31 Mayo - 2020

Acuerdo contra megaminería en Salento se elevará a la Corte Interamericana

Iniciamos una fuerte cruzada para salvar nuestro territorio quindiano, a Dios gracias se bajó el gran impacto que traía de turistas, sobrecargas en Circasia, Montenegro, Quimbaya, Filandia y Salento. El gobernador, alcaldes, concejales, diputados, CRQ, comuneros, líderes sociales, a,bientalistas, mujeres y jóvenes tenemos que dar la pelea para evitar que nos conviertan este paraíso en una cloaca o selva de cemento.

 
A Corte Interamericana acuerdo contra la megaminería
 
 
Autora: Lili Dayana Restrepo
 
La iniciativa tiene como fin prohibir el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala en Salento.
 
Alcaldesa de la municipalidad y exconcejal que lideró la iniciativa, aseguraron que trabajarán por blindar la localidad de la actividad minera. 
 
Tras el fallo del Consejo de Estado, en el que niega la solicitud de amparo presentada por la exconcejal de Salento Orfa Liliana Correa Rojas y el corporado Jaime Hernán Arias García contra el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, respecto a la realización de actividad minera en el ‘Municipio Padre’, Correa Rojas aseguró que elevará la petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 “Ya habíamos decretado que seguíamos, vamos a llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se nos está vulnerando el derecho a la autonomía, teníamos una consulta popular, la cual no se pudo dar porque la negaron a nivel nacional, ahora el acuerdo municipal, concertado con la comunidad, fue negado por el Consejo de Estado, pero discrepo”, argumentó la mujer.
 
Explicó que el Consejo de Estado tomó la iniciativa desde el significado del subsuelo, mientras que ellos la plantearon desde el tema de protección ambiental y ecológica del municipio. “Por esto creo que acá se está vulnerando el derecho a la conservación patrimonial”. 
 
Mencionó que acata las normas, pero seguirá luchando por el territorio, “es una decisión del pueblo y debe quedar concertada. Pero mientras se hacen esas solicitudes se pueden dar concesiones. El ministerio de Minas ha vulnerado el derecho”. 
 
Desprotección del municipio
 
Correa Rojas recordó que en el falló en segunda instancia fue negada la tutela que se había solicitado contra el Tribunal Administrativo, que anuló el acuerdo municipal de febrero de 2019, que busca proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento. 
 
“Salento quedó desprotegido, así las autoridades digan lo contrario, el 35 % de las solicitudes mineras siguen vigentes, la última fue en julio del año pasado, no sé si han otorgado más. Tenemos determinantes ambientales que protegen el territorio, pero se siguen dando solicitudes de concesión minera, por lo que no sé hasta qué punto esas determinantes protegen o no al municipio”, destacó. 
 
Señaló que está muy preocupada por lo que se viene porque “tenemos una recesión económica a nivel mundial y a nivel nacional habrá más afectación y uno de los criterios de este plan de gobierno es el tema minero, entonces  quedó abierta toda la economía en cuanto a la megaminería, porque será el abastecimiento de la nación. Esto es economía vs. legislación”. 
 
Resaltó que lo que se quiere es blindar al municipio que surte de agua al 60 % del departamento, un ecosistema muy importante de referencia como el valle de Cocora.  “Tenemos un grupo de abogados y la comunidad de Salento, no estamos de acuerdo con la megaminería”. 
 
Contexto del Fallo
 
En febrero de 2019, el concejo de Salento aprobó el acuerdo 001 por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio y se dictan otras disposiciones. Este llegó hasta el departamento, donde el gobernador de la época, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, indicó que no tenía potestad para dar vía libre a la propuesta.
 
El proyecto llegó entonces al Tribunal Administrativo del Quindío, que falló en contra, señalando que un municipio no tiene facultades para tomar decisiones sobre el subsuelo. “El criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre estos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades”, sentenció el fallo.   
 
Finalmente, el Consejo de Estado confirmó la decisión del TAQ negando la solicitud de amparo que pretendía poner en vigencia el acuerdo por medio del cual el municipio de Salento prohibió “el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala”. 
 
Para la alta corte, la sentencia en la que el Tribunal Administrativo del Quindío dejó sin vigencia el acuerdo no es violatoria de derechos fundamentales.