16 Julio - 2019

Caso de la exalcaldesa de Armenia concluirá el 29 de agosto

Varios sonados casos de corrupción ha tenido la ciudad de Armenia, el primero y que duró varios meses para imputar cargos fue el del exalcalde, abogado David Barros Velez, quien recibió una condena de 15 años y 7 meses, por varias rebajas ya está en libertad, pero vinculado a otro asunto relacionado con la consignación de más de mil millones de pesos en el exterior, dineros que no pudo justificar, como tampoco declarar.

El caso de Luz Piedad, su esposo, el ingeniero constructor de varias obras por derrrame de valorización
 
Armenia ha tenido la cultura de hacer sus obras por derrame de valorización, la señora Luz Piedad Valencia Franco se valió de ese mecanismo para lograr construir 12 obras de infraestrucutura de 165 que demanda con urgencia manifiesta la capital del Quindío y según la Edua, Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, entidad que en el año 2014 justificó en el Concejo de Armenia la importancia de ellas, pero se aprobaron allí 12. ( Foto de archivo en la que el actual gobernador del Quindío, excura Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acepta su alianza con el partido Liberal con Misión Posible, MP, Misión Posible fue el nombre del Grupo Significativo de Ciudadanos que inscribió en La Registraduría el excura para inscribir su aspiración a la gobernación, esa unión lo llevó a ese cargo, su principal contrincante y del ala de al exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, quien también tiene un proceso en La Corte Suprema de Justicia de Bogotá, perdió con su candidata Sandra Milena Góomez Fajardo).
 
La Fiscalía no vio ningún reparo en el acuerdo 020, tampoco el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, luego vinieron los problemas, el señor Diez, contratista de las obras, entregó unos anticipos al esposo de la exalcaldesa, Francisco Valencia Sazalar, más adelante y en el proceso de imputación de cargos y captura de la exalcaldesa se comentó que había un detrimento patrimonialm de los dineros de la valorización por 20.000 millones de pesos. Ha corrido mucha agua debajo el puente, aquí está todo el rollo de esa investigación, que ojalá concluya el próximo 29 de agosto con los preacuerdos que hizo la encartada Valencia Franco:  
 
Luz Piedad Valencia Franco llegó a un preacuerdo con Fiscalía (Foto en la posesión del gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado por Luz Piedad, igual la posesión de Carlos Mario Álvarez Morales como alcalde de Armenia, hoy recluido en la cárcel La 40 de Pereira, al lado de Luz Piedad está el dos veces representante a la Cámara, ingeniero agroindustrial Luciano Grisales Londoño). 
 
Luz Piedad Valencia está recluida en la cárcel Villa Cristina
 
La exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, FGN. Este documento contempla la devolución de mil millones de pesos a la ciudad como retribución por el daño causado. 
 
El próximo 29 de agosto la exmandataria, acusada por el desfalco de los dineros de la contribución de valorización, deberá pedir perdón públicamente. ( foto archivo donde varios miembros del partido Liberal participan del proceso de unión con Misión Posible, MP, unión que sirvió para hacer moñona con la gobernación y la alcaldía de Armenia).
 
En esa audiencia, se conocerá si Valencia Franco aceptará libremente la culpa de desviar más de $15 mil millones de los armenios —que eran para la construcción de vías—, a los bolsillos de particulares, funcionarios y propios.
 
La crónica conoció que la exalcaldesa ya reintegró 500 millones de pesos. Además, Valencia Franco aceptaría la condena que será en cárcel.
 
Seis delitos le imputó la Fiscalía 
 
La FGN, en abril de 2018, le imputó a la exalcaldesa de Armenia los delitos de intereses indebido en la celebración de contratos — cinco—, peculado por apropiación, falsedad ideológica agravada en documento público, concierto para delinquir y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales —cinco—. (Lea: Luz Piedad Valencia continuará en la cárcel; este viernes, decisión para Carlos Mario Álvarez)
 
En su momento, Valencia Franco no aceptó haber cometido los delitos 
 
De acuerdo con versiones de la fiscal seccional 20: “Todo inició en el año 2014 cuando la imputada presentó al concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización, el cual le fue aprobado en octubre. Las contribuciones estaban estimadas en cerca de $100 mil millones. Las obras que deberían financiarse con la valorización le fueron confiadas en abril y mayo de 2015 a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, a través de contratos interadministrativos”.
 
El 21 de julio del año 2015, para cuando aún no se había efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer contrato de obra por la suma de $30 mil millones para la construcción de cuatro obras. El 23 de diciembre, una semana antes de vencerse el período de la administración local, se celebró el segundo contrato por valor de $80 mil millones.
 
Los dineros de este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas, para concluir las tres obras del primer contrato. Los contratos de obra, los de interventoría y los de diseño fueron todos adjudicados a empresas vinculadas al contratista Fernando León Diez Cardona. 
 
La fiscal, en su momento, afirmó que “todos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, los cuales fueron realizados posteriormente por el mismo contratista que ejecutaría la obra; y el segundo contrato fue suscrito sin que existiera disponibilidad presupuestal, la que solo se obtuvo en vigencia de la nueva administración.
 
En el expediente se acredita, a través de prueba testimonial y documental, que desde el año 2014 Francisco Javier Valencia Salazar —esposo de Valencia Franco— y el contratista Diez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a sus empresas, a cambio de que se le entregara a la pareja de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras en interrogatorios surtidos luego de su captura, ante la fiscal de conocimiento”. 
 
Este acuerdo, sin que aún se hubiesen suscrito los contratos respectivos, fue avalado con la entrega de $300 millones iniciales, que dio el contratista Diez a Valencia Salazar. Posteriormente, este se habría reunido con los secretarios del despacho de la exalcaldesa de Armenia para definir el direccionamiento del proceso contractual a favor del contratista mencionado.
 
Los secretarios del despacho presuntamente aceptaron las condiciones para lograr dicho direccionamiento. En el expediente, además, obra evidencia testimonial y documental que daría cuenta de la entrega de las sumas de dinero del acuerdo ilícito, en efectivo, en las ciudades de Armenia y Medellín, a Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, que tendrían como destino final la familia Valencia Valencia. 
 
Declaraciones del fiscal 
 
La fiscalía señaló que es absolutamente criminal imponerle una carga tributaria a la ciudadanía que tenga por destino los bolsillos particulares, sin que se hubiesen suscrito los contratos respectivos para la construcción de 12 obras viales en la capital quindiana. “Mientras se tramitaban los acuerdos en el concejo municipal para ver si se aprobaba la imposición del impuesto de valorización a los armenios, Fernando Díez entregó a Francisco Valencia $300 millones para el direccionamiento de la selección a la hora de adjudicarlos”.
 
María Fernanda Ramírez Tejada
La crónica
 
Armenia / Julio 12 2019 / hace 2 días
Doce años de cárcel para Francisco Valencia, esposo de exalcaldesa Luz Piedad Valencia
 
La decisión de la juez fue apelada por el defensor del implicado. 
 
Doce años de cárcel para Francisco Valencia, esposo de exalcaldesa Luz Piedad Valencia
Valencia Salazar aceptó haber cometido los delitos que le imputó la Fiscalía.
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia sentenció a 144 meses de prisión —12 años— a Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de la capital quindiana, Luz Piedad Valencia Franco, al encontrarlo culpable por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. 
 
De acuerdo con el fallo, Valencia Salazar deberá retribuir la suma de 6 mil millones de pesos que serán fraccionados en dos años; quedando una multa mensual de 262 millones de pesos. 
 
“Fueron grotescos los actos de corrupción en la contratación engañando a los ciudadanos, quienes con esfuerzo pagaron la valorización en la capital del Quindío”, dijo la juez. 
 
Por las afectaciones causadas al municipio y a sus habitantes y por el tiempo que se le concedió, no tendrá la posibilidad del beneficio de casa por cárcel. 
 
Valencia Salazar no se presentó a la audiencia. En horas de la mañana, personal del Inpec dio a conocer que el investigado manifestó su intención de no participar en la lectura de sentencia. 
 
El tiempo que el esposo de la exalcaldesa lleva en la cárcel —desde el 8 de abril de 2018— se le tendrán en cuenta y sumarán a los 144 meses de prisión. 
 
El abogado defensor tendrá cinco días para sustentar la apelación por el tiempo que la juez determinó para el implicado en el escándalo de valorización.  
 
Lo que ha pasado con el caso
El 21 de mayo del presente año, se conoció que Valencia Salazar debía retribuir la suma de 7 mil millones de pesos por el caso de valorización. 
 
Asimismo, La crónica registró que el pasado 27 de febrero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia declaró la improbación de aceptación de cargos, hecho que dejó nulo el proceso desde el 25 de julio, cuando se dio el allanamiento a cargos de Valencia Salazar. 
 
Vea también: Juzgado aprobó prórroga de prisión para Francisco Javier Valencia
 
De acuerdo con las autoridades, esa decisión se dio porque la Fiscalía General de la Nación, FGN, no explicó cuánto debía ser el monto de retribución, que según el informe contable, deberá ser de 7 mil millones de pesos.
 
Como se inició nuevamente el proceso, durante la diligencia, Francisco Valencia aceptó nuevamente cargos y dejó claro que renunciaba al juicio oral. 
 
El 12 de abril de 2019, un juzgado aprobó prórroga de prisión. Con esta medida, el implicado en la investigación, debía esperar a que el proceso surtiera su trámite legal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, los cuales aceptó haber cometido. 
 
Entre otras audiencias destacadas, el 25 de julio de 2018, el abogado de Francisco Valencia solicitó que su condena fuera de 48 meses de prisión. “Como mi defendido se allanó a los cargos, ha evitado un desgaste a la justicia. Por las declaraciones entregadas a la Fiscalía se pudieron realizar otras capturas y así como se ha señalado el día de hoy, se logró la de Álvarez Morales”, dijo José Guillermo González, defensa de Valencia Salazar.
 
Agregó: “Con respecto a la colaboración, ha tenido la intención de reparar a las víctimas, pero es complejo en el entendido que efectivamente los bienes están en extinción de dominio”.
 
Alejandro Arias, abogado suplente, pidió que su sentencia final fuera de 48 meses.
 
En su momento el ministerio público no estuvo de acuerdo con esa medida. 
 
Además, el 8 de agosto de 2018 fue condenado, en primera instancia, a cinco años de prisión por un solo delito. 
 
¿Cómo inició el proceso? 
 
En abril de 2018, Valencia Salazar fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, FGN, por hechos de presunta corrupción derivados del proceso de licitación dentro de las obras de valorización en Armenia. 
 
Según el ente persecutor, él se apropió de $12.000 millones, lo que ocurrió entre abril de 2015 y octubre de 2016.  Tras su arresto, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario a los esposos y a cinco involucrados más en el escándalo de valorización. 
 
María Fernanda Ramírez Tejada
La crónica
Armenia / Abril 11 2019 / hace 3 meses
Luz Piedad Valencia continuará en la cárcel; este viernes, decisión para Carlos Mario Álvarez
Autor : María Fernanda Ramírez Tejada
 
La audiencia de Francisco Valencia, esposo de la exmandataria, se canceló.
 
Luz Piedad Valencia continuará en la cárcel; este viernes, decisión para Carlos Mario Álvarez
Luz Piedad Valencia Franco y Carlos Mario Álvarez Morales, exalcaldes de Armenia.
 
Un juez de Armenia aceptó la prórroga de medida de aseguramiento en contra de Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia, lo que significa que la exmandataria continuará en un centro penitenciario mientras se dé a conocer la decisión sobre su condena. (Recomendado: Así fue la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia y su esposo)
 
La determinación también incluye a Ricardo Arturo Ramírez, quien fungió como exdirector Jurídico de Armenia entre los año 2012 y 2015.
 
“Se aceptaron las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación de aprobar la prórroga de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario para Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Luz Piedad Valencia Franco, quienes fueron enviados a la cárcel por un juez el 24 de abril del año anterior”. 
 
Los trámites continúan, y en los próximos días se conocerá si habrá un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de la exmandataria.
 
Este viernes, a las 8:00 de la mañana, se realizará la audiencia en contra de Carlos Mario Álvarez Morales, para conocer si se le aprueba o no la prórroga de medida de aseguramiento carcelaria al exalcalde de Armenia. 
 
Los tres implicados en el proceso se encuentran en prisión por el sonado escándalo de valorización.
 
 
María Fernanda Ramírez Tejada 
La crónica
 
Armenia / Abril 7 de 2018 / hace 1 año
Así fue la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia y su esposo
El fiscal general de la nación entregó detalles sobre la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia Franco por detrimento patrimonial con el proceso de valorización de Armenia. 
 
Así fue la investigación que llevó a la captura de Luz Piedad Valencia y su esposo
La captura se produjo en horas de la mañana. / Especial para La crónica
 
Tras la captura de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Javier Valencia Salazar y cinco exfuncionarios de la administración municipal, por detrimento patrimonial en el proceso de valorización; el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, entregó detalles de la investigación que adelanta el ente de control en la cual se identificaron “hechos oprobiosos que desdicen la conducta de los servidores públicos”.
 
“En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que desde el año 2014, Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista de las obras de valorización, Fernando Díez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de este último, a cambio de que se le entregara al esposo de la entonces mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños. Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras en dos interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la fiscal de conocimiento en Medellín”, precisó Martínez.
 
Señaló que lo que es absolutamente criminal es imponerle una carga tributaria a la ciudadanía que tenga por destino bolsillos particulares, pues sin que se hubiesen suscrito los contratos respectivos para la construcción de 12 obras viales en la capital quindiana, mientras se tramitaban los acuerdos en el concejo municipal para ver si se aprobaba la imposición del impuesto de valorización a los armenios, Fernando Díez entregó a Francisco Valencia $300 millones para el direccionamiento de la selección a la hora de adjudicarlos.
 
Valencia Salazar se habría reunido con los secretarios de despacho de la exalcaldesa para asegurar dicha maniobra contractual a favor del contratista y los funcionarios habrían convenido la violación del principio de selección objetiva que obliga a todos los servidores públicos.
 
Los pagos del acuerdo ilícito se habrían realizado en efectivo en Armenia y Medellín a Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, y estos dineros llegarían finalmente a la familia de la exalcaldesa.
 
“Por lo general en estos casos de contratación pública se celebra el contrato espurio con los anticipos como ocurrió en este caso, que contribuyen a generar una liquidez que va a privados, pero es bastante insólito que antes de si quiera haberse celebrado los mismo se hayan hecho pagos. Lo que nos faltaba ahora, arras en los procesos de corrupción pública”, manifestó el fiscal Martínez.
 
Recomendado: ¿Cuál será el futuro de las obras por valorización en Armenia?
 
La evidencia apunta a que los pagos habrían ascendido a los $14.000 millones, suma que forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a $22.000 millones, de los 90.000 millones de la contribución por valorización, es decir, el 25% de lo que ha logrado acreditar la Fiscalía hasta el momento que se ha perdido para los contribuyentes de la ciudad.
 
Lo que sigue en la investigación 
La investigación de la Fiscalía avanza en la determinación de si los dineros comprometidos se habrían destinado parcial o totalmente al financiamiento de campañas políticas locales, aspecto sobre lo cual obran indicios relevantes en la investigación.
 
Un contrato de megacolegios en la isla de San Andrés, que habría sido adjudicado a los contratistas Díez y Moreno de las obras de Armenia, por valor de $52.000 millones también entró a formar parte de la investigación.
 
La interventoría de dicho contrato fue asignada a la misma firma de quien fungió como interventor en las obras de valorización de la capital quindiana.
 
Adicionalmente se verificó la existencia de un convenio interadministrativo por $10.000 millones entre la Edua y la gobernación de San Andrés, en el marco de esta nueva administración municipal para ejecutar unas obras que le habrían sido adjudicadas en la isla al señor Hernán Moreno, parte de la unión temporal de las obras de Armenia por valorización, cuya indagación ha iniciado también por compulsa decretada por la fiscal del caso.
 
“En relación con unos pagos y cuentas entre miembros de este concierto para delinquir, donde, al parecer, por las pruebas que hemos empezado a recaudar, se estarían haciendo recobros entre las partes, existe un principio de prueba sobre la muerte de una persona en Pereira y estamos indagando si hay una relación de conexidad entre ese homicidio y las circunstancias que hoy hacemos de conocimiento público para Armenia y el Quindío”, señaló Martínez.
 
Agregó: “Han circulado panfletos en estas tierras tan cercanas a nuestros afectos que han llegado a la propia capital de la República, para deslegitimar esta investigación de la cual obra copiosa evidencia que nuestra función de abogados de la sociedad donde llevamos las pruebas ante un juez con el único propósito de honrar y servir a la justicia. Esos panfletos dan cuenta de que existiese un propósito politiquero en estas indagaciones, los jueces de la República darán el veredicto ante la evidencia que someteremos a su conocimiento”.
 
 
Los capturados y los cargos que les imputan
La investigación por el proceso de valorización en Armenia deja hasta el momento 12 capturas. En la primera fase fueron detenidos los contratistas Fernando Díez Cardona, Luz Maribel Ramírez Patiño, Hernán Moreno Pérez y Ángel José Angarita Pareja, quienes actualmente se encuentran en audiencias de imputación de cargos y se espera que durante los próximos días se determine si se aprueba la solicitud de la Fiscalía de instaurarles medida de aseguramiento.
 
En la segunda fase, como resultado de testimonios aportados por los contratistas capturados, este sábado fueron detenidos otros siente implicados:
 
Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia en el periodo 2012 – 2015, a quien se le acusa  por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de cinco contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
 
Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia, es acusado por peculado y concierto para delinquir.
 
Ricardo Arturo Ramírez Londoño, director del Departamento Administrativo Jurídico de la alcaldía de Armenia, acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de tres contratos sin cumplimiento de requisitos; falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
 
Juan Sebastián Londoño Forero, subdirector del Departamento Administrativo Jurídico de la alcaldía de Armenia durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco, acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de dos contratos sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
 
Sebastián Congote Posada, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, durante la administración de Luz Piedad Valencia Franco, es acusado por los delitos de concurso homogéneo y sucesivo de 3 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
 
Aura María Zapata Saldarriaga, funcionaria de la Edua para el momento de los hechos, es acusada por los delitos de peculado y concierto para delinquir.
 
 
Podrían haber más implicados
El fiscal general de la nación dijo que la operación apenas va en su segunda fase y por eso no excluyen la posibilidad de que haya nuevas imputaciones por parte del ente de control. “Partícipes de estos actos que ahora colaboran con la Fiscalía y a quienes hemos ofrecido beneficios si nos entregan pruebas evidentes de nuevos comportamientos delictivos, han mencionado que alguna parte de estos recursos se habrían destinado al financiamiento de campañas electorales locales”. 
 
Frente a la implicación de la actual administración en estos hechos punibles, el fiscal dijo: “No descarto que las indagaciones puedan llegar hasta allí, hemos concentrado en esta fase las investigaciones sobre lo que ocurrió en la adjudicación de estos contratos. Los resultados los tienen a la vista los ciudadanos, cuáles obras se ejecutaron y cuáles no, ya vieron que se redujo el inventario de contratos por la imposibilidad de desarrollarlos, lo cierto es que por ejemplo el certificado de disponibilidad para llevar a cabo la actuación relativa a los contratos por $80.000 millones fue otorgado a posterioridad de la celebración del contrato en la actual administración”. 
 
 
Redacción
La crónica
 
Armenia / Abril 7 de 2018
Fiscalía capturó a exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y a su esposo
 
La captura está relacionada con la investigación que adelanta la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial en las obras de valorización. 
 
Fiscalía capturó a exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y a su esposo 
Luz Piedad Valencia Franco, exalcaldesa de Armenia / Archivo La crónica
 
El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó en la madrugada de este sábado a la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco y a su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, además de cinco exfuncionarios de su administración.
 
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Los exfuncionarios capturados son Sebastián Congote Posada, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, Julio César Escobar Posada, exsecretario de infraestructura; Ricardo Arturo Ramírez Londoño, exdirector jurídico de la alcaldía de Armenia; Juan Sebastián Londoño Forero, ex subdirector jurídico de la alcaldía; y Aura María Zapata Saldarriaga, exfuncionaria de la Edua y persona cercana a Francisco Valencia
 
La captura está relacionada con la investigación que adelanta la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial en las obras de valorización. (En contexto: Luz Piedad Valencia, llamada a interrogatorio por presunto detrimento patrimonial)
 
De acuerdo con el ente investigador, luego de la aprobación de las obras por valorización en octubre de 2014, estas fueron confiadas en abril y mayo de 2015 a la Edua. El primer contrato se celebró por 30.000 millones de pesos el 21 de julio de ese año, cuando todavía no se había efectuado el recaudo, y su objeto era la realización de cuatro obras viales.
 
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​El 23 de diciembre de 2015, una semana antes de finalizar el periodo de la exalcaldesa Valencia Franco, se suscribió un segundo contrato por 80.000 millones de pesos, el cual sirvió para concluir las tres obras del primer contrato, aunque su objeto era la construcción de seis obras más, de las cuales la administración actual debió suprimir tres.
 
A raíz de las irregularidades, la Fiscalía inició la investigación y encontró una presunta injerencia del esposo de la exalcaldesa en la adjudicación de los contratos, de los cuales aparentemente ganaría un porcentaje.
 
“En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que desde el año 2014 Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista Fernando Diez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de Diez Cardona, a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños”, explicó el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.
 
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“De acuerdo con la evidencia recaudada, los pagos criminales habrían ascendido a la suma de 14.000 millones de pesos. Esa suma forma parte del detrimento hasta ahora acreditado en la investigación que ascendería a la suma de 22.000 millones”, añadió el funcionario.
 
La fiscalía también investiga si los dineros fueron destinados a la financiación de campañas políticas y la participación de los contratistas en obras a realizarse en la isla de San Andrés.