28 Mayo - 2020

Covid19 y corrupción en el Valle del Cauca

La Contraloría General de la Republica ordenó la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal por casi 4 mil millones contra la actual Gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldan por irregularidades en la contratación para atender los problemas derivados de la presencia del coronavirus en el territorio, que ha alcanzado cifras cercanas a los 100 mil millones de pesos en pocos días y con especial favorecimiento de las Fuerzas Armadas.

 Por Horacio Duque Giraldo
 
El sistema de contratación de la señora Roldan tiene sus antecedentes en su oscura gestión de Coldeportes en Bogota, que le generaron diversas investigaciones de la Procuraduría General de la Nación aún pendientes de resolución y pronunciamientos.
 
Roldan es parte de una plataforma politica mafiosa conocida con el Clan político de la exgobernadora Dilian Francisco Toro y llego a su actual cargo con el respaldo de dicho Clan que focalizo gigantescos recursos clientelares para inducir la votación en favor de esta ficha politiquera regional, que construyo una alianza politica con el actual Alcalde de Cali, el señor Jorge Ivan Ospina y con el ex vicepresidente Angelino Garzón.
 
Veamos en primer lugar una breve radiografía del Clan mafioso de las señoras Toro y Roldan.
 
Clan Toro/Roldan.
 
En el Valle del Cauca controla el poder político regional el denominado Clan político de la ex gobernadora Dilian Francisco Toro, caracterizado como un conglomerado político tejido por esta ficha politica con múltiples hilos anclados en las sombras mafiosas de la region que fue el imperio de los Carteles coqueros del Valle del Cauca y del Norte de la misma region y de sus sucesores económicos y politicos gravitando con su financiación las recientes campañas electorales con cifras cercanas a los 20 millones de dólares pendientes de ser canceladas por sus beneficiarias.
 
León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación ha hecho recientemente una importante caracterización de este bloque político, parlamentario, económico y burocrático imperante en el departamento del Valle del Cauca.
 
Valencia indica que Dilian Francisca Toro Torres es la baronesa electoral del departamento del Valle del Cauca. Actualmente se considera la mujer más poderosa de la región, con aspiraciones presidenciales, y quien mueve las maquinarias con mayor aceite clientelar. Toro, orquesto y proyecto  su reemplazo con Clara Luz Roldán, quien se alzó con la Gobernación mediante una votación cercana al millón de votos en las elecciones del pasado 27 de octubre mediante el aprovechamiento monopólico de los recursos de la administración departamental.
 
Toro, agrega Valencia, inició su carrera política en el Partido Liberal, y llegó a ser concejal del municipio de Guacarí de donde es oriunda. Dos años después fue alcaldesa allí y luego saltó al Congreso después de que su esposo dejara la curul.
 
Es prima del condenado por el proceso 8.000, Carlos Herney Abadía, y esposa de Julio César Caicedo Zamorano ex congresista liberal de Palmira, también vinculado al mismo proceso desatado por el Cartel mafioso de los Rodriguez Orejuela. Al tiempo que iniciaron las investigaciones contra Caicedo, este se retiró del Congreso y en la contienda de 2002 lanzó a Toro al Senado, esta vez por el Partido de la U.
 
Al principio Toro no tuvo una gran maquinaria y no movió tantos votos, pero en 2006 al ser reelegida, adquirió más conexiones y fue reelegida como presidenta del Senado, hasta llegar a crear su propio grupo denominado “la Nueva generación”, que aún está activo en la región.
 
Baronesa Parapolitica.
 
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación en 2008 por parapolítica, pero luego fue archivada tras las sospechosas declaraciones de exparamilitares como Ever Veloza, “alias HH”, Jefe de los Bloques Calima y Bananero (en Uraba) que aseguraron no haberla conocido.
 
Cuatro años más tarde, el mismo organismo le abrió otra investigación, pero en esta ocasión estuvo relacionada con lavado de activos. Al parecer compró unos predios que habían pertenecido al narcotraficante del Cartel de Cali, Víctor Patiño Fomeque, “El Químico”, muy activo hoy en Buenaventura y en los Llanos Orientales. Ante la acción de la Corte, la ex congresista renunció habilidosamente a su curul con el pretexto de asumir la defensa de su caso.
 
Aun hoy es investigada por la Fiscalía, y las pesquisas continúan para establecer su responsabilidad criminal. Ocupo la Gobernación del Valle del Cauca desde el 2016 y cuadro todo para imponer su reemplazo en cabeza de Clara Luz Roldan.
 
A su poderío electoral en ascenso debe sumarse el hecho de que su cuñado es Notario desde hace muchos años y en ese sentido tiene gran influencia en el territorio. Igualmente, tiene una estructura de seis (6) congresistas de su partido y a Jhon Arley Murillo que llevó por Colombia Renaciente.
 
En ese panorama, Toro tiene influencia no solo en el Valle, sino también en el Congreso con cinco (5) representantes a la Cámara, y dos (2) senadores. Toro no ha necesitado de aliados grandes para llegar hasta donde está, sino que busca sectores pequeños que pueda adherir a su propuesta política los que compra con sobornos y prebendas burocráticas y monetarias.
 
Hoy está en plena campaña politica presidencial, diseñando alianzas con los Char en la Costa Caribe y anclando fichas burocráticas en el Eje Cafetero. Su amigo Pedro Medellín, Director de la Esap, quien fue su asesor en la Gobernación, la ha favorecido con jugosos contratos en dicha entidad para que construya un espacio entre alcaldes y funcionarios locales y regionales.
 
Este Clan de la señora Toro tiene mucha fuerza por dos cosas. La primera es que ha tenido el monopolio de los recursos públicos. Como domina la Gobernación (incluidos sindicatos amarillistas de origen laureanista), esto significa un presupuesto alto de inversión que mantiene la estructura clientelar controlando todo en la administración incluyendo sindicatos y líderes que simulan independencia. Lo segundo son los votos que se convierten en representación política.
 
Corrupción en la contratación por coronavirus.
 
Cuando surgió la actual crisis sanitaria y social por la expansión de la peste del Covid19, el gobierno de Duque decreto el Estado de excepción y los gobernadores y alcaldes quedaron con facultades de emergencia para contratar de manera directa diversos servicios y productos con el fin de atender los problemas más urgentes.
 
La señora Roldan, como Gobernadora actuó con procedimientos exprés para  ordenar una multimillonaria contratación con compras de equipos de bioseguridad para miembros del Ejército, la policía y para adquirir mercados que deberían distribuirse entre población en condiciones de absoluta pobreza.
 
Anotemos que el personal de las Fuerzas Armadas debió ser dotado con los abundantes recursos presupuestales del Ministerio de Defensa. Pero eso poco preocupo a la funcionaria más interesada en favorecer el Cartel de la contratación que se mueve por los lados de la Tercera Brigada, la Policía del Valle y los batallones del Ejército.
 
La compra exprés de Roldan cubre varios ámbitos como el  contrato suscrito el 31 de marzo por $2.275 millones para la prestación de servicio de transporte multimodal a los miembros de la fuerza pública, las autoridades administrativas y las entidades judiciales para garantizar la seguridad y el orden público; Roldan  señaló que en este caso se trató de contratos que se hacen con recursos que son únicamente destinados la fuerza pública y que, además, son presentados al Comité de Orden Público del que hace parte el Ejército, la Policía, la Fiscalía y Migración.
 
Dineros del ámbito civil desviados para financiar militares y organismo policiales que disponen de abundantes recursos presupuestales.  Son contratos permanentes abiertamente ilegales que debe investigar la Contraloría. Las actividades de estos contratos los ejecuta el Ejercito en Buenaventura, una zona de guerra sin control donde es muy frecuente la colusión entre mafias y militares corruptos. Son contratos en los que se hacen gastos muy costosos en transporte aéreo.
 
Entre los contratos está el firmado con Corporación Red de Gestión para el Desarrollo por $785 millones, para la prestación de apoyo logístico a la Secretaría de Convivencia y Seguridad, a las autoridades administrativas y fuerza pública, que claramente duplica objetos de otras contrataciones.
 
El contrato por $2.330 millones para alimentación de adultos mayores durante la emergencia sanitaria, no reúne los requisitos básico exigidos por la ley y son evidentes los sobre precios que se encubren con sofismas politiqueros.
 
Se trata de actos con evidentes irregularidades que ameritan la acción oportuna de los organismos de control fiscal.
 
En igual ruta se mueven contratos como el ordenado por $2500 millones para la compra de insumos de laboratorio y elementos de bioseguridad para personal médico del
 
Las irregularidades registradas y denunciadas por las redes sociales y medios de comunicación independientes llevaron a las investigaciones correspondientes por parte de la Contraloría General de la Republica que ordeno un proceso fiscal contra gobernadora del Valle por más de $3 mil millones.
 
El sobrecosto denunciado, está representado en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria.
 
La Contraloría General de la República vinculó en este caso concreto como presuntos responsables fiscales a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.
 
Fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.
 
Los hechos declarados como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, están relacionados con el Contrato Interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330.517.483, suscrito por la Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Desarrollo Social y Participación y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, cuyo objeto es: “Brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a los adultos mayores de los centros de protección, centro vida y centro día”.
 
Para el cumplimiento de este contrato, la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, suscribió para la compra de productos el contrato No. 027 del 1 de abril de 2020, por un valor de $1.685.654.400, con la firma El Desvare.Net S.A.S.; y para el servicio de logística, el contrato No. 028 del 1 de abril de 2020, por valor de $313.929.600, con la firma Agrofaro S.A.S.
 
Según la Contraloría, el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado está representado en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria con el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 de 30 de marzo de 2020 y otrosí 1.230.02.59.2.3313 -1 de 12 de mayo de 2020.
 
Este mayor valor fue estimado en $311.935.026, sin indexar, que porcentualmente corresponde al 16.12% del valor del contrato interadministrativo, y se determinó al comparar los precios del proveedor Corpovalle.
 
La vinculación de los presuntos responsables fiscales esta relacionada asi:
 
- Clara Luz Roldán González, Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca: por haber efectuado la delegación de la contratación, mediante Decreto No. 1.3.0715 de 25 de marzo de 2020.
 
- Nataly Toro Pardo, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, quien suscribió el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.333 de 30 marzo de 2020 y el otrosí No. 1.230.02.59.2-3313- 1 de 12 de mayo de 2020.
 
- Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, representada legalmente a través de Adrián Fernando Zamora Duque, en calidad de contratista.
 
Igualmente, una de las dos indagaciones preliminares abiertas tiene que ver con presuntos sobrecostos (de más de $452 millones) en un contrato suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Valle del Cauca, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento.
 
La apertura de esta indagación preliminar está sustentada en las siguientes razones:
 
• En la descripción de la necesidad que no detalla los alimentos que componen el bono con el objeto de entrar a determinar el precio y la cantidad.
 
• En el estudio de necesidades expresa que en el plazo de ejecución son 10 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, mientras que en la cláusula séptima del contrato dicho plazo de ejecución es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020 y por otro lado en el Parágrafo dice que la vigencia de cada bono será hasta el 31 de julio de 2020. Como se evidencia, no se sabe cuál es el plazo de ejecución verdadero.
 
• En la cláusula segunda expresa que adquieren 15.000 bonos por $75.000 pesos cada uno. Es decir, los costos de los bonos serían $1.125.000.000. Sin embargo, en la cláusula quinta expresa “El valor del presente contrato es por $1.351.294.440, con lo cual se presentaría un sobrecosto en valores absolutos de $226.294.440, que corresponde al 20.1%
 
• Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca realiza el otrosí No 3440-1, sin fecha por $1.351.294.440 con CDP No 3500006685 del 28 de marzo de 2020, para la compra de 15000 bonos de alimentos de primera necesidad por $75.000 cada uno más los gastos financieros y de operación propios del contrato. De igual manera como ocurrió con el primer contrato, la adición presentaría un sobrecosto también de $226.294.440, para un total de sobrecosto de $452.588.880. Es decir,  los $226.294.440 del primer contrato más los $226.294.440 del otrosí.
 
Presunto sobrecosto contrato Centro de Acción Popular
 
En el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020, por valor de $4.448.700.000, suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
 
En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de $590.358.333 (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman $77.167, incluidos los costos indirectos y no $88.974.
 
En la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 1, se abrió la indagación preliminar que se encuentra en etapa de pruebas
 
Los antecedentes irregulares de Roldan como Directora de Coldeportes.
 
Todas estas irregularidades anotadas por la Contraloría no son nuevas en Roldan como funcionaria del gobierno. Tratándose de una ficha politica que orbita en los códigos del clientelismo que  procede por fuera de los protocolos legales y constitucionales en el manejo de los patrimonios estatales.
 
Veamos un poco de esta historia.
 
La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantan desde hace varios años  investigaciones en contra de la  ex directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, así como a varios de sus funcionarios.
 
Una firmatón muy rara.
 
Se trata de la firmatón de 474 contratos interadministrativos que Coldeportes presuntamente habría entregado a dedo y sin ninguna justificación a varias Alcaldías y municipios, principalmente en el Valle del Cauca.
 
La persona encargada de estos contratos era el director de Recursos, Juan Carlos Rueda, quien además es muy cercano a Clara Luz Roldán y a la gobernadora Dilian Francisca Toro.
 
Uno de los hallazgos más graves de los organismos de control está relacionado con un contrato de 40.000 millones de pesos, que Coldeportes firmó con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun). Este contrato se firmó con el objetivo de que este fondo realizara la intervención de 474 contratos.
 
Llama poderosamente la atención que Coldeportes contrate por 40.000 millones de pesos a una entidad en Cundinamarca para hacer la interventora en todo el país, cuando Coldeportes misma tenía la capacidad de hacer dicho proceso.
 
A esto se le suma que a pesar de realizar un convenio interadministrativo, Fondecun subcontrató a seis entidades para que realizaran la intervención. Sin embargo, hoy en día se investiga si esa subcontratación se entregó a un tercero para controlar los más de 500.000 millones de pesos de recursos de Coldeportes. Al parecer, aunque hay varias uniones temporales, la beneficiada sería una única empresa que tendría relación con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ampliamente denunciado por hacer parte del cartel de los tierreros en el Occidente de la Sabana de Bogota.
 
Pero eso no es todo. A lo anterior, se suma que dicha intervención no se realizó conforme a lo establecido, pues  Coldeportes no conocía los perfiles de los interventores ni tampoco los encontraba presentes cuando visitaban  las obras.
 
Adicionalmente, se investiga los intereses de particulares para quedarse con los proyectos de Coldeportes en las regiones y de esta manera hacer que las propuestas que se presentaran no cumplieran con los requisitos técnicos y legales.
 
La estrategia era contar con el apoyo de alcaldes y de funcionarios de Coldeportes que tomaban decisiones importantes.
 
Se adelanta otro proceso en contra de Roldán, por las medidas administrativas y presupuestales que adoptó para evitar que se repita lo ocurrido con los contratos para los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, investigados en medio del caso de millonario desfalco.
 
Si bien los convenios para dicho evento fueron suscritos por su antecesor, Andrés Botero, Roldán debe dar explicaciones sobre lo ocurrido ante la Contraloría.
 
También se investiga  si los directivos  Coldeportes cumplieron  con sus labores de protección de los recursos públicos. En concreto, las autoridades le exigen a Roldán que informe qué supervisión realizó su entidad respecto a los convenios que pactó con la Gobernación del Tolima y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri).
 
De esos  convenios, derivaron los contratos para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos en la capital tolimense, objeto del millonario desfalco que escandaliza al país. La mayoría de las obras quedaron inconclusas, con graves deficiencias y sin utilidad pública. Por el desfalco de los Juegos Nacionales la Contraloría realiza actualmente once procesos de responsabilidad fiscal buscando recuperar más de 60.000 millones de pesos.
 
Adicionalmente la Procuraduría General de la Nación ha formulado  pliego de cargos a  Clara Luz Roldán González, y a la exdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad, Claudia Edelmira Guerrero Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con el reconocimiento entregado al Atlético Fútbol Club S.A. y la suspensión del aval al Club Real Sincelejo S.A.
 
El órgano de control cuestionó su comportamiento presuntamente irregular al desconocer el principio constitucional de la buena fe, al resolver el recurso de reposición presentado por el Real Sincelejo S.A. para el levantamiento de la suspensión, y cambiar de manera inesperada la posición asumida por Coldeportes sobre el efecto jurídico de la sentencia del Tribunal.
 
De acuerdo con la Procuraduría, esta decisión pudo desconocer la confianza legítima que había depositado el equipo sucreño en las decisiones de Coldeportes que hacían referencia al reconocimiento deportivo, al que podía acceder luego de subsanar situaciones administrativas y financieras, y con el cambio se le cerró las puertas para hacer parte de los equipos del fútbol profesional colombiano.
 
Esta presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
 
¿Quién es Roldan?.
 
Dado los antecedentes de Roldan es importante tener elementos de la historia político de esta funcionaria que estará al frente de la Gobernación del Valle del Cauca por los siguientes cuatro años.
 
Roldán la gobernadora más votada del país en 2019 (944 mil votos) es administradora de Empresas de la Universidad Libre de Cali. Nació en Medellín, pero desde 1981 vive en Cali. Estudió Administración de Empresas, se especializó en Derecho Laboral y Derecho Urbano.
 
Comenzó su juego político como líder barrial, pegando afiches, repartiendo publicidad y realizando jornadas de salud y mingas comunitarias politiqueras.
 
Su ruta politiquera es amplia. Fue directora de Carrera Administrativa de la Contraloría General y gerente departamental de la Contraloría del Valle, y estuvo al frente de varias secretarías, entre ellas la Secretaría General y la de Obras Públicas bajo la administración de Mauricio Guzmán Cuevas, quien fue el primer alcalde condenado dentro del Proceso 8.000 por lavado de activos y movidas financieras en paraísos fiscales para las mafias. También fue Secretaria de Bienestar en el comienzo de la Alcaldía de Ricardo Cobo.
 
En esa época ya militaba en las filas del Partido Liberal, al que llegó de la mano del ex contralor Manuel Francisco Becerra, quien fue condenado en 1997 a 70 meses de cárcel, por enriquecimiento ilícito dentro del proceso 8.000 y por sus vínculos con el Cartel de los Rodriguez cuando fue Contralor General de la Republica donde su grupo asesor eran fichas de los Rodriguez y otros.
 
Conoció a su madrina política Dilian Francisca Toro, cuando en ese momento se unió a otro ahijado de Becerra, el ex senador Julio César Caicedo, miembro del Cartel afro de Candelaria, quien estuvo en el Congreso hasta los años 90 cuando le heredó su caudal político a su esposa, la hoy saliente gobernadora.
 
Toro, su esposo Julio y el hermano de éste, Jorge Caicedo son quienes manejan el grupo Nueva Generación, el ala más poderosa del partido de La U a nivel nacional, que tiene bancada propia de seis congresistas en el Congreso.
 
Dilian es la jefe política, Jorge -notario de Cali- maneja la estrategia en Palmira (una de las ciudades más grandes del Valle), y Julio las finanzas de la familia.
 
Con ese apoyo, Clara Luz Roldán fue elegida Concejal de Cali en 2007 con 8317 votos. La mayoría del apoyo que le permitió la elección lo tuvo en la comuna 13, donde sacó 965 votos. También tuvo apoyo en las comunas siete y ocho.
 
En ese Concejo de la administración de Jorge Iván Ospina hizo parte de la Comisión de Presupuesto y por ello tuvo injerencia en la aprobación del sistema de transporte masivo MIO que resultó inviable económicamente, y de las megaobras, que no tuvieron la financiación asegurada, aunque para algunas obras sí hubo plata y se han ido entregando en los últimos años.
 
Precisamente con el tema de las megaobras fue muy criticada porque ella misma votó el proyecto que permitía su construcción y las vigencias futuras y después denunció que los Nule intervinieron en esos contratos.
 
Desde que su jefe política Dilian Francisca Toro lanzó su nombre para la Alcaldía por el Partido de la U en 2010, entre los observadores politicos se dijo que la aspiración de Clara Luz sólo buscaba una posición para negociar y esto fue corroborado por su baja intención de voto en las encuestas, pues nunca pasó del seis por ciento.
 
Sin embargo, con el retiro de la candidata de La U para la Gobernación, la exalcaldesa de Yumbo Alba Leticia Chávez (otra amiga de Dilian), las cosas cambiaron.
 
Se dijo que la negociación entre los partidos Liberal y de La U fue para que La U apoyará al candidato liberal a la Gobernación, Jorge Homero Giraldo, a cambio de que los liberales apoyaran a la candidata de la U, Clara Luz Roldán, a la Alcaldía de Cali.
 
En la campaña de Clara Luz Roldán estuvo el entonces concejal José Fernando Gil, quien fue su jefe de debate, y fue antes su contendor en la encuesta interna del Partido de la U que la llevó como candidata. Pero los verdaderos votos con los que aspiraba contar eran los de Dilian Francisca, quien logró más de 34 mil en Cali en las elecciones legislativas de marzo de 2010.
 
Los observadores caleños dijeron que esos votos eran de la entonces senadora Toro y no eran endosables. Tuvieron razón pues Clara Luz Roldán, en vista de sus bajas posibilidades de ganar la elección, adhirió a la campaña del candidato Rodrigo Guerrero faltando menos de un mes para la fecha de las elecciones.
 
A la postre Guerrero ganó la Alcaldía y nombró a Roldán Secretaria de Deportes, donde la hoy electa gobernadora comenzó a labrar su camino de reconocimiento político en el gremio deportivo.
 
Durante su paso por la Secretaría arrancó a construir un capital político, vía infraestructura como escenarios deportivos en barrios pobres de Cali para los niños atletas e instructores para los que tenían potencial.
 
A finales de 2014, Roldán renunció al gabinete de Guerrero para lanzarse como candidata a la Alcaldía.
 
De hecho, Roldan fue vista siempre como un 'plan B' en caso de que Toro no pudiera lanzarse por su investigación por presunto lavado de activos -que la Fiscalía le cerró en 2018- o una ficha para negociar con otros partidos.
 
Roldán se mantuvo como precandidata hasta que La U decidió avalar al ex vicepresidente Angelino Garzón. En ese momento se convirtió en la jefa de campaña de Toro, quien ganó la Gobernación con más de 600 mil votos.
 
Con Dilian como Gobernadora, Clara Luz fue nombrada directora de Indervalle.
 
Allí siguió engrasando la  entidad encargada de potencializar el deporte del departamento.
 
En mayo de 2016 el presidente Juan Manuel Santos, quien forjó una amistad personal con la gobernadora Toro, la nombró como Directora de Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte).
 
Así, Roldán logró llegar a un cargo nacional con rango ministerial y también convirtió esa entidad en un fortín en Bogotá del grupo de Dilian.
 
Incluso, tras la reforma del gobierno de Iván Duque en 2019 para que Coldeportes tuviera rango de Ministerio, una de las primeras movidas internas de su cabeza, Ernesto Lucena, fue sacar a los altos directivos de Coldeportes que venían del grupo de la Gobernadora.
 
Haciendo un corte de cuentas a los contratos millonarios de Coldeportes en la era de Roldán, encontramos que la mitad de los contratos de más de mil millones de pesos fueron para Indervalle.
 
Antes de terminar el mandato Santos en agosto de 2018, Roldán renunció al cargo para iniciar una cantada campaña a la Gobernación del Valle en reemplazo de su amiga, Dilian Francisca Toro.
 
Para las locales de 2019, Roldán consiguió el aval de los partidos La U, Colombia Renaciente, Mais, Cambio Radical, Mira y Liberal.
 
Durante la campaña, la estrategia de Clara Luz tuvo dos vías: públicamente resaltar el legado que le deja al Valle su amiga Toro y estar más en la calle que en los debates que hicieron grupos empresariales y académicos.
 
Eso fue criticado por sus siete contendores, quienes incluso denunciaron una estrategia de Telepacífico, el canal local, para invisibilizarlos, algo que siempre negó la dirigencia de ese canal, que depende de recursos de la Nación y la Gobernación.
 
Asi estan las cosas en el Valle del Cauca con la hegemonía politiquera del Clan de Toro, que también atrapa sectores de la izquierda con el cuento de la paz y la mermelada burocrática.