control. Estaré ante la junta directiva para asumir mis acciones, pero tengo la satisfacción de saber que no he actuado mal hasta hoy”. 
 
Agregó: “Como todos saben, encontré muchísimos problemas con la antigua Esaquín y las quejas son constantes. Llegué a trabajar con un grupo que ya se había preestablecido, teniendo en cuenta una reestructuración administrativa que se había presentado”. 
Padilla García también pidió disculpas a los usuarios. “Le digo a la comunidad que, si le he fallado, es el momento de presentarle mis excusas.
 
Con toda mi humildad decirle al señor gobernador que aquí no hay revanchismos. Estamos de acuerdo con que no vamos a permitir la privatización. Le quiero pedir perdón a la gente a la que no le hemos cumplido durante muchos años. Ahora estamos en otra tónica, hemos mejorado y nuestros empleados y los alcaldes lo saben.
 
Hemos sido respetuosos ante los llamados y las necesidades de la ciudadanía”. Habló sobre el tema del marco tarifario: “Nosotros tenemos que cumplir una normativa y entre más nos demoremos en aplicar el nuevo marco tarifario vamos a estar sometidos a una sanción. El problema estuvo en quién era la persona competente para hacer esa resolución, yo soy el representante legal y así interpretamos los estatutos.
 
De ahí resultó la inconformidad de la junta, que dijo que la competencia era de ella. En esos ‘ires y venires’, hemos estado intentando llegar a un acuerdo, yo finalmente derogué la resolución y estamos mirando estrategias”. El lunes 24 de julio, la segunda parte de lo expuesto en el cabildo abierto realizado este viernes en la asamblea departamental sobre la situación actual de Empresas Públicas del Quindío, EPQ.
 
Denuncias de la junta ciudadana 
 
Alejandro Rodríguez Torres, miembro de la junta ciudadana y promotor del cabildo abierto, denunció irregularidades en la contratación de EPQ. 
 
“Como junta ciudadana cumplimos con el proceso de investigar, ahora deben ser los órganos de control los que deben darle el carácter vinculante, a través de las acciones penales, disciplinarias y fiscales. De todas las afirmaciones tenemos pruebas. Estamos hablando de un presunto fraccionamiento o direccionamiento de contratos por unas cifras muy altas. Según el sistema de información, en la vigencia 2012 – 2015 se suscribieron contratos por $119 mil millones”.
 
Explicó que tiene evidencias para decir que cerca de 35 empleados de EPQ están vinculadas política o familiarmente con la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio. “Sabemos que hay al menos 35 personas que están vinculadas a EPQ y tienen relación alguna con la exgobernadora, el director de la CRQ, James Fernández, César Augusto Pareja y Sandra Milena Gómez Fajardo. ( En la foto, César Augusto Pareja Giraldo y Sandra Paola Hurtado Palacio). Sandra Paola desea aspirar a Senado, pero con tantos escándalos su nombre no aparecerá en el próximo debate electoral, esperaría para presentar de nuevo su nombre a la gobernación del Quindío).
 
Gran parte de los funcionarios del gobierno anterior, como secretarios de despacho y jefes de oficina, están hoy en la empresa de servicios públicos como trabajadores de planta o contratistas”. Rodríguez indicó que la Contraloría fue puesta al servicio de la entidad. “Es bien grave que coloquen al servicio de unos particulares o políticos un órgano de control como la Contraloría, pero llama la atención que los contralores provinciales ejercieron, uno como secretario general de EPQ y el otro como asesor del despacho del gobierno anterior”.
 
Explicó que en los últimos cuatro años, la institución suscribió 1.942 contratos que ascienden a $119 mil millones. “EPQ pasó de ser una empresa de servicios públicos a una entidad receptora de convenios interadministrativos. Hay un tema particular con Blanca Rocío Zuleta, quien hoy es funcionaria de EPQ y fue directora del PDA hasta marzo de 2016, de allí pasó a la Contraloría. El tema de salarios en la empresa se incrementó un 746%”. 
 
“Procuraduría valorará la decisión del gobernador” 
 
El viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, aseguró que se estudiará la validez del nombramiento de la junta directiva por decreto, que anunció el mandatario departamental. 
 
“El ministerio público garantizará lo que aquí se debatió. Nosotros no podemos exponer criterios que comprometan nuestro juicio, pero sí nos corresponde comprometerlos a acelerar la toma de decisiones. El gobernador anunció una determinación y habrá que valorarla, los caminos jurídicos están ahí y la Procuraduría asume y expresa su compromiso de hacer seguimiento a todas las acciones de orden disciplinario, preventivo y de intervención que sean requeridas”.
 
Afirmó que de las seis quejas que se han radicado a nivel territorial, una de ellas fue trasladada al nivel central en Bogotá. “Hemos recogido todas las observaciones, quejas y demandas que aquí se hayan planteado. Requerimos a la asamblea que nos haga llegar la información, la grabación, los antecedentes y la lista de asistentes.
 
Teniendo en cuenta la excusa que presentó el alcalde de Pijao, hay que recordar que no concurrir a una audiencia de cabildo abierto, sin justa causa, es una falta gravísima”. Cortés González explicó que se conformará una comisión especial de trabajo que aborde tres componentes de intervención inmediata.
 
“El primero es la evaluación de quejas y actuaciones disciplinarias que están en curso y que surjan de este cabildo, con el fin de determinar si es necesario, adecuado y conveniente trasladar alguna al nivel nacional, y cuáles continúan su trámite en el orden territorial.
 
Segundo es establecer un plan de trabajo que nos permita, de manera inmediata, entrar a resolver las situaciones que estén actualmente en la mesa. La comisión tendrá como misión un acompañamiento de orden preventivo inmediato con presencia de nuestros procuradores judiciales, administrativos y civiles, para evaluar la situación de orden comercial, estructural y de organización, que nos permita como Procuraduría realizar las observaciones, solicitudes, requerimientos o peticiones de suspensión, con miras a lograr un propósito de gobernanza y gobernabilidad de la empresa”. 
 
Agregó: “También se hará una función de intervención judicial que tendrá en cuenta la posibilidad de que uno de nuestros procuradores judiciales concurra en el interior de las actuaciones penales, administrativas y laborales que se ventilen en el departamento, en orden a la situación que se ha planteado en el cabildo abierto. Tenemos que resolver de manera rápida la situación tanto disciplinaria como de prevención y fijar pautas”.
 
Tatiana Palacio Mejía
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