29 Junio - 2019

Confirmada legalidad del allanamiento en caso del ‘carrusel de la contratación’ en la gobernación del Quindío

En la sala 8 del palacio de justicia de Armenia se adelantó la audiencia de lectura de decisión en segunda instancia. En audiencia de lectura de decisión en segunda instancia, la Juez Segunda Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia confirmó la legalidad del allanamiento y registro en el caso conocido como ‘carrusel de la contratación’, en diligencia que se llevó a cabo en la sala 8 del palacio de justicia de Armenia.

En la sala 8 del palacio de justicia de Armenia se adelantó la audiencia de lectura de decisión en segunda instancia. 
 
Fuente: La crónica
 
El proceso se lleva en contra de Jhon Edward Parra Peña, Jhon Fáber Quintero Olaya, Sandra Jannette Forero Simijaca, José Carlos Vergara Mendoza e Isabel Cristina Ortiz Cortés, acusados de desviar dineros públicos destinados a necesidades de la infancia, obras de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, delito enmarcado en el interés indebido en la celebración de contratos y otros. 
 
 
El allanamiento
En diciembre del año pasado - 2018 - se llevó a cabo la diligencia en la que se adelantó la legalización del allanamiento, en ella se indicó cómo se ejecutó el proceso, el cual se realizó en la hacienda Fontanar, ubicada en Chía, Cundinamarca, lugar de residencia de José Carlos Vergara y Sandra Forero Simijaca, representantes de la firma contratista Inalcon, empresa que adelantó obras en el Quindío.
 
Según la Fiscalía en ese lugar reposaban documentos donde se evidenciaban dos contabilidades diferentes en el proceso, con lo que se “ocultaban pagos a servidores públicos”.  Carlos Trujillo, abogado de Forero y de Vergara, señaló que “hubo contradicciones en los procedimientos” y solicitó que se denegara la legalidad a la diligencia de allanamiento y registro, argumentando que  la acción fue contradictoria y antitécnica. 
 
Esta semana se adelantó la audiencia en la que las pretensiones del apoderado de los procesados no se dieron. 
 
Cinco contratos De acuerdo con la Fiscalía fueron cinco los contratos por valor de 20 mil millones de pesos en los que se habría presentado el pago de coimas a servidores públicos por más de tres mil millones de pesos. El fiscal dio a conocer que los contratos no fueron adjudicados dentro de los principios que gobierna la actuación, sino que fue un accionar ilícito para que accedieran a esta contratación que resultó en un fracaso para la administración departamental.
 
Seguimiento a esta noticia
 
Región / Diciembre 17 2018 
Los contratos del presunto ‘carrusel de la contratación en la gobernación’
 
Los implicados no aceptaron ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía y se inició la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
 
Los contratos del presunto ‘carrusel de la contratación en la gobernación’
Diligencias en la sala 1 del palacio de justicia de Armenia.
 
A las 8:00 a. m. de este lunes se reanudó la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo en la sala penal 1 del palacio de justicia. Allí, los cinco implicados manifestaron su posición ante los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, FGN, al ser acusados de desviar dineros públicos destinados a necesidades de la infancia, obras de infraestructura y servicios vitales para la comunidad. (En contexto: Este lunes, contratistas y exfuncionarios de Sandra P. Hurtado dirán sí o no a los cargos)
 
John Fáber Quintero Olaya, Jhon Éduar Parra Peña, Sandra Forero, José Carlos Vergara e Isabel Cristina Ortiz no aceptaron ninguno de los delitos y se dio por concluida esa audiencia.
 
El juez Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Fredy Mondragón, prosiguió con la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que acaparó el resto de la jornada judicial.
 
La Fiscalía, en representación del fiscal delegado Jorge Eduardo García, inició su argumentación para justificar la medida de aseguramiento solicitada, que sería privativa de la libertad.
 
Al inicio de su exposición indicó que todos los imputados podrían purgar penas que rebasan los cuatro años, por lo que de entrada ellos tendrían una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Continuó afirmando que, según lo previsto en la ley, la medida era razonable al demostrar —a través de evidencias e información obtenida legalmente— que los imputados tenían accionar en los delitos mencionados.
 
García, al iniciar el ejercicio de inferencia razonable de responsabilidades, dio a conocer las presuntas irregularidades que se presentaron en la adjudicación y ejecución de los cinco contratos, desmenuzando uno por uno en un cuadro ilustrativo titulado ‘Carrusel de la contratación de la gobernación del Quindío 2010 – 2015’, para dar a conocer al juez y a las partes de la audiencia el “entramado especializado y complejo que se concertó”. ( Foto de archivo, aquí el actual gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá dialoga con la exmandataria Sandra Paola Hurtado Palacio, fue en una marcha por la familia y la paz. Osorio no era gobernador, Sandra sí, hoy ella está cuestionada, Osorio todavía no, pero una vez deje este cargo se le vendrán muchas demandas).
 
 
Contrato licitación pública SID 001 del 2015
Objeto del contrato: construcción, reconstrucción y recuperación de infraestructura de acueducto y saneamiento básico en los municipios afectados por el fenómeno de ‘La Niña’ en 2011.
 
Valor: $5.324.850.502.
 
Celebrado: 1 de abril de 2015.
 
Este contrato fue adjudicado al señor Vergara en representación de la empresa Inalcon.
 
De acuerdo con lo pronunciado por la Fiscalía, las irregularidades presentadas en él son las constantes en los demás contratos. “Hay una presencia rutilante de todos ellos”.
 
En este contrato hay un consorcio con figura plural, que lo permite la ley, ese consorcio —Aguas y saneamiento del Quindío— es formado por Inalcon y un ciudadano llamado Lacides Segovia Tabares. Aquí Inalcon tiene una participación del 70% mientras que el otro ciudadano el 30%.
 
“Sin embargo, como se probará después, Segovia Tabares no ejecuta el contrato, y eso que es quien aporta la experiencia en el momento de la licitación”, argumentó el delegado fiscal.
 
“El contrato antes de su cesión —entrega a otros contratistas por incumplimiento—, tiene una subcontratación y esa subcontratación se realiza en abril de 2015 con una empresa de Bogotá, por un valor muy inferior al pactado inicialmente entre el señor Vergara y la gobernación”, puntualizó García.
 
La Fiscalía reiteró que este contrato es el común denominador de los demás, tiene audiencia de incumplimiento en noviembre y de cesión en diciembre de 2015.
 
“Esto revela que Inalcon no tenía la capacidad de ejecutar el contrato y tuvo que recurrir a subcontratar y ni así se culminaron las obras”.
 
La Fiscalía reveló que el contrato tendría un sobrecosto de 34,8%, es decir que “el precio por el cual se subcontrató era el que verdaderamente le servía al departamento para no haber un desgaste del erario”.
 
El contrato finalmente termina en otro consorcio. “¿Que pasa allí?, pues que no se cumple porque el señor Vergara no tiene la experiencia y no lleva a cabo las obras”, afirmó el ente persecutor.
 
“Llega la cesión en diciembre de 2015, terminando el mandato de la señora Hurtado Palacio y se había ejecutado solo el 17,8%. Entonces allí viene la reflexión, si era tan capaz y si era tan idóneo para ejecutar, ¿por qué duró tantos meses y llegó solo a ese porcentaje?”, finalizó el fiscal al referirse al SID 001.
 
Contrato obra pública SID 002 del 2015
 
Objeto del contrato: Recuperación y mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba Génova y Quimbaya.
 
Valor: $6.366. 270.721.
 
Celebrado: 13 de mayo de 2015.
 
El fiscal delegado indicó que este contrato al igual que el SID 003 “serían los más dramáticos”, este nace de dos convenios de Invías: uno en 2014 y otro en 2013.
 
De acuerdo con el fiscal, la primera precisión importante en este contrato —junto a los siguientes— es que se firman el mismo día.
 
SID 002 lo firma Vergara Mendoza, pero en esta ocasión no en un consorcio sino en una unión temporal. Esta unión temporal —Vías del Quindío— la conforma con RGT Ingenerías del ciudadano Tíber Gildardo Chavarro Muñoz.
 
La Fiscalía indicó que en esta unión “Inalcon no tiene experiencia en vías terciarias y entonces busca al señor Tíber Chavarro Muñoz para que les dé ese insumo porque él si ha construido carreteras, pero con una cuestión muy particular, se dedicaba especialmente a carreteras aeroportuarias”.
 
El fiscal señaló que RGT es el que sabe hacer vías, pero no es quien ejecuta el contrato, es Inalcon: “curiosamente, quien tiene la mayor experiencia tiene solo una participación del 10% e Inalcon del 90%”.
 
“Este contrato que supondría uno lo tenía que ejecutar Inalcon, se subcontrató también. Es decir, Vergara no lo hace porque él no tiene experiencia en este campo, sino en consultoría, sin embargo, le dio por incurrir en obras públicas exclusivamente en el Quindío por ‘extrañas razones’”, enfatizó el fiscal delegado.
 
“¿Entonces aquí qué pasa?, empiezan a desfilar los subcontratistas, algo que tenía prohibido hacer en los pliegos de condiciones en una cláusula que todos al final inobservaron”.
 
De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, la primera subcontratación del total de la obra la realiza en julio de 2015 y se tiene que volver a subcontratar “porque se fracasa”, esta vez a tres empresas más que aparentemente ejecutan la obra.
 
“Se dice que aparentemente porque al final, el contrato entra en cesión. Esto abre de nuevo la inquietud, ¿Si Inalcon era tan pertinente por qué nuevamente no termina las obras? Porque hubo mala planeación contractual y esa mala planeación es considerada en materia de planeación pública como acuerdos torcidos”.
 
La Fiscalía señaló que esa subcontratación se realizó con el 70%, “les dice a los subcontratistas, 70 para ustedes para que ejecuten todas las obras y yo me quedo con el resto. Entonces me pregunto, ¿cuánto valía el contrato realmente? ¿El 100% o el 70%?”, puntualizó García.
 
Para el fiscal “era un secreto a gritos que los subcontratistas eran los que ejecutaban las obras y la gobernación del Quindío lo sabía, pero todo estaba alrededor de Inalcon para siempre favorecerlo, aunque aparentemente se hayan hecho audiencias de incumplimiento para sancionar. Sin embargo, era solo para reprogramar las obras a pesar de estar incumpliendo, se estaba revocando y evadiendo sanciones. La línea de este entramado era siempre favorecer al contratista y los funcionarios implicados trabajaron para que fuese así”.
 
La Fiscalía argumentó que en el momento de cesión para culminar las obras solo se había ejecutado el 43% al 27 diciembre, tres días antes que terminará la administración de Sandra Paola Hurtado.
 
Contrato obra pública SID 003 del 2015
Objeto del contrato: recuperación y mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Calarcá, Circasia, Córdoba, Montenegro, Pijao y Quimbaya.
 
Valor: $6.491.378.242
 
Celebrado: 13 de mayo del 2015
 
El fiscal en este contrato señaló que hubo las mismas irregularidades que en el SID 002. Se hizo el mismo día sin considerar lo financiero. “La secretaria de Aguas e Infraestructura le dio los contratos al mismo tiempo y esto le mermaba la capacidad financiera, era apenas percibible pero no quería ver”.
 
Al parecer se habría copiado el mismo hilo conductor al contrato que se estaba ejecutando en paralelo: “es el mismo socio y su participación, también se presentaron incumplimientos que son revocados y también subcontratan toda la obra. Al llegar el 27 de diciembre, solo el 43% de las obras se ejecutaron del SID 003 por lo que también se cedió a otro contratista”. puntualizó García.
 
Contrato obra pública SID 004 de 2015
Objeto del contrato: Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil, CDI, en los municipios de Calarcá y Quimbaya.
 
Valor: $2.498.000.000.
 
Celebrado: 13 de mayo del 2015.
 
Para la fiscalía, este fue el único contrato “exitoso” que se hizo, porque de acuerdo con el ente acusador, hubo inversiones de terceros en la Unión Temporal Centros de Desarrollo del Quindío.
 
El mismo fue de nuevo subcontratado, esta vez a Luming S.A.S y a Fredy Humberto Loaiza Moncada. Aquí el fiscal indicó que fue clave el testimonio del representante de Luming para entender la situación que se había presentado y los posibles delitos en que se incurrieron.
 
“José Rodrigo Herrera Herrera, de Luming S.A.S, que está en el exterior como testigo protegido, fue de los primeros quien concertó con el señor Vergara todo este entramado y fue el primero en denunciar todo lo que sucedía, enviando cartas a la secretaría de Aguas e Infraestructura y a la gobernación del Quindío, porque no le pagaban a pesar de que estaba ejecutando las obras”.
 
Contrato de consultoría en concurso de méritos SID 001 de 2015
Valor: $250.000.000
 
Celebrado: 26 de junio de 2015
 
De acuerdo con la fiscalía, era el único contrato donde Carlos Vergara tenía idoneidad de cumplir al ser un consultor con cinco años de experiencia. Sin embargo, no lo cumplió a cabalidad y a final de año realizó las gestiones para no quedar inhabilitado y poder así seguir contratando con el departamento en esta área.
 
“Este contrato fue suscrito a 90 días y llegó ese tiempo y pidió 57 días más. Se los dieron y el 10 de diciembre se llegó a la conclusión en la gobernación de que no cumplió. A lo que él indicó finalmente que lo ‘liberen’ de ese contrato porque no tenía tiempo, petición que fue concedida sin ningún tipo de sanción ni inhabilidad. Se liquida el contrato ignorando la cláusula que lo sancionaba”.
 
Audiencia continúa este martes
 
Al entregar este panorama ante el juez, el delgado de la Fiscalía desglosó en el resto de la jornada las pruebas e interrogatorios realizados para evidenciar los accionares de cada uno de los implicados y entregando cifras concretas de los desfalcos al erario que se habrían realizado a través de las subcontrataciones y las coimas —que ascenderían a $3 mil millones— presuntamente pagadas a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio.
 
“Desde la gobernación generaron todo un conjunto de requisitos que solo podía cumplir Inalcon en la licitación pública de contratos por más de $20 mil millones, se hicieron trajes a la medida exclusivamente para esa empresa y es allí donde se evidencia cada uno de los delitos mencionados. El papel del señor Vergara no fue ejecutar, sino mercadear contratos”, afirmó el fiscal.
 
Sobre las 5:00 p. m., el juez interrumpió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento e indicó que se retomaría en la misma sala penal 1, este martes a las 8:00 a. m.
 
 Región / Diciembre 16 2018 
 
Este lunes, contratistas y exfuncionarios de Sandra P. Hurtado dirán sí o no a los cargos
 
A José Carlos Vergara Mendoza, contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon, la fiscalía le imputó ocho delitos.
 
Este lunes, contratistas y exfuncionarios de Sandra P. Hurtado dirán sí o no a los cargos
A partir de las 8:00 a. m. en la sala 1 del palacio de justicia continuará el proceso. 
 
A las 9:00 a. m. de este domingo se reanudó la extensa audiencia de imputación de cargos a contratistas y exfuncionarios de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y este lunes el proceso continuará con la decisión de los implicados sobre si aceptan o no sus responsabilidades en los delitos. (En contexto: Este domingo continúa imputación de cargos a contratistas y exfuncionarios de Sandra Paola Hurtado)
 
Los procesados son acusados de desviar dineros públicos destinados a necesidades de la infancia, obras de infraestructura y servicios vitales para la comunidad.
 
Fueron más de 130 hojas en donde reposaban los argumentos de la fiscalía para imputar a John Fáber Quintero Olaya, Jhon Éduar Parra Peña, Sandra Forero, José Carlos Vergara e Isabel Cristina Ortiz.
 
En la parte inicial de la imputación de cargos, el fiscal delegado para el caso, Jorge Eduardo García, prosiguió con la lectura interrumpida el sábado. García explicó el papel de todos los implicados que presuntamente habrían acordado la entrega de los convenios al constructor José Carlos Vergara Mendoza, a cambio del 15% del valor de todos los contratos adjudicados, previo a la licitación de obras de acueducto, vías terciarias y jardines infantiles en el departamento.
 
Al finalizar de narrar el modo en cómo presuntamente se presentó el desvío de dineros y el pago de coimas en los cinco contratos, el fiscal delegado continuó con la imputación jurídica e individual de los cinco acusados.
 
Cargos imputados
 
Isabel Cristina Ortiz Cortés, exsecretaria de Aguas e Infraestructura departamental
 
La fiscalía le atribuyó en concurso homogéneo sucesivo en calidad de autor el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debido a que en su rol como secretaria le compitió tramitar los contratos de obra pública mencionados, pero que de acuerdo con el ente acusador no lo hizo con idoneidad. 
 
También se le imputó interés indebido en la celebración de contratos como coautor en concurso homogéneo porque al parecer se interesó en buen provecho de terceros, en este caso en provecho de la exmandataria y el contratista al permitir las irregularidades. El mismo delito se le imputó, pero esta vez en calidad de subcontratación al permitir que los contratistas pasaran por encima la prohibición de subcontratar con otras empresas para tratar de cumplir con lo pactado.
 
También se le adjudicó falsedad ideológica en documento público, el ente acusador le imputó el delito al encontrar que al parecer en el acta de liquidación faltó a la verdad al decir que el consorcio no tenía obligaciones pendientes con la administración departamental y que se encontraba a paz y salvo para habilitarlo cuando el contratista no había culminado sus obligaciones con el departamento.
 
Peculado por apropiación se le atribuyó, según la fiscalía, por encontrar que se pagó a los contratistas un mayor valor respecto a los precios del mercado. Por lo que Ortiz Cortés se apropió en provecho de terceros de bienes del Estado cuya administración y custodia se le confiaron al momento de elaborar los correspondientes presupuestos, estimando un valor superior cuya diferencia se apropió el contratista. 
 
En calidad de coautor se le imputó concierto para delinquir agravado al inferir que la imputada se concertó con los demás implicados para que en las exigencias de los trámites de los contratos, secciones y subcontrataciones se inobservaran los requerimientos legales con el objeto de asegurar que fueran adjudicados a las uniones temporales y consorcios bajo el liderazgo de los contratistas José Carlos Vergara y Sandra Forero.
 
 
Jhon Éduar Parra Peña, exdirector de Análisis Financiero y Administrativo en la gobernación del Quindío
 
Se le atribuyó en calidad de autor en concurso homogéneo sucesivo el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales porque desde su cargo le competió al interior de la fase de trámites de los contratos la proyección, revisión y aprobación de estudios previos, pero según la fiscalía, todo ello lo hizo inobservando las irregularidades antes mencionadas.
 
En concurso homogéneo también se le imputó interés indebido en la celebración de contratos como coautor, lo anterior según el ente persecutor, se interesó en buen provecho de terceros en este caso en provecho de la exmandataria y el contratista al diseñar y ajustar los pliegos en capacidad financiera para que se asegurara la adjudicación a los contratistas imputados.
 
En calidad de coautor también se le imputó concierto para delinquir agravado por las mismas razones que la exsecretaria de Aguas e Infraestructura.
 
John Fáber Quintero Olaya, exsecretario de Representación Judicial de la gobernación del Quindío
 
Le imputaron en calidad de coautor y en concurso homogéneo simultaneo el delito de prevaricato por acción porque, según el ente acusador, dentro los procesos de esa contratación de obra pública emitió un concepto manifiestamente contrario a la ley dirigido a la exsecretaria de Aguas e Infraestructura con el objeto de que dichos contratos —adjudicados a los contratistas implicados— se cedieran a otras entidades plurales que no reunían los requisitos.
 
En calidad de coautor de la conducta interés indebido en la celebración de contratos porque la fiscalía argumentó que se interesó en favor de los contratistas en que los contratos se adjudicaran emitiendo el concepto manifiestamente contrario a la ley.
 
José Carlos Vergara Mendoza contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon
 
 
 
Se le adjudicó la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo porque como particular, que careciendo la calidad especial de servidor público, concurrió en la materialización de la conducta anterior al establecer esos contratos que posteriormente se evidenciaron las irregularidades.
 
Por otra parte, se le imputó como interviniente en concurso homogéneo sucesivo de tipo penal previsto la conducta de interés indebido en la celebración de contratos al interesarse en provecho propio y terceros, en este caso de Hurtado Palacio, en medio de las irregularidades mencionadas y de acuerdo con el pacto con la exmandataria de la comisión del 15%. También se le imputó el mismo delito en calidad de subcontratación.
 
Como interviniente se le imputó en concurso homogéneo simultaneo el delito de prevaricato por acción, de acuerdo con el fiscal delegado, porque como representante de Inalcon y por su solicitud, John Fáber Quintero Olaya elaboró un concepto manifiestamente contrario para que los contratos adjudicados se cedieran a otras entidades plurales que no reunían los requisitos previstos. 
 
El cargo de peculado por apropiación se le atribuyó a Vergara Mendoza en calidad de interviniente al pactar un valor mayor en los contratos respecto a los precios del mercado por lo que el imputado se apropió en derecho propio.
 
Cohecho por dar u ofrecer en calidad de autor, porque de acuerdo con la fiscalía, ofreció a la exgobernadora del Quindío dinero representado en una comisión del 15% —que la misma al parecer recibió— para que Vergara Mendoza ejecutara las obras.
 
Concierto para delinquir agravado en calidad de coautor al concertarse presuntamente con los demás implicados para asegurar que fueran adjudicados los contratos mencionados a las uniones temporales y consorcios bajo su liderazgo y su esposa Sandra Forero.
 
También se le imputó como autor de falsedad en documento privado para aparentar el músculo financiero de Inalcon. La fiscalía determinó que la empresa presentó en la propuesta ingresos operacionales superiores a los encontrados en estado de resultados, notas contables, dictámenes y observaciones. Se estableció que en este ingreso operacional se falsificó la firma del revisor fiscal, Eduardo Antonio Carreño Duarte.
 
Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon
 
Se le atribuyó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo al establecerse, de acuerdo con el ente persecutor, que Inalcon no reunía los factores necesarios de experiencia y capacidad financiera, entre otros, no adecuados y proporcionales con la exigencia del contrato de adjudicación.
 
Por otra parte, se le imputó como interviniente en concurso homogéneo en la conducta de interés indebido al actuar en provecho propio y de terceros al igual que Vergara Mendoza de los contratos mencionados. También se le imputó el mismo delito en calidad de subcontratación por su condición en Inalcon.
 
Como interviniente también se le imputó en concurso homogéneo simultaneo el delito de prevaricato por acción al acudir como gerente y representante legal suplente de Inalcon a las audiencias de incumplimiento en las que el contratista planteó como arreglo de la sesión de los contratos y en respuesta John Fáber Quintero Olaya elaboró un concepto manifiestamente contrario para que los contratos adjudicados se cedieran a otras entidades plurales que no reunían los requisitos previstas.
 
El cargo de peculado por apropiación se le atribuyó a Forero Simijaca en calidad de interviniente por las mismas acciones que Vergara Mendoza, pactar un valor mayor en los contratos respecto a los precios del mercado por lo que el imputado se apropió en derecho propio.
 
Cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautora, porque de acuerdo con la fiscalía, tenía el control de los dineros que ingresaban a la empresa y estaba al tanto de los supuestos pagos que realizaba Inalcon a la exgobernadora del Quindío como comisión por la adjudicación de los contratos suscritos con el departamento.
 
Finalmente, se le imputó en calidad como coautor concierto para delinquir agravado al concertarse presuntamente con los demás implicados para asegurar que fueran adjudicados los contratos mencionados a las uniones temporales y consorcios bajo el liderazgo de José Carlos Vergara Mendoza y ella como gerente y representante legal suplente.
 
Este lunes continúa la audiencia
Al finalizar la intervención, el fiscal delegado manifestó los beneficios jurídicos que tendría cada uno de los implicados si decide allanarse a los cargos este lunes. 
 
Posteriormente, el juez Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Fredy Mondragón, dio la oportunidad a los defensores a realizar observaciones pertinentes que fueron escuchadas por la fiscalía y serán respondidas al inicio del proceso judicial.
 
Debido a la solicitud del abogado de Jhon Éduar Parra Peña, de suspender la audiencia para explicar a su cliente en detalle los delitos que le han sido imputados, el juez consultó con las demás partes de la audiencia —quienes no presentaron oposición— y llegó a la conclusión sobre las 11:40 a. m. de suspender la audiencia y retomarla este lunes.
 
A partir de las 8:00 a. m. en la sala 1 del palacio de justicia continuará el proceso donde se escuchará a los imputados si aceptan o no los cargos.
 
Se espera que también se realice la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, donde los abogados intervendrán para debatir lo presentado por la Fiscalía.
 
Región / Diciembre 15 2018 
Este domingo continúa imputación de cargos a contratistas y exfuncionarios de Sandra Paola Hurtado
 
La exmandataria no hizo presencia en la audiencia porque debe comparecer ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá.  
 
Este domingo continúa imputación de cargos a contratistas y exfuncionarios de Sandra Paola Hurtado
La audiencia, que empezó a las 9:00 de la mañana, finalizó en horas de la noche sin terminarse la imputación de cargos de los cuatro capturados. En las próximas horas se reanudará la diligencia.
 
Luego de la captura de cuatro personas, entre contratistas y exfuncionarios de la administración de Sandra Paola Hurtado Palacio, se llevó a cabo este sábado la audiencia de legalización de allanamiento y captura de los implicados en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, donde, según el ente persecutor, “los aprehendidos desviaron dineros públicos destinados a necesidades de la infancia, obras de infraestructura y servicios vitales para la comunidad”.
 
De acuerdo con la FGN, fueron cinco los contratos por valor de 20 mil millones de pesos en los que se habría presentado el pago de coimas a servidores públicos por más de tres mil millones de pesos.
 
Desde las 9:00 de la mañana de este sábado se realizaron los procedimientos de legalización de allanamiento y captura. Posterior a ello, la Fiscalía inició la intervención para dar paso a la imputación de cargos, acción que quedó inconclusa y que continuará en las próximas horas.
 
Este domingo a las 9 a. m. continuará la audiencia de imputación de cargos.
 
Legalidad en procedimientos de allanamientos
Este sábado, en horas de la mañana, se realizó la legalización de procedimiento de allanamiento en contra de exfuncionarios de la gobernación del Quindío y su titular durante los años 2012–2015, Sandra Paola Hurtado Palacio. Además de dos excontratistas de esa administración.
 
Durante la audiencia, la Fiscalía contó cómo fue el procedimiento realizado en días anteriores en la Hacienda Fontanar ubicada en Chía, Cundinamarca, lugar de residencia de José Carlos Vergara y Sandra Forero, representantes de la firma contratista Inalcon, empresa que adelantó obras en el departamento.
 
Según el ente persecutor, en esta residencia también reposaban documentos —una carpeta blanca argollada tamaño carta— donde se evidencia que habían dos contabilidades diferentes en el proceso con lo que se “ocultaban pagos a servidores públicos”.
 
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“Estas dos personas eran representantes legales y accedieron a una jugosa contratación en el Quindío por parte de los servidores públicos del departamento. En el inmueble se guardaban carpetas donde estaban las certificaciones de coimas a servidores públicos y contabilidad paralela que no se ingresaba con el propósito de ocultar esos pagos a servidores públicos”, dijo el fiscal delegado para el caso encargado del caso Jorge Eduardo García.
 
Agregó que “teniendo en cuenta esos motivos fundados, la Fiscalía expidió el día 13 de diciembre orden de registro de allanamiento para el inmueble ubicado en Chía, obviamente, desconociendo en qué lugar preciso estaban los documentos”.
 
El fiscal dio a conocer en los estrados que los contratos no fueron adjudicados dentro de los principios que gobierna la actuación, sino que fueron actuaciones ilícitas para que accedieran a esta contratación que resultó en un fracaso para la administración departamental.
 
“Los contratos que se tramitaron bajo licitaciones no eran más que una pantomima para legalizar un proyecto en el que solo accedió este contratista. Fueron contratados por valores muy superiores y al parecer todo mundo ganó plata. Es decir, que terminaron siendo cedidos a través de maniobras jurídicas”.
 
Intervención de Procuraduría
La delegada de la Procuraduría General de la Nación, PGN, dijo que: “La diligencia se observa con los requisitos del Código de Procedimiento Penal porque se limitó al objeto y se llevó a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. La Fiscalía respetó los derechos fundamentales de los niños que se encontraban en la casa y fue dejada con un adulto responsable. En cuanto con la incautación de la evidencia, se sometió a la cadena de custodia como lo exige la ley”.
 
Uno de los implicados llegó a la audiencia
 
Durante la legalización de allanamiento, la Fiscalía señaló que tenía en su poder una orden de captura en contra de Isabel Cristina Ortiz, quien fungió como secretaria de Aguas e Infraestructura del departamento en el mandato de Hurtado Palacio.
 
Durante las capturas, que se realizaron en Armenia el pasado viernes, visitaron su lugar de residencia para su posterior aprehensión, pero no lograron ubicarla, “pues en su vivienda solo se encontraba su nana”, dijo el fiscal García.
 
Durante la audiencia, la exfuncionaria compareció en los juzgados con su abogado de confianza, Duberney Pareja.
 
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Abogado Carlos Trujillo, representante de Forero y de Vergara
 
Frente a la legalidad del allanamiento, Carlos Trujillo, abogado de Forero y de Vergara señaló que “hubo contradicciones en los procedimientos” y solicitó que se denegara impartir ilegalidad a la diligencia de allanamiento y registro.
 
“Se trata de un procedimiento que no solo es contradictorio, sino que se basa en consideraciones equívocas e incurre una presentación antitécnica. Es contradictoria la solicitud del señor fiscal porque dice en sus fundamentos que el propósito era obtener elementos materiales probatorias consistente en un folder blanco argollado, pero todo se basa a través del testimonio del testigo quien está diciendo es que a él le dijeron que se habían hecho unos pagos y no es un testigo de referencia”, dijo.
 
Agregó: “Asumiendo que fuera una contabilidad paralela, no veo cuál es la relevancia acopiar elementos probatorios de pago de transacciones que no tendrían nada que ver con el procedimiento. Es antitécnica porque el fiscal debe estar presente y cuando observamos las actas no aparece la firma del fiscal sino de los investigadores. Desde el primer momento nos llamó la atención que, aunque la Fiscalía iba por el famoso cuaderno blanco, no lo encontraron, pero sí se llevaron un cuaderno verde que no sabemos qué contenía porque no se referenció en la investigación, seis folios de estudios financieros que ni siquiera hacen parte de la empresa que está involucrada en el proceso, error que era muy fácil de evitar si se le hubiera pegado una leída”.
 
Por lo anterior, solicitó que: “Me parece que no es muy difícil concluir que a pesar de la sustentación pomposa que hizo la Fiscalía, vemos que lo sustancial para algo tan grave nunca se cumplió y falló por la base de que el fiscal nunca estuvo presente. En orden a los que acabo de exponer solicito se deniegue impartir legalidad a la diligencia de allanamiento y registro”.
 
“No había necesidad de hacer el alboroto de las capturas”: Abogado Pareja
Duberney Pareja, abogado de la secretaria de Aguas e Infraestructura del Quindío, no se negó al allanamiento, pero dijo que el derecho de los seres humanos se debe respetar.
 
“Desde el punto de vista de la legalidad, formalmente la Fiscalía cumplió, pero el llamado más de esta defensa es al respeto de las personas. Sin embargo, no me opongo a la legalización de la orden de allanamiento, pero dejando claro que no había necesidad de hacer el alboroto con las órdenes de captura cuando las personas acuden a la Fiscalía a poner la cara y a entregar los elementos materiales probatorios”.
 
Decisión del juez
 
El juez a cargo del procedimiento señaló que el fiscal contaba con un respaldo probatorio y se cumplió con los requisitos establecidos en la ley.
 
“Con lo anterior, las dos órdenes de captura e incautaciones fueron legales”, dijo.
 
Ante la decisión, el abogado de Vergara y Forero interpuso recurso de apelación.
 
Los capturados
Jhon Fáber Quintero Olaya: exsecretario de Representación Judicial de la gobernación del Quindío. Hora y lugar de captura: 9:54 a. m., en el establecimiento público del edificio Bancafé.
Jhon Eduar Parra Peña: exdirector de Análisis Financiero de la gobernación. Hora y lugar de la captura: 12:35 p. m., en El Casonal de Circasia.
Sandra Forero y José Carlos Vergara: Representantes de Inalcon. Hora y lugar de captura: 7:33 y 7:36 de la mañana en su lugar de residencia, ubicada en Chía, Cundinamarca.
Isabel Cristina Ortiz: exsecretaria de Aguas e Infraestructura de la gobernación. Hora y lugar de la captura:  le fue legalizada su orden de captura en la audiencia a las 12:35 de la tarde de este sábado.
 
Legalización de capturas
Luego de la intervención por parte de la Fiscalía, el juez legalizó las capturas que se dieron en Chía, Cundinamarca, y en la capital del departamento del Quindío.
 
“El juez cumple los requisitos en las órdenes de captura que existen en contra de cada uno de los ciudadanos presentes. Al funcionario judicial se le dieron los requisitos y se le respetaron los derechos que se le asistían”.
 
Solo presentó observaciones en el caso de Ortiz, pues el funcionario consideró que continuará con su libertad teniendo en cuenta que por su voluntad se presentó a la audiencia.
 
“Si se presentó antes de la imputación de cargos, se le garantizará su libertad, pero deberá asistir a las audiencias posteriores”.