16 Mayo - 2020

Denuncian presunta irregularidad en contrato de vigilancia con la CRQ

Las denuncias hacen alusión en la falsedad de un documento en el contrato de vigilancia privada para la CRQ. La corporación también puso en conocimiento de la Fiscalía la posible falta de una de las empresas de vigilancia participantes en la licitación.

Las denuncias hacen alusión en la falsedad de un documento en el contrato de vigilancia privada para la CRQ.
 
Autora: Lily Dayana Restrepo
 
La corporación también puso en conocimiento de la Fiscalía la posible falta de una de las empresas de vigilancia participantes en la licitación.
 
En la Fiscalía General de la Nación reposa una denuncia por presunta falsedad de documentos, presentada por una empresa de vigilancia que participó de la convocatoria de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada fija y permanente con armas para los bienes muebles de la entidad.
 
El contexto
 
La CRQ hizo una licitación pública para contratar los servicios de vigilancia por valor de $550.530.444 por prestación de servicios por 365 días desde el 6 de marzo, para lo cual participaron 2 empresas, una vez agotados todos los procesos se eligió una de ellas.
 
Sin embargo, la entidad que no quedó seleccionada hizo la observación en la audiencia de acreditación de una irregularidad en la fecha del pago de la póliza de la propuesta de la entidad seleccionada. Dicho asunto fue allegado a la Fiscalía por el mismo quejoso.
 
Falsedad en documento
La empresa de vigilancia denunciante argumentó que dicha queja también fue dada a conocer a la Procuraduría General de la Nación.
 
La presunta falsedad hace referencia al recibo de pago de la póliza de garantía de seriedad de la propuesta de la oferta presentada por la empresa seleccionada, “la cual, en virtud de la carencia a la hora de efectuar la acreditación de la misma a la fecha de cierre del proceso de selección —21/02/2020— allegó certificado de pago con esta fecha. Sin embargo, de conformidad con el recibo de pago emitido por Seguros del Estado S.A., se tiene que la misma fue pagada el día 28 de febrero de 2020”, declara el quejoso.
 
Agrega que con relación a lo anterior, se tiene que el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, prohíbe la acreditación de circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre de los procesos de selección, prohibición en virtud de la cual se estima fuere efectuada la presunta falsedad.
 
De igual forma, señala: “Contrario a lo manifestado por el director de la CRQ, dentro del trámite licitatorio se allegó el certificado de pago por parte de la empresa de vigilancia, dentro del término de traslado del informe de evaluación y con posterioridad, en desarrollo de la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta, se corrió traslado del recibo de pago que daba cuenta de la presunta falsedad, sin que al respecto se hiciera valoración alguna”.
 
CRQ no es competente
 
Sobre el asunto, el director de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, confirmó que el contrato es para contar con los servicios de vigilancia y destacó que la corporación inició el proceso de contratación en el marco de la ley.
 
“El día de la audiencia de acreditación, la empresa denunciante argumentó que hay un documento falso, que es el recibo de pago de la póliza de seriedad de la propuesta. Sin embargo, la señalada entidad aportó la certificación de que pagó la póliza en el tiempo debido”, argumentó el directivo.
 
Mencionó que las 2 empresas están hablando de 2 documentos diferentes, uno que se hace extemporáneo, pero la aseguradora certifica que pagó en el tiempo, así que “no se está hablando del mismo documento. Por ello, se continúo el proceso y lo adjudicó porque la CRQ no es la competente en confirmar la veracidad de un documento”.
 
Cortés Orozco resaltó que una vez terminó la audiencia, a los 4 días siguientes la CRQ compulsó copias a la Fiscalía para verificar si es veraz dicho documento “y si hay falencia, el privado debe asumir la responsabilidad y se tendrá que declarar la caducidad del contrato. Estamos en manos de la Fiscalía para que sea ella la que determine si es legal o no el documento”, explicó.