26 Julio - 2017

Cuestionado el POT de Armenia

La revista Semana dedicó un completo análisis del POT de Armenia y de otros lugares de Colombia. En nuestro sentir hay mucha tela que cortar y compartimos el análisis de Semana.

Autoridades locales dicen que en Armenia no hay corrupción en el POT
    
En el concejo municipal se debatió este martes sobre la planificación urbanística como antesala a la revisión que se realizará del plan en la capital quindiana.  Ante el anuncio de la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación  a casos de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, en Quindío, Casanare y Cundinamarca, diferentes autoridades en Armenia aseguraron que en la capital del departamento se ha cumplido con la normatividad establecida. 
 
Según una publicación realizada por la revista Semana, en ciudades como Armenia se destruyen las fuentes hídricas y el Paisaje Cultural Cafetero con la construcción de edificios en las rondas de los ríos y quebradas.
 
“Los POT se convirtieron en el motor principal de la corrupción a nivel urbano. Una mancha que se extiende por todo el país y viola todas las normas ambientales. Y las autoridades de esa materia miran para otro lado”, aseguró al medio nacional el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
 
La crónica se contactó con Diego Trujillo, procurador del Eje Cafetero, quien manifestó que la entidad no entregará información a los medios de comunicación hasta tener resultados concretos de la investigación que inició la semana pasada. 
 
Carlos Alberto Mendoza Parra, secretario de Planeación de la capital quindiana, dijo: “Armenia no está dentro de ese paquete. En cuanto al ámbito ambiental, como lo dijo el procurador, es un tema de todo el país.  Estamos trabajando en eso”. 
 
El jefe de la cartera municipal indicó que además de trabajar en el POT, se enfocan en redefinir el Plan de Ordenamiento Zonal de la avenida Centenario en busca de las posibilidades de acceder al paisaje. Además, estructuran un proyecto para reconvertir a Armenia en una ciudad verde. 
 
Diego Torres Vizcaíno, presidente del concejo municipal de Armenia, señaló que en 2016 se había solicitado por parte de la administración municipal la incorporación de algunos predios rurales en el perímetro urbano para ser construidos, pero el concejo municipal realizó un estudio y el proyecto fue negado. 
 
“Podemos decir que el concejo fue responsable y que no se afectó la condición psicosocial del municipio. Este año nos corresponde revisar nuevamente el POT, esperamos realizar la actividad en septiembre, la cual nos va a permitir analizar las fichas normativas del municipio, el recurso hídrico y el medio ambiente”. 
 
Torres Vizcaíno precisó que para el año 2019 se deberá realizar, por parte de la administración y del concejo municipal, la revisión a mediano plazo que va a permitir prepararse para la reforma del POT en 2023. 
 
El curador segundo de Armenia, José Élmer López Restrepo, resaltó que generar acusaciones a la ligera y sin precisar dañan la imagen de toda la región. 
 
“Considero que si hay funcionarios que realicen prácticas indebidas, que investiguen y si es el caso, que los sancionen. El Quindío tiene planes aprobados en la primera generación a principios de 2000 después del terremoto, el único que avanzó a segunda generación es el de Armenia. Los municipios tienen falencias en recursos, un POT vale de $800 millones para arriba y las alcaldías no se pueden gastar el 40% del presupuesto en esto”. 
 
Margarita María Pino Ramírez, curadora primera de Armenia, dijo que ante el crecimiento acelerado de Armenia, temas como el detrimento de los recursos naturales están generando muchas inquietudes, sobre todo con el caso de la avenida Centenario. 
 
“Actualmente, la norma urbanística contenida en un decreto que aprobó el Plan de Ordenamiento Zonal da cabida a la habilidad de unos predios. Los proyectos que han sido construidos en ese sector cumplen y respetan la norma. Si del estudio y la modelación que haga la administración resulta que hay que ajustar la reglamentación, pues habrá que hacerlo”. 
 
César Augusto Mejía Urrea, presidente de Camacol Armenia, explicó que las construcciones que se están realizando en Armenia cumplen la norma establecida en el POT que fue aprobado en 2009 y que actualmente se encuentra vigente.  
 
“La norma señala que hay unos aislamientos de las quebradas en 15 metros a cada lado y en los ríos de 30 metros y este requerimiento ha sido respetado por los constructores. No solo tenemos esa distancia del eje de las quebradas sino que también tenemos un modelo de ocupación que existe en la ciudad y es que dependiendo de la altura de la construcción que se vaya a ejecutar hay que dejar otro retroceso de acuerdo con el modelo de altura entre 4 y 12 metros lineales, por lo tanto, las construcciones de más de 5 pisos quedan a una distancia de cerca de 27 metros. No es cierto que en la capital quindiana se construya en las rondas de las quebradas y los ríos”.
 
Protección ambiental
 
John James Fernández López, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, explicó que trabajan en la protección de las rondas hídricas y los humedales. 
“La Fiscalía y la Procuraduría han señalado a nivel nacional que esto hace parte de un fenómeno de corrupción de los POT en unas alianzas perversas donde mencionan, de una manera muy general, a constructores, alcaldías y autoridades ambientales. Nosotros trabajamos en su protección”. 
 
El director indicó que en el memorando número 5 de abril de 2017, la Procuraduría advierte a gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, corporaciones autónomas sobre la necesidad de hacer respetar las franjas de protecciones de coberturas forestales vegetales de 30 metros o en su defecto iniciar las acciones disciplinarias correspondientes para quienes omitan el cumplimiento del mandato.
 
“Nosotros le vamos a conceder una importancia particularmente al tema del agua frente al relacionamiento de oferta y demanda de la cuenca hídrica del río Quindío. Los estudios que tiene la corporación nos han permitido entregar un análisis serio sobre lo que tiene que ver con el manejo del afluente desde el año 2009 hasta el 2014 donde en épocas neutras tenemos problemas de desabastecimiento muy grandes, más allá de los fenómenos de variabilidad que pudiéramos tener en la mayoría de los meses del año”. 
 
Carlos Alberto Hurtado Plazas, gerente de Empresas Públicas de Armenia, EPA, expuso que el río Quindío tiene un caudal medio de 2,13 metros cúbicos y cuenta con 1.700 litros por segundo. 
 
“Armenia hoy necesita 860 litros por segundo. Hasta el año 2047 necesitaríamos cerca de 1.100 litros por segundo, lo que quiere decir que en este momento, en la mayoría de tiempo, tiene caudal sobrado. La ciudad puede seguir creciendo”. 
 
Debate sobre planificación urbana
 
Julián Andrés Acosta Cortés, concejal de Armenia por el partido Mira, fue el ponente del debate sobre planificación urbana que se realizó ayer. 
 
En el encuentro secretaría de planeación, curadurías, autoridad ambiental, EPA, Tránsito, entre otros, expusieron sus observaciones frente al desarrollo de la capital quindiana. 
 
“Convocamos el debate porque hay una preocupación por el boom que se ha venido dando con la construcción. El tema principal es el recurso hídrico, actualmente en capacidad no tenemos inconveniente, pero a 10 años cuál será el comportamiento del río Quindío que es nuestra única fuente del líquido. Si crece la ciudad hay más usuarios pero el afluente hídrico es el mismo y este siempre será limitado en el tiempo”, explicó Acosta Cortés. 
 
Con el encuentro se buscó contar con el punto de vista de los diferentes sectores para así marcar el punto de partida de la planificación de temas como vías, colegios y la avenida Centenario donde se están vertiendo aguas residuales.
 
“A la par de las construcciones tienen que haber parqueaderos, parques que sean para la ciudad y la gente. Ahora viene una oportunidad muy grande con la revisión del POT. Esas falencias que nosotros tenemos las podemos ajustar. Lo que queremos es que la construcción sea planificada y que tengamos una ciudad con calidad de vida”. 
 
‘Volteo de tierras’ en POT de Cundinamarca
 
Se ha detectado una modalidad que desfigura a las ciudades denominada ‘volteo de tierras’ , donde alcaldes y concejos municipales hacen ajustes en el uso de suelos. En municipios como Mosquera y Cajicá en Cundinamarca se ha identificado el fenómeno. 
 
Para el caso de Mosquera, el 30 de diciembre de 2009, el alcalde Luis Álvaro Rincón Rojas y el concejo municipal aprobaron el proyecto para que una vía estratégica pasara por una zona rural que quedaba incorporada al suelo urbano. En esa zona, un lote que costaba $1.200 millones, en vísperas de Año Nuevo ya valía $3.800 millones, así lo informó Semana.
 
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El otro caso fue el de Cajicá donde no solo se agregaron al perímetro urbano parcelas próximas sino que se detectaron fincas totalmente alejadas ahora habilitadas para desarrollar proyectos urbanísticos.
 
En Tenjo, Tabio, Cota, Chía, Facatativá, Funza, Madrid y La Calera, las autoridades están revisando las actuaciones en torno a sus POT. 
 
Redacción
La crónica
 
El escándalo de los POT ‘mágicos’
 
Empezó a emerger la punta de un auténtico iceberg de corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial (Pot), amañados para ensanchar áreas urbanas y enriquecer a unos pocos con consecuencias nefastas para millones de ciudadanos. Caerán muchos alcaldes.
 
Corrupción en los Planes de Ordenamiento Territorial Los terrenos rurales incorporados al perímetro urbano elevan exponencialmente su valor en detrimento de la calidad de vida de todos, afectando el medioambiente y con altos riesgos.
Decenas de alcaldes locales encontraron una fórmula mágica para enriquecerse. La llaman ‘volteo de tierras’ y consiste no en desfalcar el erario, sino en desfigurar a la ciudad misma.
 
La receta es tan simple como silenciosa: entre los asuntos que cotidianamente tramitan los alcaldes y los respectivos Concejos Municipales se introducen propuestas de ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Parecen reformas menores, pero escondida va alguna que hace el milagro. Así, de la noche a la mañana, el municipio amanece con variaciones en el uso del suelo, de tal forma que terrenos que eran agrícolas se agregan al perímetro urbano con todo lo que ello implica. El propietario de esa faja de tierra se acuesta como agricultor y despierta convertido en rico urbanista.
 
El exalcalde de Mosquera Luis Álvaro Rincón Rojas fue el primero en ser llamado a rendir cuentas ante la Justicia por esta modalidad emergente de corrupción. El mandatario de este municipio, vecino occidental de Bogotá, frotó la lámpara el 30 de diciembre de 2009. Ese día el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado Rincón, en virtud del cual modificó el POT para que una vía estratégica pasara por una zona rural que quedaba incorporada al suelo urbano. El ‘volteo’ de esa tierra hizo el milagro: el lote, que costaba 1.200 millones, en vísperas del Año Nuevo ya valía 3.800 millones. Y el afortunado propietario resultó ser el propio alcalde Rincón, por lo que se solicitará su detención.
 
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Además del exmandatario, la Fiscalía llamó a audiencia de imputación de cargos –por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito– a su esposa, Edith Rocío Peñuela, al exinspector de Policía Wilson Romero Castro, al concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y al contratista Ernesto Pinto Salazar. En la audiencia, programada para el martes 25 de julio, el ente investigador expondrá los intríngulis del caso en el que la esposa de Rincón se habría prestado para aparecer como la compradora del predio mientras que el concejal y el inspector sirvieron de intermediarios. La Fiscalía cuenta con pagarés por al menos 40 millones de pesos a favor de Castellanos, quien habría sido determinante en el milagroso negocio del exalcalde y su socio Pinto.
 
Pero el caso de Mosquera es apenas uno. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura que “lamentablemente los POT, instrumentos de planeación, se están usando como mecanismo de corrupción. Además de la de Mosquera, tenemos 31 investigaciones en curso sobre esta materia”. El fiscal le precisó a esta revista que 31 investigaciones significan igual número de municipios bajo la lupa. Una buena cantidad de estos está en el entorno de Bogotá. Y la explicación es que debido a la falta de tierra en la capital los municipios de la sabana se convirtieron en una opción interesante. Pero lo que debería ser una valiosa oportunidad de desarrollo a mediano plazo, se está tornando en un inminente colapso por cuenta de las manipulaciones de los POT.
 
“Hemos evidenciado un ‘modus operandi’ en el que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado, sin vías, sin servicios, sin espacio público y sin tratamiento de aguas residuales, y esos son problemas que harán colapsar los municipios”, explica el senador Carlos Fernando Galán, quien ha investigado el fenómeno en 15 municipios de Cundinamarca. El senador, tras más de un año de indagaciones, encontró algo tan escandaloso y amplio que decidió ponerse en contacto con la Fiscalía y trasladó allí documentos, entrevistas y hasta testigos de todo lo que estaba ocurriendo.
 
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Pero las carpetas y demás información llegaron a la Unidad contra la Corrupción, hasta hace unas semanas coordinada por Gustavo Moreno. Como se sabe, este fiscal cayó por recibir coimas en Miami del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, sindicado por 20 delitos. Ahora Moreno afronta un proceso en Colombia al tiempo que Estados Unidos lo requiere en extradición. Tras la captura de Moreno, el senador Galán se comunicó con el fiscal general quien le anunció que él mismo estaba revisando el asunto de los POT, y que pronto se conocerían las primeras determinaciones. Con el llamado a imputación contra el exalcalde de Mosquera el fiscal general está cumpliendo su palabra. Vendrán más determinaciones.
 
De los municipios vecinos de Bogotá, el caso de Cajicá ha llamado en particular la atención. Allí el ‘volteo de tierras’ fue aún más exótico. No solo se agregaron al perímetro urbano parcelas próximas a este, sino que se han detectado fincas totalmente alejadas ahora habilitadas para desarrollar proyectos urbanísticos.
 
Las autoridades, por ejemplo, indagan la operación que se dio sobre un terreno de 58 hectáreas de suelo agrológico transformado en área urbanizable, en donde se proyecta construir cerca de 10.000 viviendas nuevas en torres de hasta 8 pisos. El entonces alcalde Óscar Mauricio Bejarano expidió el 22 y 30 de diciembre de 2015, a una semana de terminar su mandato, dos planes parciales que permitieron semejante revolcón. Además, justo el 30 de diciembre la CAR emitió un concepto preliminar, pero se requería una resolución definitiva. Bejarano le dijo a Semana que las fechas del trámite no tienen nada de raro, y que el alcalde actual bien puede anular los planes parciales (6 en total) expedidos por su administración. “Lo que concreta una obra es una licencia de construcción y no expedimos licencias”, sostiene. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría tienen investigaciones abiertas para determinar hasta dónde los planes parciales de Bejarano afectaron a cerca de 60.000 habitantes de Cajicá.
 
En Tenjo, Tabio, Cota, Chía y Facatativá, al norte de la capital, Funza y Madrid, al occidente, y La Calera, al oriente, las autoridades están revisando las actuaciones en torno a sus Planes de Ordenamiento Territorial. Pero el lío trasciende la sabana de Bogotá. La Procuraduría ha detectado tres departamentos con una situación particularmente crítica: Cundinamarca, Quindío y Casanare. El Ministerio Público prepara un esquema de intervención preventiva que extenderá a todo el país. Los POT se convirtieron en el motor principal de la corrupción a nivel urbano. Una mancha que se extiende por todo el país y viola todas las normas ambientales. Y las autoridades de esa materia miran para otro lado”, asegura el procurador Fernando Carrillo.
 
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Efectivamente, las autoridades han encontrado que típicamente la manipulación de los POT se logra gracias a componendas entre la respectiva Alcaldía, la Corporación Ambiental Regional (CAR) y las mafias de constructores. Las consecuencias de ese perverso maridaje ya se ven. No solo aparecen urbanizaciones carentes de agua potable, redes de alcantarillado y fluido eléctrico, sino trancones monumentales en municipios que no los conocían. Incluso se destruyen las fuentes hídricas como en Armenia, cuyo paisaje cafetero es patrimonio de la humanidad, y en donde se están levantado edificios en las rondas de los ríos y quebradas.
 
El país vio uno de los resultados más penosos del desorden territorial en Mocoa, Putumayo, en abril pasado. La Procuraduría adelanta una investigación para determinar cómo se modificó allí el POT para permitir urbanizaciones en las laderas del río. Esa medida le costó la vida a más de 300 personas sepultadas en la avalancha.